GENERAR UNA CULTURA ANTICORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Toda organización necesita que sus miembros se identifiquen con los valores que determinan su actividad y su misma existencia, y entre esos valores han de estar presentes de forma destacada los correspondientes a una cultura anticorrupción. Tanto la credibilidad de una organización como su pervivencia dependen en gran medida de que sus miembros respeten los valores y principios que la identifican y la hacen reconocible. La integridad, la veracidad, la transparencia, la confianza o la calidad, son valores que ninguna organización ha de dejar de promover de forma permanente, tanto hacia dentro, en su organización interna, como hacia fuera, en relación con terceros.

Entre todas las organizaciones existentes, debemos resaltar el importante papel que corresponde a la Administración Pública en el buen funcionamiento de una democracia. Tan importante como la existencia de ciudadanos respetuosos con los principios democráticos es la presencia, dentro de cada Administración Pública, de servidores públicos dispuestos a ejercer su función con pleno respeto a los principios constitucionales, garantizando ante los ciudadanos la credibilidad de las instituciones.

Una función pública profesional e íntegra, capaz de encarnar los valores democráticos en su forma de actuar, es un factor de garantía para la realización de los derechos de los ciudadanos, para la convivencia y la prosperidad de la sociedad. La credibilidad y la confianza que inspiran en los ciudadanos unas instituciones responsables y fiables contribuyen a generar un círculo virtuoso que fortalece día a día la democracia en un país.

Todo lo contrario sucede cuando los primeros responsables en garantizar la legalidad y el interés general -los funcionarios públicos- se desentienden de sus obligaciones y actúan de forma negligente, guiándose por valores y principios ajenos a los que les exige el ordenamiento constitucional. Acatamiento constitucional e inamovilidad en la condición funcionarial son caras de una misma moneda: el compromiso con el servicio público y los derechos de los ciudadanos, el servicio a la democracia y al Estado de Derecho.

Por ello, y con acierto, el Estatuto Básico del Empleado Público incorpora un verdadero código de conducta, en el que se enuncian los principios éticos a los que han de ajustar su conducta todos los servidores públicos. Es importante que la ética se incorpore a la normativa de función pública, pero resulta bastante significativo que, casi tres años después de su aprobación, el código ético de conducta de los empleados públicos no haya sido objeto de medida alguna de difusión o fomento en el seno de la Administración Pública.

La realidad de los hechos, por el contrario, podría dejar dicho código ético reducido a simple declaración retórica, papel mojado sin ninguna eficacia práctica en el funcionamiento interno ni en la actividad de la Administración autonómica. Ejemplos de actuaciones antiéticas, es decir, supuestos de corrupción pública -sea en materia de retribuciones, de provisión de puestos o de utilización abusiva de puestos de personal eventual- han sido señalados por esta Asociación, sin que se haya subsanado o corregido ninguna de las situaciones denunciadas. ¿Qué eficacia cabe, por lo tanto, esperar de un código de conducta ética que los responsables políticos de la Administración ni impulsan ni respetan? ¿Qué cultura anticorrupción se puede fomentar en una Administración cuyos responsables son incapaces de dar el ejemplo necesario de compromiso real con los valores proclamados por la ley?

Acaso el primer paso, necesario e imprescindible, para generar una cultura anticorrupción en el seno de la Administración aragonesa, y hacer efectivo el código de conducta proclamado en el Estatuto Básico del Empleado Público, sea denunciar la vulneración que de tales principios llevan a cabo los responsables políticos de la Administración. De lo contrario, el riesgo resulta evidente: el código ético de conducta de los servidores públicos puede nacer muerto, sin vigencia alguna, pues la cultura real de la organización está dominada por el pragmatismo y la subordinación al poder, no a la ley ni a la ética.

Estamos, pues, atrapados en un círculo vicioso del que sólo la ética puede rescatarnos, para devolver a la administración y a la función pública el papel que les corresponde ejercer en una democracia. A ello, y no a otra cosa, se refería esta Asociación cuando habló de la necesidad de un "giro ético" ante la Comisión de Peticiones de las Cortes de Aragón.