Dentro del plazo marcado por la normativa de aplicación al derecho de petición, la Secretaría de Estado para la Función Pública, del Ministerio de la Presidencia, ha dado respuesta a la petición que le fue realizada por esta Asociación, al amparo del derecho fundamental reconocido en el artículo 29 de la Constitución. En dicha petición se solicitaba que la Administración General del Estado velase por el respeto a la legislación básica estatal en materia de acceso al empleo público por el conjunto de las Administraciones Públicas, y se evitase que las Administraciones autonómicas -como en el caso del Gobierno de Aragón en 2008- vulnerasen la obligación de aprobar anualmente su Oferta de Empleo Público, incumplimiento legal constatado por resolución del Justicia de Aragón, en la que esta Institución recordaba al Gobierno de Aragón la necesidad de ajustarse a dicha obligación legal.
Con independencia del contenido de la respuesta efectuada -con el cual esta Asociación difícilmente puede estar conforme-, debemos destacar el hecho incontestable del respeto que los órganos de la Administración General del Estado están mostrando al ejercicio del derecho de petición por parte de esta Asociación, lo que constrasta poderosamente con la actitud mantenida por el Gobierno de Aragón y los órganos superiores y directivos de la Administración aragonesa. Sólo dicha actitud de respeto al derecho de petición merece ya una valoración positiva por parte de esta Asociación.
En particular, dicho respeto contrasta con la falta total de respuesta por los órganos de la Administración aragonesa directamente relacionados con la materia de función pública y a los que se ha dirigido esta Asociación reiteradamente, como es el caso del Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón. Su discurso a propósito de la participación ciudadana no puede quedar más desmentido por su actitud de vulneración reiterada al derecho fundamental de petición, mecanismo de participación ciudadana en los asuntos públicos previsto en la Constitución Española, norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico.
Entendemos que la cuestión planteada, así como la tesis mantenida por esta Asociación, resultan difíciles de admitir por los responsables de la política de personal, dada la dinámica dominante en el conjunto de las Administraciones Públicas, claramente alejada de lo señalado en el Estatuto Básico del Empleado Público, en el cual se fija el contenido concreto del artículo 23.2 de la Constitución Española. El alcance del artículo 23.2 CE se completa con la regulación establecido en el Estatuto Básico y demás leyes que lo desarrollan, al tratarse de un derecho fundamental de configuración legal. Este dato, sin embargo, parecen olvidarlo no sólo el Gobierno de Aragón, sino también la Secretaría de Estado para la Función Pública, como claramente se deduce del contenido de su respuesta. No hay una sola referencia al régimen establecido por el Estatuto Básico en materia de selección, cuyo respecto debiera garantizar el Ministerio de la Presidencia en el conjunto de las administraciones públicas españolas. Pero el comentario de dicha cuestión lo dejamos para una posterior nota de blog.
Se reproduce a continuación el texto íntegro de la respuesta remitida por la Secretaría de Estado para la Función Pública:
"Asociación para la Defensa de la
Función Pública Aragonesa
16 de marzo de 2010
Contesto a la petición que el pasado 13 de enero ha dirigido a la Secretaría de Estado para la Función Pública, instando a la adopción de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación básica estatal, en lo que atañe al acceso al empleo público, en el conjunto de las Administraciones Públicas. De acuerdo con el informe del Gabinete de la Secretaría de Estado de la Función Pública, se comunica lo siguiente:
Según se desprende de la propia documentación aportada, ya existen diversos pronunciamientos al respecto en forma de Sugerencias formuladas por el Justicia de Aragón, de los que ya ha tenido conocimiento la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que, según se desprende de la Sugerencia de 4 de diciembre de 2009, ha atendido todas las peticiones de información, ha presentado argumentos para justificar la situación objeto de la queja, y ha adquirido compromisos al respecto, incluida la mención al próximo desarrollo efectivo del EBEP mediante una Ley de Función Pública, que contendrá instrumentos de planificación.
Por lo que respecta a la Administración General del Estado, y en lo que se refiere a la posible utilización de medios de control de la legalidad de los actos y disposiciones de las CCAA y su ajuste al bloque de constitucionalidad, por medio de los correspondientes medios de cooperación, y en su caso, de conflicto ante el Tribunal Constitucional o la jurisdicción contencioso-administrativa, no se puede realizar ninguna valoración al respecto por tratarse de una competencia del Ministerio de Política Territorial sobre la cual no se tienen elementos de conocimiento o de juicio.
Sí que consta que dicho Ministerio remitió a la Comunidad Autónoma de Aragón una Carta de Cooperación, recordando la necesidad del cumplimiento general de las previsiones de las Leyes Generales de presupuetos del Estado, que incluyen la Oferta de Empleo Público.
En cuanto al incumplimiento del artículo 23 de la Constitución Española de 1978, cabe señalar que este artículo no establece que los ciudadanos tengan derecho a que la Administración cree plazas para que puedan acceder al empleo público, sino que, una vez deseen optar a esas plazas, opten por ellas a través de procesos selectivos que garanticen una evaluación basada exclusivamente en el mérito y la capacidad de los aspirantes sin que quepa introducir elementos subjetivos o discriminatorios en dicha evaluación.
