El pasado mes de febrero, el Presidente de esta Asociación, Julio Guiral, se dirigió a las Subsecretarías de los Ministerios de Presidencia, de Economía y Hacienda y de Justicia, en ejercicio del derecho fundamental de petición, para solicitarles la adopción de medidas para corregir la previsión antijurídica contenida en el artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2010, relativa a las retribuciones básicas a percibir por los funcionarios que accediesen a puestos de grupo superior en virtud de "promoción interna temporal".
A dichos escritos, se ha producido la primera reacción, consistente en el acuse de recibo realizado por el Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda, en los siguientes términos:
"Fecha: 2 de marzo de 2010
Asunto:CONTESTACIÓN A ESCRITO DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA.
Por el presente oficio se acusa recibo de su escrito del pasado 19 de febrero por el que se ejercita el derecho de petición ante este Ministerio para que se adopten las medidas necesarias de corrección de la previsión contenida en el artículo 19.2 de la Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, al tiempo que se da traslado del mismo a los Ministerios de la Presidencia, de Justicia y de Política Territorial.
EL JEFE DEL GABINETE TÉCNICO, Carlos Pascual Merino".
Debe destacarse el acuse de recibo efectuado por la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda, ante el escrito remitido en ejercicio del derecho de petición, al que se hace expresa alusión en el escrito de acuse de recibo, pues los escritos de petición que en su día se dirigieron a los miembros del Gobierno de Aragón (Presidente, Vicepresidente y Consejeros), solicitándoles, también al amparo del derecho de petición,que evitasen la aprobación del irregular artículo 19.2 del entonces Proyecto de Ley de Presupuestos, no fueron objeto, por parte de ninguno de ellos, ni de respuesta ni siquiera de acuse de recibo.
No puede sorprendernos que un Gobierno que no tiene reparo alguno en vulnerar la legalidad presupuestaria, incluso en una coyuntura de grave crisis económica como la actual, tampoco muestre respeto alguno por el derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación. Confíamos, sin embargo, en que ninguna de las vulneraciones -la de la legalidad presupuestaria y la del derecho de petición- quede sin la oportuna sanción judicial, como exige la salud del Estado de Derecho que proclama nuestra Constitución Española, algo que algunos parecen haber olvidado. Bueno será que alguien -el Gobierno de España o el Poder Judicial- se lo recuerde.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
20 comentarios:
Esperemos que cumplan con su obligación.
¿Es posible que soplen vientos favorables?
¿Por qué se citan en los editoriales de Heraldo de Aragón contenidos de este blog?
¿Alguien tiene alguna idea sobre ello?
¿Cala el mensaje, como se dijo en la tercera asamblea, celebrada hace pocos días?
¿Se reconoce la oportunidad de esta asociación?
Tienen más de 1.500 trabajadores, suman un presupuesto de casi 900 millones de euros -el equivalente al 15% de las cuentas de la Comunidad- y siguen escapando, pese a todo, al control parlamentario. Pero no solo eso. Las empresas públicas, junto a entidades de derecho público y fundaciones, acumulan ya una deuda cercana a los 400 millones de euros, según los últimos datos disponibles y que hacen referencia a junio del año pasado.
Lejos de disminuir, el endeudamiento del enmarañado sector público aragonés crece año tras año y bate récords. Si en verano de 2008, la cifra -entre empresas públicas, entidades de derecho público y fundaciones- ascendía a 318,2 millones, doce meses después, esta se había disparado a 392,08 millones, lo que supone un incremento del 23,2%. De ellos, 363 corresponden exclusivamente a las empresas.
Con este volumen, que suma tanto la deuda a corto plazo como a largo, el endeudamiento de las empresas públicas suponía ya en junio de 2009 casi un 17% del total de la Administración aragonesa (que se obtiene sumando el de la propia DGA y el del sector público y que ascendía en esa fecha a 2.323,2 millones de euros). Con esas cifras, la deuda pública de la Comunidad Autónoma le costaba entonces 1.768 euros a cada aragonés. No obstante, hay que recordar que para este año el objetivo de la DGA es captar otros 932 millones más, de los que 300 ya se han colocado en el mercado.
El ranquin de las sociedades más endeudadas lo encabezan las empresas públicas que operan en el ámbito urbanístico, esto es, Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) y las distintas plataformas logísticas repartidas por la Comunidad. La sociedad que se encarga de promover viviendas de protección oficial, construir equipamientos educativos y sanitarios y urbanizar suelo industrial, debía entonces 103,5 millones. A SVA le sigue Plaza, que tenía una deuda con los bancos de 75 millones (en 2008, era de 55,8 millones).
