El Gobierno de Aragón aprobó ayer martes, según informan hoy los medios de comunicación, la Oferta de Empleo Público de 2010, dando con ello –al menos, aparentemente- un diligentísimo cumplimiento a la moción aprobada por las Cortes de Aragón, en el reciente pleno de los días 11 y 12 de marzo, en la que se instaba la aprobación de la Oferta de Emplo correspondiente a 2010. Pero cumplir los plazos no siempre significa cumplir la ley.
Es cierto que, por primera vez, el Gobierno de Aragón aprueba una Oferta de Empleo Público conjunta para los tres sectores de la Administración autonómica (administración general, educación y sanidad), lo cual supone una importante novedad, pues el tratamiento que se ha venido dando a dichos sectores hasta ahora ha sido claramente desigual.
Pero no es menos cierto que si el número de plazas finalmente aprobado es el que se adelantaba hace ya unos días, la Oferta del Gobierno de Aragón en el ámbito de Administración General es manifiestamente insuficiente y alejada de las exigencias que contemplan el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Ordenación de la Función Pública y el Convenio Colectivo aplicable al personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma.
El Vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, al explicar la medida aprobada, ha subrayado el hecho de que la Oferta no supone incorporar personal nuevo a la Administración, sino convertir empleo temporal en empleo estable. Es una explicación que suena a disculpa, y en ella no se aprecia indicio alguno de defensa de la legalidad de la función pública, del régimen estatutario de los servidores públicos ni de la garantía de inamovilidad que exige el Estatuto Básico del Empleado Público para asegurar la imparcialidad de quienes tienen la responsabilidad de asegurar la prestación de los servicios públicos al conjunto de los ciudadanos.
Está por ver, ahora, si los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón se conforman con la aprobación formal de una Oferta de Empleo Público, sea cual sea su contenido, o si reclaman además que la Oferta aprobada se ajuste a criterios de racionalidad y de legalidad, pues las decisiones administrativas que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos –como es el caso del derecho de acceso a las funciones públicas- no sólo requieren una motivación reforzada, que despeje cualquier duda de arbitrariedad, sino que han de asegurar la realización óptima del derecho afectado.
El derecho de acceso al empleo público ha de ejercerse en el marco de lo previsto en la ley, y esa ley establece claramente que las ofertas de empleo público han de incluir todas las plazas ocupadas por personal interino. Es posible entender las razones existentes para que no se incluya el 100% de las plazas de una determinada Escala o Clase de especialidad, pero resulta más difícil –por no decir, imposible- justificar el que, una vez más, se excluyan el 100% de las plazas de cierta Escala, como es la Escala Auxiliar Administrativa, como si el derecho de acceso a dicha Escala hubiese sido cancelado definitivamente por el Gobierno de Aragón, condenando a todos los que ocupan de forma interina los cientos de plazas así cubiertas a la inseguridad laboral y a afrontar cada concurso convocado para los funcionarios de carrera como una agónica prueba de supervivencia.
Una Oferta de Empleo Público que condena a una ingente cantidad de empleados públicos a permanecer, año tras año, en la inestabilidad laboral, sin permitirles el ejercicio del derecho de acceso al empleo público en la forma que prevé la ley, y que niega igualmente tal posibilidad a los ciudadanos que aspiran a trabajar como servidores públicos, mientras no existe problema alguno para, al mismo tiempo, ofrecer tales puestos a los funcionarios de carrera –haciendo de la función pública un coto cerrado y privilegiado de una parte de la plantilla- es una Oferta que perpetúa la discriminación y la injusticia laboral que hoy se vive en la Administración autonómica.
Esta Asociación, en este momento, desea subrayar la frustración y la impotencia de quienes, una vez más, ven negado su derecho de acceso al empleo público a causa de una Oferta, como la aprobada por el Gobierno de Aragón, que desconoce la Ley y discrimina, de forma arbitraria, a los distintos colectivos de ciudadanos y profesionales llamados a componer la función pública aragonesa.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
10 comentarios:
Sobre la exclusividad de los jefes de servicio del Salud:
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=569244
El tema de las comarcas debiera preocuparnos a todos, funcionarios o no:
http://www.comarcas.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1475/idpag.27/v_mod.pags/v_mem.listado/chk.b992329865a553804d039c33dc877bb1.html
Qué se debe estar creando allí, en silencio y sin apenas conocimiento de los medios de comunicación.
