El Presidente de la Comisión de Peticiones del Senado ha remitido a esta Asociación acuse de recibo al reciente escrito de petición dirigido a dicha Cámara en relación con la previsión retributiva contenida en el artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2010, al entenderla contraria al Estatuto Básico del Empleado Público, por desvirtuar de forma arbitraria la diferenciación entre retribuciones básicas y complementarias a aplicar en los supuestos de "promoción interna temporal".
La citada petición planteaba la necesidad de que las instituciones del Estado velen por el respeto e integridad de la normativa básica estatal en materia de función pública, instando en este caso la anulación de la citada previsión del artículo 19.2 de la Ley aragonesa de Presupuestos, promoviendo para ello, si fuera necesario, el oportuno recurso de inconstitucionalidad.
Igual petición se dirigió al Congreso de los Diputados, al Tribunal de Cuentas y a los Ministerios de la Presidencia, de Economía y Hacienda y de Justicia. Recientemente se recibía acuse de recibo de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda, señalando que nuestra petición se había remitido para su estudio a los Ministerios de la Presidencia, de Justicia y de Política Territorial.
Al margen del resultado final que puedan obtener las peticiones y denuncias formuladas por la irregular previsión de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón -puesta igualmente de manifiesto por un reciente informe de la Intervención General del Gobierno de Aragón-, debemos destacar el respeto que unas y otras instituciones estatales están mostrando ante las actuaciones de esta Asociación, mediante las comunicaciones de acuse de recibo e información de la tramitación otorgada a los escritos recibidos.
El buen funcionamiento institucional del Estado se demuestra, en buena medida, en el respeto al ejercicio de los derechos por los ciudadanos, pero tampoco debe olvidarse que el ejercicio de los derechos fundamentales por los ciudadanos contribuye decisivamente a mantener vivo el sistema de garantías y controles propio del Estado de Derecho, evitando que sus diferentes mecanismos de participación y control se atrofien u obstruyan. Acaso hayamos llegado ya a un punto en que sólo las instituciones del Estado son capaces de corregir las graves disfunciones que padece el funcionamiento institucional de nuestra Comunidad Autónoma, de las que constituye un clarísimo ejemplo la previsión contenida en el artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos para 2010.
Puede que a muchos parezca un asunto menor, pero tal vez no sea ese el parecer de las instituciones del Estado a las que se ha dirigido esta Asociación.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
29 comentarios:
Las instituciones, poco a poco, se van poniendo en marcha. Va a ver reacción inesperada para el Gobierno de Aragón.
El presidente del Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA, José Barea, abogó este lunes por la congelación salarial para los funcionarios públicos durante el cuatrienio 2010-2013.
Así lo expresó Barea durante la presentación del informe del tercer trimestre de este observatorio de la asociación ATA, en la que también pidió reducir en un 10% las plantillas de asesores, personal contratado o laboral y el mismo porcentaje de rebaja para las retribuciones complementarias de funcionarios y altos cargos "en cada uno de los años del cuatrienio".
Barea pidió una "profunda reforma" de la Administración Pública y la supresión de los Ministerios de Cultura, Vivienda e Igualdad.
En este sentido, explicó que se recolocarían los funcionarios en otros ministerios pero perderían el trabajo quienes no lo sean.
Barea incluyó en este ajuste, que debe ser aplicado a todas las administraciones (central, autonómica y local), a las cadenas de televisión públicas que "no deben quedar fuera de la racionalización del gastó público".
EFE.
Comentario:
Divide y vencerás. Y lo están consiguiendo. Trabajadores, contra trabajadores. Es lamentable. Contra los de Gm porque defienden su puesto de trabajo como haríamos todos, contra los funcionarios,etc.etc. No os dais cuenta de lo que están haciendo. Los culpables no somos nosotros, somos los paganos y encima en lugar de hacer frente común para intentar salir de esta, nos enfrentamos. Lo dicho ¡lamentable¡
Es evidente que hay muchísimos funcionarios, pero congelar cuatro años el sueldo a un trabajador sea público o privado me parece impresionante, ¿los autónomos que siguen trabajando también van a congelárselo? Por no hablar ya de los directivos de bancos y otras empresas... O todos o ninguno.
Comentario:
Evidentemente, el funcionario es (en tiempos de crisis) el que debe estar dispuesto a un verdadero sacrificio. Es el servidor del pueblo.
