LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO EJERCICIO DE RESISTENCIA CONSTITUCIONAL.

La razón de ser de esta Asociación no reside en otro objetivo que el de devolver el desempeño de la función pública y de la actividad institucional, en general, al marco propio del Estado social y democrático de Derecho que establece la Constitución Española de 1978, reaccionando frente a un conjunto de comportamientos que menoscaban de manera constante los fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho constitucionalmente establecido.

Si como dice el italiano Ermanno Vitale, “la única resistencia que puede justificarse en el ámbito del Estado democrático constitucional debe tener como objetivo el restablecimiento y el reforzamiento de la legalidad constitucional”,  dicha resistencia no debe contemplarse como una opción posible para los servidores públicos, sino como una obligación de éstos para con los ciudadanos y la salud democrática de nuestras instituciones.

La inamovilidad que la ley atribuye a los funcionarios de carrera solo se justifica en ofrecer a los mismos la garantía necesaria para el debido cumplimiento de su deber de imparcialidad y de su inequívoco compromiso con la legalidad. Pero es posible que todo esto lo hayamos olvidado o, al menos, lo hayamos colocado en un segundo plano, por detrás de otras consideraciones que tienen más que ver con nuestra comodidad o intereses de mejora profesional. Quienes no lo olvidan son aquellos que, con manifiesta infracción de la legalidad constitucional, procuran sumir la función pública en una creciente precariedad e incertidumbre laboral, para así debilitar su capacidad de resistencia frente a la arbitrariedad política.

Como servidores públicos debemos oponernos y resistir frente a la manifiesta o encubierta deriva de nuestras instituciones públicas hacia pautas de comportamiento que poco o nada tienen que ver con los valores constitucionales –como el imperio de la ley y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos que sirven para definir un Estado de Derecho-, y es que la legalidad en nuestra Administración es, claramente, un valor en declive –reducida a pura regla de juego susceptible de ser modificada a conveniencia de la voluntad política de cada momento, y  ahí tenemos como ejemplo reciente el uso claramente irregular del Decreto-ley para eludir el cumplimiento efectivo de unas sentencias judiciales-, un valor que, de manera reiterada, se ve sacrificado o supeditado a otros intereses de carácter privado, oportunamente camuflados tras el interés general o directamente amparados por la voluntad arbitraria de quienes ocupan cargos públicos.

Los servidores públicos somos ciudadanos con una especial posición y responsabilidad dentro de las instituciones públicas, a las que servimos profesionalmente para asegurar el cumplimiento de sus funciones, funciones que en todo caso, sin excepción, quedan vinculadas al interés general. La imparcialidad que debe presidir nuestra actuación nos convierte en obligados resistentes frente a la arbitrariedad, sin que tal papel lo podamos cambiar, de forma interesada, por el de colaboradores activos o pasivos con el abuso de poder que vacía nuestra vida pública de la carga ética que contienen los principios y valores constitucionales.

Los enemigos de nuestra democracia –como afirma el italiano Vitale- no son tanto quienes de forma abierta quieren romper las reglas constitucionales de nuestra vida pública, sino más bien aquellos que ejercen funciones públicas con la fraudulenta intención de desactivar o de forzar las reglas de la democracia constitucional. Frente a estos últimos, ya sean Ministros, Consejeros, Alcaldes, Directores Generales o Jefes de Servicio, debemos actuar los servidores públicos en un permanente ejercicio de resistencia constitucional, impidiendo que las decisiones políticas y administrativas ignoren o vulneren la legalidad, como por ejemplo ha venido sucediendo durante años en materia de acceso a la función pública. No resulta posible convivir con la ilegalidad si queremos merecer el nombre de servidores públicos.