LA LEGALIDAD RETRIBUTIVA DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, A EXAMEN.

Mientras el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, expone su propuesta de contención y ahorro del gasto de personal de la Administración autonómica, consistente en no crear nuevos puestos de trabajo ni en cubrir las vacantes existentes, solución simplista que no atiende las necesidades de funcionamiento de los servicios públicos ni la ordenación de la función pública, esta Asociación va a acometer una decidida acción por la eliminación de todos los gastos de personal que, fruto de la negociación entre Administración y Sindicatos, y con la aprobación del Gobierno de Aragón, cabe considerar ilegales.

Cualquier medida de racionalización del gasto que no asuma la incómoda realidad de la irregularidad retributiva consolidada por los dos últimos gobiernos PSOE-PAR –responsabilidad directa de los Consejeros Bandrés, Larraz y Velasco- y promovida por la estrategia errada de los sindicatos de la función pública aragonesa, es una medida falaz e irrelevante. El primer ahorro que se impone en la función pública aragonesa es acabar con el fraude retributivo existente. Así lo exige la lealtad constitucional que cabe reclamar tanto del Gobierno de Aragón como de todos los empleados públicos, cuya función es, por encima de todo, la garantía del principio de legalidad, algo que de ningún modo pueden excepcionar u omitir en lo que afecta a sus retribuciones.

No basta, como se ha hecho en la Ley de Presupuestos para 2010, con suspender la aplicación de una ilegalidad –como es el desarrollo de nuevos tramos del anticipo de carrera arbitrado en el marco de la negociación colectiva- y establecer otra ilegalidad, como el régimen retributivo aplicable a los supuestos de “promoción interna temporal”, y mantener, además, los anteriores tramos del anticipo ya reonocidos.

El Gobierno de Aragón parece haberse habituado a administrar las dosis “admisibles” de ilegalidad retributiva: elimina la ilegal cláusula de revisión salarial y la sustituye por otra medida tan ilegal como aquella, como es el anticipo de carrera profesional –abonando por adelantado una carrera no regulada y usurpando la función legislativa y presupuestaria del Parlamento- y luego congela el desarrollo de este anticipo –congela su desarrollo, no el abono de lo hasta entonces reconocido, que son cosas bien distintas-, pero incorpora otra irregular previsión retributiva, para los supuestos de “promoción interna temporal”. Y lo peor de todo esto, es el silencio general de los empleados públicos, incapaces de percibir adecuadamente el descrédito social que implica para la función pública tolerar esta dinámica.

Convencidos de que, en la actual situación, la primera exigencia ética para la función pública es la de recuperar el compromiso con la legalidad retributiva, y que para ello no es posible contar ni con el Gobierno de Aragón ni con los sindicatos de la función pública aragonesa, la única opción que resta es la de acudir a las instituciones del Estado, en cuyo compromiso con el Estado de Derecho y con las reglas de funcionamiento del Estado autonómico –muy en especial, en lo que hace a la lealtad constitucional- seguimos confiando.