Ayer
tarde, representantes de esta Asociación mantuvieron un encuentro con el
Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios, Ignacio Murillo, a propósito del Anteproyecto de
Ley de la Función Pública
de Aragón, para manifestarle el interés en participar en el proceso de
elaboración de la futura ley y realizar aportaciones en aquellos aspectos que
resultan de especial interés para esta Asociación.
El
Director General expuso algunas de las ideas-fuerza que han inspirado el
proyecto normativo, y señaló que, en el trámite forma de audiencia e información
pública se recabaría de forma expresa el parecer de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, lo
cual es un avance significativo en relación con la pasada legislatura, en la
que el entonces responsable de la Dirección
General, Antonio Brun, afirmó que en el proceso de
participación del entonces Proyecto de Ley de Empleo Público de Aragón no se
llamaría a esta Asociación por “falta total de empatía”. Como si el derecho de
participación en los procesos de elaboración normativa se reservase para los
amigos.
Precisamente,
esta Asociación, en la reunión de su Junta Directiva que mantuvo en la misma
tarde de ayer, estableció como actuación prioritaria de la entidad el análisis
del Anteproyecto de Ley de Función Pública, para determinar los aspectos de
especial interés que permitan asegurar un modelo de función pública acorde con
los principios de legalidad, profesionalidad, calidad y ética pública. Es
preciso disponer de un marco jurídico que nos permita superar la actual
tendencia de arbitrariedad y desprofesionalización que domina en muchos ámbitos
de la Administración
autonómica.
Celebramos
que la Ley
deseche el anterior título de Empleo Público y retome la noción de Función Pública,
como exigen la Constitución
y el Estatuto Básico del Empleado Público. Es hora de que la función pública
autonómica se dote de reglas claras y exigentes –son numerosas todavía las
lagunas normativas existentes y algunas disposiciones reglamentarias vigentes
se hallan claramente obsoletas- y se prevean mecanismos suficientes de garantía
para su aplicación. Esta Asociación no puede inhibirse en este proceso de
regulación ni puede dejar de comprometerse en el proceso de renovación de la
función pública aragonesa, aunque su posición crítica pueda no satisfacer o ser
atendida por los actuales responsables políticos de la Administración
autonómica.
3 comentarios:
El Periódio de Aragón:
El consejero de Hacienda, José Luis Saz, ha remitido una carta a los funcionarios de la Administración para invitarlos a presentar propuestas al anteproyecto de Ley de la Función Pública, que aprobó el Ejecutivo la pasada semana. Quiere con ello atajar las críticas de los sindicatos que no han participado en el proceso de redacción del texto. Los representantes de los trabajadores, sin embargo, lamentan que este gesto, "cara a la galería", no haya llegado antes de que la norma estuviera hecha.
Hacienda ha habilitado una dirección de correo electrónico para que los funcionarios puedan remitir sus sugerencias. Además ha colgado el texto en la página web del Gobierno. En la misiva Saz explica que se quiere propiciar "la aportación de todos los implicados en este proceso, y así enriquecer un proyecto, que debe ser de todos".
El proceso de participación escogido por la consejería no convence a los sindicatos, que desconocían el texto hasta que fue aprobado en Consejo de Gobierno. "Este procedimiento no nos gusta. Antes de presentarlo se debería de haber negociado con los representantes de los trabajadores. Se trata de vender la imagen de que este es un Ejecutivo abierto. Pero hasta ahora todo indica lo contrario", explicó Pablo Asín, del sindicato CSIF.
Desde CCOO, Francisco González recordó que el anterior Gobierno redactó la anterior Ley de Función Pública --que no llegó a aprobarse-- con la participación de todos los sindicatos. "Se hizo desde el principio. Ahora, en cambio, nos encontramos ya con un texto hecho en el que habrá que ver las aportaciones que finalmente se incluyen. El precedente es malo porque de momento nadie ha querido hablar con nosotros", lamentó.
Pese a que Hacienda no ha querido saber nada de la opinión de los trabajadores, Saz asegura en su carta que entiende "especialmente importante la participación en este proyecto de todos los empleados públicos".
Todas las organizaciones sindicales coinciden en señalar que el texto aprobado por el Gobierno no solo no soluciona los problemas de los trabajadores públicos, sino que generará otros nuevos. Entre las cuestiones que deja pendientes, aclaran, es la evaluación del desempeño. Es decir, la posibilidad de mejorar la situación laboral, al margen de cambiar de nivel, y en función de la consecución de una serie de objetivos. Este proceso, vinculado a la carrera profesional, se deja para posteriores desarrollos reglamentarios. "En realidad es una copia de la ley anterior que estaba guardada en un cajón y que estaba pensada sobre todo para los altos funcionarios. Los concursos de traslados serán, por ejemplo, casi inviables", lamenta Pablo Asín, de CSIF.
El Periódico.
El debate está servido.
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