¿Un ciudadano de segunda?
¿Queremos volver a sueldos de hambre?
¿Vamos a desmantelar los servicios públicos que redistribuyen la riqueza entre todos los ciudadanos?
LA CRISIS BALEAR.
LA elección del alcalde de Marratxí, José Ramón Bauzà, como nuevo hombre fuerte del PP de Baleares responde sobre todo a la seria preocupación existente en la dirección del partido conservador por cómo acaba la instrucción del juez que lleva el caso Palma Arena, en el que aparecen involucrados el ex presidente autonómico Jaume Matas y varios de sus consellers. La política en las islas Baleares ha ido lamentablemente demasiado pegada a casos de corrupción en los últimos tiempos, ya que, además de varios asuntos que afectan al PP, la histórica formación bisagra, Unió Mallorquina, ha visto cómo su presidenta, Maria Antònia Munar, debía abandonar la presidencia del partido y la del Parlamento autonómico por las graves acusaciones de financiación ilegal formuladas por sus colaboradores. Sólo en este contexto puede entenderse que el presidente del PP, Mariano Rajoy, haya presentado a Bauzà como "un hombre limpio", haciendo de esta condición su principal capital político. Pese a ello, no deja de llamar la atención que algo que debería darse por supuesto tenga la condición de mérito. Bauzà tendrá que lidiar con una situación política compleja en su condición de representante del primer partido de las islas Baleares, aunque en estos momentos esté en la oposición por el acuerdo suscrito en el 2007 entre diferentes partidos del centroizquierda alrededor de Francesc Antich, representante del PSOE, y apoyado por Unió Mallorquina. El presidente balear, aunque ha perdido la mayoría para gobernar y muy probablemente el PP acabe logrando en breve la presidencia del Parlament, se resiste a convocar elecciones. Los meses que restan hasta el fin de la legislatura pueden resultar muy pesados para el actual Gobierno y no es bueno que se descarte ninguna opción si se constata que la gobernación es imposible.
LA VANGUARDIA.
Martes 2 de marzo. Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. El portavoz del PP en la citada comisión, Miguel Barrachina, provoca a la vicepresidenta primera del Gobierno y responsable de Función Pública, María Teresa Fernández de la Vega, con esta acusación: «Dentro del primer trimestre de 2012 -precampaña y campaña de las próximas elecciones generales- los tres millones de empleados públicos percibirán el importe correspondiente a la desviación de 2010 y 2011.
Esto quiere decir que durante la próxima campaña electoral de Zapatero habrá un cheque electoral que me gustaría que usted desmintiese». Silencio de la vicepresidenta, que en su réplica esquivó este espinoso asunto. Barrachina había puesto el dedo en la llaga, en la del punto 47 del acuerdo firmado por el Gobierno y los sindicatos en septiembre de 2009.
Silencio de De la Vega
El mutismo de Fernández de la Vega confirmaba el temor del diputado popular, que le lanzó este anzuelo a la vicepresidenta para que mordiera en unas cifras que él ya tenía sobre la mesa, pero que el diputado del PP no quiso desvelar. Estas cifras, a las que ha tenido acceso ABC, indican que los tres millones de funcionarios de la Administración General del Estado recibirán un cheque de unos 500 euros, «dentro del primer trimestre de 2012, correspondiente a la desviación que, en su caso se hubiera producido, entre los incrementos establecidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2010 y 2011 y la inflación efectiva en esos años». En total, 1.452.865.273 euros a repartir de golpe, algo insólito, ya que sólo una vez en la historia democrática de España se ha pagado a los funcionarios la pérdida de poder adquisitivo, y menos de forma acumulada, ya que esto sólo se hace con los pensionistas.
ABC.
¿De dónde salen estas cifras? El diputado popular lo explica claramente: «Si el IPC, según Funcas, se sitúa este año en el 1,5 por ciento, y la subida de los funcionarios ha sido del 0,3 por ciento, la pérdida de poder adquisitivo será del 1,3 por ciento». Ello supondría que el importe que tendría que pagar el Gobierno correspondiente a 2010 ascendería a 236,6 euros por cada uno de los tres millones de funcionarios. La factura total de 2010, a pagar en 2012, sería de 725.344.620 euros.
