INSTALADOS EN LA ARBITRARIEDAD.

De manera insólita, algún Departamento –como el de Sanidad, Bienestar Social y Familia-, no sabemos si haciendo gala de una transparencia mal entendida, al confundir los medios de comunicación con el boletín oficial, ha hecho públicos en la prensa aragonesa ciertos cambios previstos en el área de atención a la dependencia, avanzando el cese de quien ocupa la jefatura de servicio de dicha materia y dando a conocer el nombre del futuro responsable, anticipando que se trata de un funcionario de administración local.

La errática y arbitraria política de personal del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia –y, en particular, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales- puede pasar inadvertida a quienes no estén atentos a las constantes señales que es posible detectar con un mínimo de observación o control. Nunca hay opacidad suficiente para que las irregularidades y desviaciones de poder en que se incurre por los responsables de dicho organismo no acaben trascendiendo, pues la Administración es una organización pública, en la que todas las decisiones han de ser igualmente públicas.

Ayer, la prensa aragonesa informaba de cambios en el área de atención a la dependencia, con el cese de la responsable de dicho Servicio administrativo –actualmente en tránsito desde el Departamento al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, tras la supresión de la Dirección General de Bienestar Social y Dependencia- y el nombre del futuro responsable, un funcionario de administración local.

Quienes informan de la identidad del nuevo responsable –todavía pendiente de nombramiento- ignoran, sin duda, que el puesto de jefatura del Servicio de Atención a la Dependencia no es susceptible de desempeño por funcionarios de la Administración Local, pues la relación de puestos de trabajo excluye tal posibilidad.

También es muy probable que ello no les preocupe lo más mínimo, pues volverán a cambiar las características del puesto, como ya se hizo meses atrás con la jefatura del Servicio de Centros y Acción Concertada del IASS, y problema resuelto. Qué curioso, además, que sea este último puesto el único de libre designación convocado formalmente para su provisión definitiva. Tal vez urja consolidar cuanto antes la situación y evitar que las circunstancias, siempre imprevisibles, puedan malograr la operación realizada.

Es preocupante lo que pasa –es una clara señal de la degradación creciente en una importantísima área de la Administración, imputable directamente a los responsables del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y del Instituto Aragonés de Servicios Sociales-, pero resulta igualmente gravísima la actitud mantenida desde la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, al transigir con la permanente modificación de las relaciones de puestos de trabajo –para adaptar el perfil de los puestos a los candidatos previamente determinados- o la tramitación de comisiones interadministrativas injustificadas –cuando se dice que hay que adelgazar la Administración autonómica y evitar la inflación de puestos de asesor técnico para ubicar a personas desplazadas de la estructura administrativa, ésta se incrementa con la incorporación innecesaria de personal de otras administraciones, en ciertos casos con un perfil incompatible con la clasificación funcional de la función pública autonómica, como ocurre con el personal de Instituciones Penitenciarias- o la selectiva y arbitraria convocatoria de los puestos de libre designación, colocando a algunos de los funcionarios que los ocupan en una situación de completa indefensión profesional.

Si a ello se añaden claros supuestos de acoso laboral, por razones ideológicas, y presiones constantes a los responsables administrativos para excepcionar las normas a favor de determinadas personas, rompiendo el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, podemos hacernos una idea bastante aproximada de lo que es una organización a merced de un estilo de dirección claramente arbitrario y autoritario –es decir, una dirección tóxica- y de un grupo de personas –al que no cabe referirse como equipo- cada día más deslegitimado para el ejercicio de funciones directivas.

Esta Asociación suele centrar sus acciones en cuestiones de ámbito general, que afectan al conjunto de la función pública, pero el cúmulo de irregularidades que se detectan dentro del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, nos llevan obligatoriamente a realizar un control más específico, porque todos los propósitos perseguidos por la proyectada Ley de Función Pública de Aragón carecen de fundamento si, de manera simultánea a su análisis y debate, sucede con absoluta normalidad todo lo que está sucediendo en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.