HAY QUIENES ANUNCIAN LEYES, MIENTRAS INCUMPLEN LAS VIGENTES.

La sociedad es demasiado permisiva con los incumplimientos de la ley en que incurren los Gobiernos, acaso porque la cultura de la ilegalidad ha impregnado ya no sólo al conjunto de las instituciones, sino también a una importante parte de la ciudadanía, cuyos derechos han dejado de ser la piedra angular de la organización política.

No deja de sorprender que algunos responsables políticos –de primer o segundo nivel de una Administración- reaccionen con estupor ante la falta de tolerancia de algunos ciudadanos frente a sus arbitrariedades y a la rutinaria inaplicación de la Ley. Ejemplos no le faltan e esta Asociación para ilustrar la carencia de respeto a la legalidad por parte de Consejeros y Directores Generales, y han quedado expresados en este blog a lo largo de todos estos años de actividad.

Al igual que el Departamento de Hacienda y Administración Pública nos presenta un Anteproyecto de Ley de la Función Pública de Aragón –e invita a la máxima participación posible a todos los empleados públicos, pues los funcionarios han de ejercitarse en las tareas propias del legislador-, los responsables del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y del Instituto Aragonés de Servicios Sociales anuncian la modificación de la Ley que regula el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), no para incrementar el nivel de protección social de las personas en riesgo de exclusión -especialmente acuciante en las actuales circunstancias-, sino para limitar y restringir el acceso y percepción de dicha prestación social y combatir el posible fraude por parte de los perceptores.

Estado de Derecho y Estado social son nociones cuya vigencia real ha de plasmarse en las leyes que se aprueban y en su respetuosa aplicación por parte de la Administración Pública. Podemos decir que, en estos momentos, el Gobierno de Aragón, con su acción y sus iniciativas, no es capaz de garantizar ni reforzar ninguna de ambas nociones.

La vulneración de las normas de función pública –la deliberada y razonada inaplicación del régimen de acceso a la función pública- constituye un ataque frontal al Estado de Derecho, que no debiera salirle gratis al Gobierno, y la falta de dotación presupuestaria para garantizar las prestaciones sociales destinadas a las personas en riesgo de exclusión social –como es el Ingreso Aragonés de Inserción- o en situación de dependencia, como son los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, muestra la clara voluntad de sacrificar la cohesión social y supeditar a las personas a objetivos presupuestarios coyunturales, por el procedimiento más inaceptable que cabe: no garantizar ni respetar los derechos legalmente establecidos.

La ruptura de la legalidad, practicada de modo unilateral desde el poder, es una conducta que puede conllevar consecuencias imprevisibles, pues difícilmente pueden sentirse los ciudadanos compelidos a cumplir sus deberes cuando sus derechos son burlados de forma reiterada por las instituciones públicas, sin otra justificación que la excusa de las dificultades presupuestarias. ¿Dónde está la Ley que suspende el reconocimiento del Ingreso Aragonés de inserción a los ciudadanos? ¿Qué razones llevan a un Gobierno a negar a los ciudadanos el derecho a acceder a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia? Preguntas sin respuesta, que sitúan a un Gobierno al margen del Estado de Derecho y del Estado social, es decir, al margen del marco constitucional. Quien no sea capaz de respetar las leyes vigentes, no debería gobernar ni ejercer función pública alguna, pero, a falta de ello, al menos debería tener el decoro de no anunciar nuevas leyes, pues ya sabemos lo que las normas significan para ellos.

Los valores valen aunque no se les dé valor, decía Julián Marías. También las situaciones de vulneración grave del ordenamiento jurídico revisten una gravedad intrínseca, aunque se intenten minimizar sus efectos. Un Gobierno que no se atiene a la norma legal –y que es capaz de razonar y motivar su actuación contraria a la Ley- es un Gobierno que se deslegitima a sí mismo, y que no puede reclamar el respeto de los ciudadanos, pues ese respeto supondría un desprecio a lo realmente valioso, como es nuestro ordenamiento constitucional, al que debiéramos estar sometidos no solo los ciudadanos, sino sobre todo todos los poderes públicos, como claramente se señala en su artículo 9.1.¿Si no es el respeto a las normas y a los derechos de cada cual, qué nos puede unir como ciudadanos de un Estado o como miembros de una sociedad?