¿No os interesa el tema?
Qué consecuencia práctica puede tener esto?:
La enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de modificación del Inaga presentada por IU en el Pleno de las Cortes ha sido rechazada por la Cámara por diferentes razones. Ésta pretende adaptar el Instituto a la nueva normativa y eleva el rango de su director a director general, por lo que sigue su trámite parlamentario.
El destino de la Función Pública:
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=569508#EnlaceComentarios
Que nos gobiernen las UTE's
El tema de la oferta es crucial y ya no somos capaces de reaccionar frente a su vaciamiento. ¿Qué nos pasa? ¿Nos hemos rendido ante la arbitrariedad del poder?
No entiendo estos enlaces que no son activos.
La Operación Molinos volvió a tensionar el pleno de las Cortes de Aragón. Tras meses de silencio, el presidente del Gobierno autonómico, Marcelino Iglesias, respondió a las preguntas de la oposición. Defendió la actuación del Ejecutivo en el caso de corrupción de La Muela y pidió "paciencia", a la espera de que la Justicia diga lo que tenga que decir. Cuando suceda, dijo, "se acatará la sentencia". Volvió a reiterar las dificultades que entraña disolver un ayuntamiento, ante la insistencia del PP y CHA a este respecto. Y reconoció, en cinco ocasiones, que no le gusta que un cargo público con once imputaciones siga al frente de un consistorio.
EL PERIODICO DE ARAGON.
Iglesias no se salió ni un ápice de la postura mantenida durante los últimos meses. Algo que dejó una sensación agridulce a la oposición. Rosa Plantagenet, portavoz del PP, fue la primera en intervenir. Fue un discurso medido y cuidado. Lamentó que el Gobierno de Aragón se haya limitado a "esperar y ver". Le acusó de "escaquearse"; de "no hacer nada". Y preguntó al presidente por la relación "administrativa" con un caso de "corrupción" que calificó de "importante". "Su obligación es buscar responsabilidades políticas", espetó. Y se preguntó por el origen del "miedo" de Iglesias a tomar cartas en el asunto, "a no ser que tema por su Gobierno". En cualquier caso, consideró necesario disolver el Ayuntamiento de La Muela.
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Más contundente estuvo la portavoz de CHA, Nieves Ibeas. Aunque con una línea argumental peligrosamente pegada a la del PP. "Hay que devolver la confianza en la política", dijo. Porque "la gente piensa que aquí todo vale". "Le propusimos disolver el Ayuntamiento de La Muela, pero no se atreven. Votaron en contra de iniciar el proceso, de proponérselo al Consejo de Ministro", recordó la diputada. Y a partir de ahí se escudó en las últimas declaraciones de la alcaldesa de la localidad zaragozana en las que decía que todas sus actuaciones habían estado supervisadas por el Gobierno de Aragón. "No han hecho cumplir la ley, si no, no hubiese pasado esto. Tiene muchas cosas que resolver. Y no vale acudir a las Cortes una vez cada tres meses". Y lamentó que María Victoria Pinilla haya podido "entrar en la cárcel, salir y volver a ocupar los cargos desde los que cometieron los delitos" con once imputaciones.
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Ante la retahíla de acusaciones, Marcelino Iglesias terminó por revolverse. Sobre todo tras las palabras de Nieves Ibeas, en las que incluso puso en duda la actuación de la Comisión Jurídica Asesora. "No acepto ninguna insinuación ni verdades a medias", sentenció visiblemente molesto. Y a partir de ahí hiló un discurso ya escuchado en la cámara. No en vano, era la sexta ocasión en la que el presidente hablaba de La Muela.
Iglesias recordó que el Gobierno de Aragón "no tiene ninguna imputación en la Operación Molinos". Y que, en todo caso, "hay un juez que tomará sus decisiones y el Ejecutivo las apoyará. Aquí no hay jueces presionados. Queremos que se llegue al final". Tras recordar lo complejo que es disolver una institución democrática, insistió en que Pinilla "no está inhabilitada". "Nosotros no somos como otras comunidades que están todos los días en los medios por casos de corrupción", argumentó el presidente, quien lamentó que CHA y PP se encuentren en posiciones tan parecidas en este asunto.
EL PERIODICO DE ARAGON.
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