En el caso del año siguiente, el 2011, el diputado popular subraya que, teniendo en cuenta que la masa salarial aumentará un 0,3 por ciento, el importe del cheque de este año sería de unos 237 euros, y el montante total de 727.520.654.
Por lo tanto, de la suma de los 236 euros por cada funcionario en 2010, y de los 237 en 2011, sale el «cheque electoral» al que se refiere el PP de 473 euros que hay que pagar en 2012 por cada uno de los tres millones de funcionarios. Igualmente, la suma de los 725 millones de 2010 y 727 en 2011, hace que el desembolso que tenga que hacer el Gobierno nada más empezar el año de las elecciones sea de 1.452 millones de euros.
Pero hay más, al ya cheque de 500 euros podría sumarse una subida salarial de entre un cinco y un seis por ciento. Así lo explica Barrachina, «posiblemente en 2011 se suba muy poco el sueldo de los funcionarios para poder cumplir el compromiso de reducir en un cuatro por ciento el gasto de personal en la Administración, y el subidón es previsible que se haga en 2012».
Desde el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados no se oculta lo que consideran un «uso electoral del dinero y de los recursos de los ciudadanos», como así lo señala Barrachina a ABC. «La maldad es evidente -añade-, pero los empleados públicos españoles no se van a dejar comprar. Que el Gobierno considere que con un talón de 500 euros durante la campaña electoral para cada uno de los tres millones de funcionarios va a cambiar el voto, es una ingenuidad».
A pesar de no haber recibido ninguna explicación de la vicepresidenta en el Congreso, Barrachina reconoce que «me gustaría que me desmintiera si con este cheque electoral se quiere comprar la voluntad de los españoles». Además, se pregunta «como van a encuadrar este gasto en el Plan de Austeridad que el Gobierno ha enviado a la Unión Europea».
ABC.
Comentario:
hay algunos que pierden su poder adquisitivo y otros cuantos (4.500.000) que pierden su trabajo. Tu que prefieres perder?
Mala suerte, ¿verdad?
Comentario:
Entre ésto: El Gobierno pacta con los sindicatos repartir en 2012 unos 1.452 millones, Esto: El Gobierno dará un cheque de unos 500euros a cada funcionario en vísperas de las generales Y esto: UGT & CCOO Los liberados sindicales cuestan 250 millones de euros. El ejecutivo está siempre de carnavales
Comentario:
Vamos a ver, los funcionarios querais o no se han ganado su puesto, ya que han estudiado, han hecho unas oposiciones y las han aprobado. Eso lo puede hacer cualquiera que estudie y se sacrifique un poco. Eso no quita que haya alguno que se mereceria estar en el paro, pero eso es otro cantar. Todavia me acuerdo de los años de boom inmobiliario en el que todo el mundo tenia trabajo y cobraba una burrada por cualquier tipo de trabajo, nadie se quejaba, todo el mundo vivia en los mundos de yupi. Menos los funcionarios, que tenian un sueldo de mala muerte y todo estaba carisimo. Ahora todo el mundo arremete contra ellos porque son los unicos que en tiempo de crisis tienen el sueldo fijo (que sigue siendo el mismo sueldo de mierda que en los buenos tiempos). Pues esto es como la fabula de la cigarra y la hormiga, el funcionario es la hormiga y la cigarra son todos los demas que han estado ganando dinero a porron y no han ahorrado nada. Y como siempre digo, el que quiera ser funcionario pues que haga como estos y estudie y se sacrifique y mire por el futuro y no por el presente. Eso si espero que no vendan su voto por 500 euros cochinos, y miren hacia el futuro, porque esos 500 euros es pan para hoy y hambre para mañana.
Comentario:
En un país en crisis, los primeros que tienen que arrimar el hombro, son los funcionarios........Claro, que entonces empieza el problema.....no es lo mismo un señor, que se ha ganado el puesto funcionarial, sea bombero, policía, médico, o administrativo, etc, etc.........A ser nombrado a dedo, sin méritos, sin examen, sin leyes,.......simplemente por ser de tal o cual partido.....Son los cargos de confianza, que sobran más de la mitad....
