El
Consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón ha anunciado la próxima
toma de conocimiento del Anteproyecto de Ley de Transparencia por parte del Ejecutivo autonómico, tras la cual se
abrirá un periodo de información pública para que todas las personas y
entidades interesadas puedan realizar observaciones o aportaciones al texto
elaborado. Dicho proyecto normativo, que se impulsa
una vez aprobada por las Cortes Generales la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, debiera desterrar la
opacidad de la gestión pública y del destino del dinero público. La transparencia
significa rendición de cuentas y posibilidad de control ciudadano sobre la labor
de las instituciones públicas, así como sobre todas aquellas entidades privadas
que se sostienen con fondos públicos, lo que ha de contribuir a una nueva
cultura de gestión, más responsable y más ajustada al ordenamiento jurídico.
No
hay que olvidar que irregularidades manifiestas de etapas anteriores de
Gobierno –como la cláusula de revisión salarial pactada entre Administración y
sindicatos en 2004, con vulneración frontal de los límites de incremento
retributivo fijados por la Ley
de Presupuestos Generales del Estado- venían acompañadas de una deliberada
falta de publicidad, para evitar que tales acuerdos tuvieran trascendencia
pública y pudieran ser impugnados por la Administración
General del Estado. El ánimo deliberado de ocultación venía
así a subrayar la plena conciencia de la ilegalidad del acuerdo alcanzado por
Administración y sindicatos, consumando con ello un daño directo a la Hacienda Pública
y consecuentemente a todos los ciudadanos. Esa cultura de opacidad, al servicio
del desprecio a la legalidad, es la que la transparencia pretendida debe
erradicar de forma radical.
La
anunciada Ley de Transparencia debe ser objeto de un especial escrutinio o
examen ciudadano, pues este Gobierno ha incurrido, al menos en lo que concierne
a la función pública, en comportamientos que no acreditan una clara
voluntad de transparencia. El ejemplo de los nombramientos y ceses del personal
eventual –con una incomprensible resistencia a la publicación directa de las
resoluciones de los miembros de Gobierno, pese a la sentencia judicial que establece tal
obligatoriedad- o el boletín estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma
de Aragón, confeccionado por la Dirección
General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios, cuyo diseño parece
ajustarse más a una mera apariencia de transparencia que a una efectiva rendición
de cuentas sobre el estado del empleo público, son dos ejemplos, entre otros
muchos, de la escasa voluntad del actual Gobierno de Aragón de someter su
actuación a criterios reales de transparencia establecidos por la Ley o exigibles por
elementales principios de calidad democrática. Podemos coincidir en la utilidad
de una Ley que potencie la transparencia de la gestión pública, pero la
ausencia de dicha Ley no sirve de excusa para supuestos de desinformación como
los apuntados.
Debemos
reconocer que la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas no
está suficientemente interiorizada en el conjunto de la función pública, y que
las inercias existentes van justamente en la dirección contraria. La plasmación
más evidente de ello es la resistencia a facilitar datos de gestión que
permitan una evaluación real de la actuación o rendimiento de los diferentes
servicios públicos. La falta de
transparencia sobre el estado de listas
de espera en la sanidad, evolución de las prestaciones reconocidas en el
Sistema de la Dependencia
o tantos otros indicadores de la eficacia y eficiencia de las distintas políticas
públicas desarrolladas por la Comunidad
Autónoma hace que los ciudadanos no puedan evaluar
directamente la acción de gobierno y ésta quede reducida a una constante
manipulación de los datos o a guerras de números entre Gobierno y grupos de la
oposición en los debates parlamentarios, lo cual solo puede producir perplejidad e indignación sobre el modo de gestionar los asuntos públicos. Es un signo de falta de calidad democrática que la futura Ley de
Transparencia debería corregir, pues no solo interesa conocer la información
sobre contratos, subvenciones o retribuciones, sino sobre todo los resultados
de la gestión pública, de modo que resulte posible evaluar la acción de gobierno,
concediendo a los ciudadanos la facultad de juzgar la capacidad de quienes
ejercen las responsabilidades públicas.
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También en Andalucía:
El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha señalado que la ley de Transparencia andaluza es el “intento más serio que se ha producido en España de acercar la administración a los ciudadanos” y de poner en marcha “una nueva relación en la cultura política de este país”. Ante el pleno del Parlamento, el consejero ha asegurado que,”de nuevo, Andalucía se coloca a la vanguardia en el intento serio, formal, profundo” de luchar, “no con palabras, sino con hechos” contra la desafección política.
En este sentido, ha afirmado que la ley andaluza de Transparencia es “avanzada, y pionera” y “hace una raya al permitir darle la vuelta a lo que hasta ahora ha sido lo habitual, que la Administración sea la depositaria de la información, para convertir la información pública en un derecho de los ciudadanos”.
