PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: AMPLIA INVITACIÓN A LA PARTICIPACIÓN.

Con una apertura desconocida en el proceso de elaboración de las normas, los responsables de Función Pública han remitido un correo a todos los empleados públicos, a través del correo corporativo, en el que se anima a participar en el proceso de debate y mejora del texto del Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón, poniendo dicho proyecto normativo a disposición de todos. A continuación, alguna organización sindical se ha ofrecido ya para canalizar dichas sugerencias o aportaciones.

Es cierto que un proyecto normativo se puede conocer, en gran medida, a partir de la lectura de su contenido, pero su verdadera comprensión solo es posible a partir del conocimiento de las grandes opciones u orientaciones que determinan el texto, pues toda regulación suele establecerse en función de unos objetivos a alcanzar como resultado de decisiones estratégicas entre diferentes opciones o modelos contemplados.

Tales opciones fundamentales no están necesariamente desveladas en la retórica de la exposición de motivos, que en este caso creemos comienza de un modo desacertado al seleccionar los principios de eficacia y eficiencia como centrales de la función pública, con olvido de los de objetividad, legalidad y de servicio al interés general.

En cualquier caso, es evidente que estamos ante uno de los debates centrales de la legislatura y consideramos acertado que desde Función Pública se favorezca la máxima participación, pues la definición del modelo de función pública –dentro del marco constitucional y de la legislación básica estatal constituida por el Estatuto Básico del Empleado Público- debiera valorarse como una oportunidad para corregir los numerosos defectos y vicios que ha ido acumulando la política de personal en la Comunidad Autónoma de Aragón como en la mayor parte de las Administraciones Públicas, fenómeno al que no es ajeno el modelo de relaciones laborales establecido –con su régimen de negociación colectiva- y las escasísimas garantías del sistema de provisión de puestos para evitar la creciente politización de la función pública y su consiguiente desprofesionalización.

Son muchos los aspectos que se pueden contemplar y, probablemente, mejorar, pero los principales objetivos que, a lo largo de este proceso, se marcará esta Asociación estarán ligados a una revisión en profundidad de aquellos aspectos del actual régimen de función pública que son la causa principal de las graves ineficiencias administrativas y de las numerosas prácticas viciadas que acaban convirtiendo a la función pública en un mundo marcado por la mediocridad y el conformismo, y donde la profesionalidad y el mérito se sacrifican de manera continua a intereses políticos, sindicales o estrictamente personales.

Nos gustaría creer que la nueva Ley pudiese marcar un antes y un después en la función pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero ello no será resultado sólo de su aprobación, si no va acompañada de una verdadera voluntad de recuperación de los principios constitucionales que determinan cuál es el modelo de Administración Pública y de Función Pública de nuestra democracia, para contribuir a la realización de los valores superiores del ordenamiento jurídico, y no para su constante conculcación.