Comentario:
Pues nada, que retrasen las elecciones de 2012 para que no coincidan con el derecho de los funcionarios a cobrar la paga por la desviación del IPC en el primer trimestre, Jajaja
Comentario:
Los liberados cuestan a las empresas 250 millones de euros al añoUn informe publicado por la confederación de organizaciones empresariales ha revelado que en España hay 300.000 liberados sindicales, uno por cada 39 trabajadores, que cuestan 250 millones de euros a las empresas.
¿Es cierto?
¿Cuánto cuestan los liberados sindicales en la DGA?
¿No se puede saber?
¿Por qué motivo?
¿Qué razones hay para ocultarlo?
¿quién quiere salvar la cara?
¿CUÁNDO empezó a torcerse todo? Porque se torció, no hay duda. Hasta llegar a este cínico malvivir, soportando a una impune casta de políticos corruptos que acumula en sus manos todos los poderes. Sin contrapeso.
Que un grupo numeroso de jueces haya hecho explícito lo que es la maldición de este país puede que sea el acontecimiento moral más serio de estos años. Porque lo que los 1.400 proclaman en su Manifiesto por la despolitización y la independencia judicial es seca constancia de aquello sobre lo cual se han erigido los ya tres decenios de corrupción, y sobre cuyo blindaje se asienta el privilegio de los partidos. También, la ruina de la nación. En lo moral como en lo económico.
Nada extraordinariamente nuevo dice este Manifiesto. Fecha el punto de inflexión. Es todo. 1 de julio de 1985. Ley Orgánica del Poder Judicial. A la medida del PSOE de un Felipe González cuya mayoría absoluta se maquinaba entonces ilimitada en el tiempo. Hasta ese día, la Constitución de 1978 había logrado salvar, al menos, esa tabla del colectivo naufragio abierto por el populismo neoperonista que teorizara Alfonso Guerra, al llamar a poner en marcha la máquina de hacer decretos y a enterrar, de una vez, a Montesquieu y su maldito constitucionalismo.
Siey_s formuló un día de hace más de dos siglos que un Estado que no garantiza y blinda la autonomía de los poderes no posee Constitución; todo lo más, un remedo o una máscara. Es, con toda exactitud, lo que aquella nefasta Ley Orgánica puso en pie frente al texto constitucional que, en el 78, garantizaba la elección por los jueces de su órgano de gobierno. A partir del 85, el Consejo General del Poder Judicial fue nombrado directamente por los partidos con representación parlamentaria, en proporción exacta a sus propios escaños. Con las palabras, ahora, de los 1.400 jueces, «la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 procedió a desposeer a los jueces y magistrados de su originario derecho a elegir a 12 de los 21 miembros integrantes del CGPJ (derecho que ya venían efectivamente ejerciendo conforme a su precedente Ley Orgánica de 1980) transfiriendo íntegramente al parlamento la elección de todos ellos». Y, sí, claro que sí, el Consejo General del Poder Judicial pasó desde ese día a ser eso que el Manifiesto describe como un clon o un calco del mapa parlamentario y un brazo ejecutor de los partidos en él representados.
Todo juez español sabe que el destino de su carrera depende, en muy buena parte, del Consejo. Y que el Consejo pertenece a quien pertenece: a quien nombra a sus miembros. «Los nocivos efectos de este degradado uso partidista del nuevo sistema no se hicieron esperar. Rápidamente fueron quedando impregnadas del mismo tinte político las más relevantes decisiones del órgano así elegido». La locura va camino de consumarse en farsa, mediante su multiplicación por 17, para que también los caciques de cada Comunidad Autónoma se sepan tan invulnerables cuanto sus jefes nacionales.
Podemos jugar a engañarnos. Aunque somos lo bastante adultos como para saber que nos estamos engañando y por qué miedos o intereses lo hacemos. Podemos seguir llamando a esto en lo cual vivimos democracia. Pero sabemos que cuando Moratinos, a las órdenes de su jefe, busca torcer el auto judicial que molesta a un caudillo bananero con el cual se hace jugoso negocio es porque ni siquiera puede pasársele por la cabeza que un juez sea otra cosa que un subordinado del Gobierno. Del cual pende, en cada instante, el futuro -o el no futuro- de su carrera. Sí, en 1985 se torció todo. Hasta llegar al borde del abismo. En donde estamos.
GABRIEL ALBIAC.
¿Y el Congreso de los Diputados?
¿Cosas del word?
¿No será va a haber?
¿Va a ver?
¿Eso es castellano?
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