Por este motivo, Jiménez Barrios ha subrayado la trascendencia de este “cambio de cultura” al que tendrá que adaptarse la Administración, que “tendrá un año de plazo para adecuar todas las estructuras administrativas a este nuevo funcionamiento”, y también los propios ciudadanos, “que tendrán que acostumbrarse a que pueden manejar herramientas y acercarse a la información pública”.
Respecto a la legislación nacional, el consejero ha valorado la aprobación del proyecto de ley orgánica de Control de la Actividad Económica-Financiera de los Partidos Políticos que mejora la ley de Transparencia nacional, aunque “le parece insuficiente”. En este sentido, se ha preguntado por qué se ha aprobado “tres o cuatro semanas más tarde que la ley de Transparencia y no se ha incluido en ella y, por tanto, nos hubiésemos ahorrado también el segundo trámite”.
En cualquier caso, el compromiso del Gobierno andaluz es que, “como la legislación nacional nos parece insuficiente, queremos dar una vuelta de tuerca más”. En este punto, ha señalado que a la Junta le “parece necesario ampliarlo un poquito más” y “hablar de la necesidad de hacer permeable la información de los partidos políticos y de que los ciudadanos tengan la posibilidad de solicitar la información sobre a dónde van los recursos públicos que han ido destinados a los partidos políticos, como a otras organizaciones sociales y sindicales”.
En este sentido, ha recordado que la norma andaluza contempla que los partidos políticos “que aspiren a financiar sus gastos de funcionamiento con fondos de la Comunidad Autónoma habrán de cumplir con normas de transparencia que sean efectivamente trasladables y comprobables por los propios ciudadanos”.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía que será remitido al Parlamento para su debate y aprobación. La norma tiene como objetivo facilitar el acceso de los ciudadanos al conocimiento de la actuación de las administraciones, así como de las entidades privadas que gestionan fondos públicos o se financian con los mismos. Las demandas de información por parte de la ciudadanía hacia la Administración tendrán que ser respondidas por ésta en un plazo no superior a 20 días hábiles.
El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha destacado que esta norma abre la "Administración de par en par" y "establece un nuevo modelo de relación con la ciudadanía, que, en definitiva, tendrá más poder de control de todo lo público". En este sentido, ha destacado que la norma "está a la altura de lo que demandan los ciudadanos".
También en Canarias:
El Gobierno entrego hoy a los grupos parlamentarios el borrador de texto articulado de la Ley de Transparencia, en busca del consenso político. El texto ha nacido de las aportaciones ciudadanas.
Muchas gracias por participar.
En esta página puedes ver el borrador de Ley canaria de Transparencia
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=156166
Y en Murcia:
La futura ley de Transparencia contemplará la creación de un portal en internet para canalizar la publicación de toda información sobre el nuevo ordenamiento, en la que también los ciudadanos podrán aportar ideas. Así lo hizo saber ayer el consejero de Presidencia, Manuel Campos, quien compareció en la Comisión de Asuntos Generales, Institucionales y de la Unión Europea, encargada de elaborar la proposición de ley.
Campos indicó que la difusión sobre los procesos de tomas de decisiones «redunda, no solo en una mayor confianza de los ciudadanos, sino también de las empresas nacionales y extranjeras, de terceros países, de las instituciones internacionales y amplía las posibilidades de inversión, crecimiento y estabilidad».
Durante su reunión con los distintos grupos parlamentarios, el consejero incidió sobre la necesidad de aprobar la ley de Transparencia y aconsejó a los diputados que para redactar el texto de la normativa se fijen en lo que ya se ha hecho en otras comunidades como Baleares, Galicia, Navarra, Extremadura y Andalucía.
La Asamblea dispone de dos años para elaborar dicha ley, que se sustentará sobre tres ejes fundamentales: el acceso a la información pública, las normas de buen gobierno y la transparencia. «El nuevo ordenamiento reconoce y garantiza el acceso a la información y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento y las obligaciones de publicidad activa para todas las administraciones y entidades públicas», aseguró. El consejero habló con los grupos políticos sobre los plazos de cumplimiento de la ley, así como las sanciones que se tendrán que aplicar en caso de que no se cumpla lo estipulado.
El Príncipe de Asturias ha hecho suyos este lunes 17 de febrero de 2014, los objetivos de la Ley de Transparencia y ha invocado esta norma para defender una acción política basada en el buen gobierno y el acceso de los ciudadanos a la información sobre cómo se manejan los fondos públicos y se adoptan las decisiones que les afectan.
Don Felipe se ha expresado así durante unas jornadas sobre "Contabilidad, transparencia y responsabilidades públicas" organizadas por la Intervención General de la Administración del Estado en la Casa de la Moneda, donde ha destacado la "gran relevancia" de estas cuestiones, "especialmente -ha recalcado- en los tiempos que vivimos".
