DOBLE FRACASO DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RESTO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

El incumplimiento de los objetivos de déficit público de la Comunidad Autónoma de Aragón, con todas las consecuencias que ello lleva aparejado, y vista la prioridad que el Gobierno de Aragón había concedido a tal medida dentro de su política presupuestaria, supone un sonoro fracaso del Ejecutivo aragonés, de su Presidenta y, sobre todo, de su Consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, responsable político directo del control presupuestario de la Administración autonómica, tarea en la que no ha sido capaz de garantizar las actuaciones necesarias para lograr el objetivo marcado.

Pero si el incumplimiento en que se ha incurrido en un punto de tanta trascendencia, dentro del contexto actual de necesaria estabilidad presupuestaria, reviste una importancia máxima, no es menor el daño que estos años de gestión política del Gobierno de Aragón, y, en particular, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, ha causado en la función pública, si la consideramos como la estructura profesional encargada de ejecutar las directrices políticas del Gobierno. Nos atrevemos incluso a afirmar que la pésima gestión de la función pública constituye un factor decisivo en el fracaso de la política de contención del gasto público, pues dicho objetivo requería no solo recortes o trabas a la gestión pública –como los que continuamente se han practicado desde el equipo económico-, sino sobre todo competencia, motivación y cohesión entre todos los gestores públicos para asumir como propios los objetivos de eficiencia y reducción del gasto establecidos.

No ha sido el estilo de este Gobierno ni de este Consejero confiar en una función pública profesional comprometida con el interés general, y por ello se ha buscado colocar en puestos de responsabilidad administrativa a personas afines –al margen de su competencia profesional y su experiencia-, personas que, en muchas casos, han actuado con total irresponsabilidad, sin el menor compromiso no ya con objetivos de contención del gasto sino con la simple gestión pública de los órganos que les tocaba dirigir, y, consiguientemente, sin el menor liderazgo ni capacidad de dirección. El área de sanidad y servicios sociales sería un claro ejemplo de ello, y el perfil de las personas incorporadas con contratos de alta dirección da la señal exacta del despropósito que se ha consentido en momentos en que se debieran haber aplicado criterios máximos de rigor y profesionalidad. Cuando hacía falta un esfuerzo extraordinario de la Administración para contribuir a superar las dificultades, la desmovilización de los funcionarios públicos ha alcanzado cotas desconocidas por la falta de dirección y por los criterios sectarios y arbitrarios que han dominado en gran parte de las decisiones de provisión de puestos.

No nos puede sorprender, por lo tanto, lo sucedido, y no es posible achacarlo a los criterios del Ministerio, como parece pretenderse, cuando esos criterios están claramente establecidos y aceptados por todos. Es posible que el balance de esta legislatura, con su indudable fracaso de gestión, no admita ya enmienda posible. Los factores de degradación que nos han conducido a la situación actual son perfectamente identificables, pero se ha preferido ignorarlos o minimizarlos. No existe voluntad alguna de corregirlos, y no es previsible que Consejeros ni Secretarios Generales Técnicos de los diferentes Departamentos, a estas alturas, sean capaces de superar su profundo desencuentro con el grueso de la función pública autonómica, a la que no han sabido respetar ni cohesionar, dirigir ni motivar, sino todo lo contrario. El daño a las cuentas públicas no es más que la plasmación económica del enorme daño que durante estos años ha sufrido la Administración autonómica, puesta bajo sospecha por la falta de altura, solvencia y compromiso de quienes debían dirigirla.