Así, el Tribunal Constitucional determina que el artículo 23.2 de la Constitución Española es un mandato dirigido al legislador con la obligación de que éste disponga requisitos de acceso a funciones públicas que, "establecidos en términos de igualdad respondan única y exclusivamente a los principios de mérito y capacidad", (ver STC 185/1994 (RTC 1994/185) fundamento jurídico 3º; SSTC 293/1993 (RTC 1993/293), 353/1993 (RTC 1993/353) o 363/1993 (1993/363), entre otras) y, asimismo, desde una perspectiva negativa, se proscribe que dicha regulación de las condiciones de acceso a funciones públicas, "se haga en términos concretos e individualizados", que equivalgan a una verdadera y propia acepción de personas.
No supone el artículo 23.2 de la Carta Magna, pues, que las Administraciones Públicas deban poner plazas a disposición de los ciudadanos sin que tengan necesidades reales de recursos humanos sino que, una vez puestas a disposición de éstos por ser necesario, se respeten los principios constitucionales antedichos.
Lo que se comunica en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11.3 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.
LA SECRETARIA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA
P.D. (OM PRE/3545/2009, de 28 de diciembre)
EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO, Fernando Flores Giménez".
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
17 comentarios:
Muy de agradecer la respuesta, en eso estoy de acuerdo, pero el contenido es manifiestamente deficiente, desde una perspectiva ciudadana exigente en materia de legalidad.
¿Por qué se exculpa tanto al Gobierno de Aragón?
¿Por razones de oportunidad?
¿Por convencimiento sincero de que las cosas son así?
¿Por qué se admite que no se aprueben ofertas de empleo público?
¿Puede un Gobierno decidir arbitrariamente la inaplicación de la Ley?
¿Qué opciones quedan a los ciudadanos ante ello?
No me gusta nada la respuesta, a la defensiva y con una visión de las normas a la baja, privándola casi de toda exigencia para las respectivas administraciones.
MADRID. (EUROPA PRESS).- El Tribunal de Cuentas ha traslado a su Sección de Enjuiciamiento las diligencias de investigación que abrió en febrero pasado para esclarecer el gasto de 2,3 millones de euros que el Gobierno de José María Aznar aprobó el 26 de diciembre de 2003, al objeto de suscribir un contrato con la empresa norteamericana Piper Rudnick para gestionar la frustrada concesión al ex presidente de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos.
En un auto hecho público hoy, el tribunal traslada las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento con el fin de que ésta proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor que dirija la investigación.
La apertura de una investigación, que fue acordada el pasado 3 de febrero por el Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, responde a la denuncia interpuesta por los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez y la Asociación Preeminencia del Derecho, que ya emprendieron anteriormente acciones por estos hechos tanto penales como contencioso-administrativas, si bien en ambos ámbitos las pesquisas fueron archivadas.
LA VANGUARDIA.
PP y CHA pedirán la comparecencia del consejero de Economía, Alberto Larraz, por "ocultar la realidad" de los presupuestos de la Comunidad. El pasado lunes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Comunidad Autónoma de Aragón 2010-2012 que, como público HERALDO, plantea un aumento de la deuda de 96,5 millones para cuadrar los presupuestos.
Hay que recordar que el Ministerio de Economía había detectado en varias comunidades, entre ellas Aragón, desajustes en el capítulo de ingresos, principalmente por las estimaciones -al alza- de las transferencias procedentes del Estado. Ante esto, instaba a todas las autonomías, salvo Navarra que había aprobado unas cuentas "suficientemente austeras", a realizar ajustes. El gasto era donde el Ministerio había puesto el foco para meter la tijera.
Pero Aragón decidió optar por incrementar su deuda de este año y pasar de los 932,6 millones de euros que se habían aprobado en los presupuestos a los 1029,17 de ahora (la cifra mayor de la historia de la Comunidad en un ejercicio). Y esta situación es la que ha generado las críticas de la oposición. El portavoz del PP, Eloy Suárez, tildó de "intolerable" que "Iglesias pretenda esconder que el presupuesto no cuadra porque ha inflado los ingresos y descarte recortar el gasto". El Gobierno se escuda en las medidas ya adoptadas en el presupuesto de este ejercicio (no cubrir vacantes, congelar sueldos, reducir el gasto corriente un 6,5% y los gastos de protocolo a la mitad...) para defender su decisión. "Esa cerrazón en negar la evidencia lleva a las cuentas autonómicas al abismo", lamentó Suárez, que criticó que Larraz "esconda una realidad económica calamitosa".
También lamentó que no haya consignación para las inversiones productivas (aquellas que permiten superar en un 0,25% el déficit de la Comunidad y que tienen que ver con proyectos de I+D+i fundamentalmente) por el aumento de la deuda. "Salvo que se salten el principio de estabilidad presupuestaria", explicó Suárez, que dio su particular receta para estos momentos de crisis: recortar el gasto improductivo, mejorar la eficacia en la gestión y aumentar las inversiones
HERALDO DE ARAGON.
No creo que el derecho se limite a los procesos selectivos, sino también al número de plazas que se convocan, si no son las que establece la ley.
¿Qué pensarían los partidos si en las próximas elecciones sólo se convocasen un 10% de los escaños?
¿Se vulneraría el artículo 23.2 de la Constitución o no?
¿Qué razones justifican la diferencia de percepción?
¿Se recibiría con la misma indiferencia que el asunto de la oferta de empleo público?
¿Y si además lo decidía el Gobierno, pasando de la normativa electoral?
¡¡¡Ufff!!!
El Gobierno de Aragón prepara una ley con primas por objetivos para empleados públicos.
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