"REFLEJA EL SENTIR DE LOS CIUDADANOS"
En este contexto, ha afirmado que el preámbulo de la nueva Ley refleja "muy acertadamente" el sentir de "todos los ciudadanos" españoles cuando sostiene que "la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política".
"Sólo cuando la acción de los responsables políticos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterio actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder"
a las demandas de la sociedad, continúa el texto que ha hecho suyo.
En el marco de estas jornadas y del 140 aniversario de la Intervención General del Estado, el Heredero de la Corona -acompañado por la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás-, ha entregado diplomas de honor a una quincena de miembros de este órgano de control que han ejercido responsabilidades como ministros o secretarios de Estado.
DA LA ENHORABUENA
En sus palabras, don Felipe ha dado la enhorabuena a todos ellos y a sus colaboradores en este órgano de control interno del sector público estatal, a quienes ha agradecido su "labor ejemplar" y ha animado a "continuar velando por la adecuada gestión de los recursos públicos".
A continuación, el Príncipe ha asistido a una conferencia pronunciada por el expresidente del Tribunal Constitucional Álvaro Rodríguez Bereijo, quien contribuyó en su día a la formación académica de don Felipe como catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
En su intervención, Rodríguez Bereijo ha alertado de que la pervivencia del Estado social y democrático peligra cuando hay un elevado endeudamiento público derivado de gestiones irresponsables y ha advertido asimismo de que las malversaciones de fondos públicos y las prácticas de fraude fiscal traen siempre como consecuencia aumentos de la deuda y nuevos o mayores impuestos.
Con motivo del inicio de la III Edición de la Escuela de Liderazgo dedicada a la transparencia y responsabilidad pública, el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia, con el apoyo de la Fundación Cajamurcia, la Asamblea Regional y la Embajada de EE.UU en España, celebra una Conferencia Inaugural titulada
“Ayudando a promover la integridad en el gobierno: La experiencia de la Oficina de Ética en el Gobierno de EE.UU”
que contará con la presencia de Jane S. Ley, ex directora adjunta de la Oficina de Ética hasta septiembre de 2013.
miss Jane S. LeyA lo largo de más de 36 años, Jane Ley ha diseñado y gestionado diversos programas de ética en el gobierno tanto a nivel estatal como federal. En 1979 se unió al departamento legal de la recién creada Oficina de Ética en el Gobierno (OGE) de EE.UU. Durante los últimos 20 años ha sido su directora adjunta. Además de ayudar a diseñar y gestionar programas federales de ética, se ocupó también del programa internacional de la Agencia. Esto le llevó a ser la representante de EE.UU. en muchos foros internacionales tales como GRECO, UNCAC, MESICIC y OCDE. Recientemente se ha retirado de la OGE y trabaja como consultora. En la actualidad asesora al Departamento de Estado del gobierno norteamericano en programas internacionales de lucha contra la corrupción y fomento de la integridad.
En el año 2006 los Inspectores del Banco de España se dirigieron al entonces ministro de Economía y Hacienda, Solbes (por no ser escuchados por el Gobernador Caruana), en los siguientes términos: “El nivel de riesgos acumulados en el sistema financiero español como consecuencia de la anómala evolución del mercado inmobiliario, es superior a lo que se desprende de los informes (…) el crecimiento del crédito bancario se hace insostenible (…) no hay medidas que controlen el proceso (…) y denunciamos que se está acudiendo a financiación ‘no tradicional’ como la ‘emisión de preferentes, deuda subordinada, titulación de activos y captura de créditos en la eurozona’, lo que puede causar riesgos desconocidos a terceros afectados”.
Si este escrito, registrado de entrada en el Ministerio de Hacienda a las 13:03:50 horas del día 26 de mayo, con el nº 20205/RG40736, se hubiera colgado en las web oficiales y publicitado en los medios de información, la catástrofe financiera hubiera sido de menor calado y no habríamos tenido que sufrir tantos acontecimientos desagradables, la destrucción de riqueza y oír los insultos a los banqueros imputados, porque es una barbaridad desearles que ‘vivan en su infierno’ y amenazarlos. Impresentable. Pero tampoco es de recibo que nos quieran mantener a los ciudadanos en el limbo.
Es la hora de la transparencia. Es la hora de revisar los sistemas de gestión, de refundar una Administración Pública en la que esté incorporado el ciudadano, mediante canales de comunicación a través de los cuales se conozcan sus necesidades y se dé prioridad a las mismas. Solo saldremos de la ambigüedad en las formas de gestionar lo común, cuando vivamos en una sociedad transparente que se relacione sin filtros y sin tanta opacidad.
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