No obstante, esta cantidad ha aumentado en los últimos meses. Tal y como publicó este periódico en enero, la entidad se ha visto obligada a endeudarse por más de 100 millones, debido a operaciones fallidas y aplazamientos de pago por parte de empresas. Otro ente vinculado a la plataforma, Plaza Desarrollos Logísticos y que fue creado para preparar la implantación de la factoría de Caladero en Zaragoza, disparó su deuda de 9,4 millones en 2008 a 39,6 en 2009. Por su parte, la plataforma de Huesca (PLHUS) debía 33,4 millones.
Las cifras también son elevadas en el sector de la nieve. Aramón -el holding en que la DGA ostenta un 50% de la propiedad- tenía contraídos créditos por valor de 54,3 millones. Por su parte, Formigal S. A. sumaba otros 20,6 millones, la inmensa mayoría a largo plazo. La lista la completa el Instituto Aragonés del Agua, dependiente del Departamento de Medio Ambiente de la DGA, y que tenía pendientes de amortizar 21,8 millones el año pasado.
HERALDO DE ARAGON.
Las de mayor presupuesto
Todas estas sociedades se corresponden también con las que manejan mayor presupuesto. Así, por ejemplo, Suelo y Vivienda de Aragón gestionará este año 119,9 millones. Por su parte, el Instituto Aragonés del Agua dispondrá a lo largo de todo el ejercicio de 103,6 millones, mientras que Plaza Desarrollos Logísticos, Plaza y PLHUS contarán con 67,6 millones, 44,3 y 5,5, respectivamente.
Este periódico intentó ayer contactar a última hora de la tarde con el consejero de Economía, Alberto Larraz, pero no fue posible. En anteriores ocasiones, el socialista ha defendido que el Gobierno tiene contraídos "muy buenos créditos" y que la carga financiera que sustenta no es, en absoluto, grave.
En el extremo opuesto a estas, se sitúan sociedades como la de Promoción del Aeropuerto de Zaragoza, Sirasa (dependiente del Departamento de Agricultura), Servicios Urbanos de Cerler, Promoción para el Desarrollo de Calamocha, Desarrollo Industrial de Aragón, Aragonesa de Gestión de Residuos o Aeronáutica de los Pirineos, entre otras.
Ninguno de estos entes estaba endeudado a fecha de junio de 2009. Tampoco había contraído ningún crédito para entonces la Corporación Empresarial, que cuenta para este año con un presupuesto de 50,45 millones y cuyos responsables ayer no quisieron hacer declaraciones.
HERALDO DE ARAGON.
Desde fuera de la Administración
El hecho de que Aragón pese tanto en el entramado de empresas públicas autonómicas es la constatación de una clara apuesta del Gobierno autonómico por emprender los proyectos desde fuera de los resortes habituales de la administración. Un ejemplo es la decisión de que todo lo relacionado con la logística esté controlado por empresas públicas de la DGA (hay tres diferentes para este mismo cometido) en vez por ejemplo de que sea el Departamento de Industria o el de Obras Públicas el que dirija esta apuesta política del Gobierno autonómico.
También tiene especial importancia el peso de Aramón, ya que a todos los efectos el Ministerio de Economía y Hacienda lo contabiliza como un ente autonómico, debido al porcentaje que controla la DGA en la citada sociedad.
Los datos que recoge el Ministerio de Economía y Hacienda reflejan además las prioridades del Gobierno de Aragón con este tipo de entes. Llama la atención que el área en el que menos presencia tiene con fundaciones y otros entes es la educación. Solo el 4,5 % de las entidades dependientes de la DGA se dedican a este fin. Es justo la mitad que la media de las otras Comunidades. También está por debajo en lo que se refiere a actividades sanitarias y servicios sociales.
Todos estos datos se conocen gracias a una imposición del Gobierno central a las autonomías, a las que obligó a enviar toda la información sobre este tipo de entes. El acuerdo se formalizó en un Consejo de Política Fiscal y Financiera y fue impulsado por el ya ex vicepresidente económico, Pedro Solbes.
HERALDO DE ARAGON.
Comentario:
Afortunadamente tenemos Heraldo de Aragón que no se esconde a la hora de hablar de temas incómodos para los políticos. Aquí en Huesca todo es una balsa de aceite , la prensa del "movimiento" , que vive de la publicidad institucional no se moja ni aunque caigan chuzos de punta.
Comentario:
Las empresas públicas sirven para simular una gestión independiente o una supuesta mejor administración del dinero. En realidad son un canal abierto para colocar amiguetes o familiares o realizar contratas o adjudicaciones sin un paso del todo claro por los presupuestos municipales o autonómicas. se asemejan a esas empresas fantasmales que se usan para blanquear dinero (una lavandería china en Nueva York o Chicago en los años 40 y siguientes). Es deuda de los ayuntamientos y comunidades autónomas que no se refleja en las contabilidades generales, se le da una tercera columna y distinta denominación y así... "todo va bien".
Comentario:
Las empresas públicas son una ruina, han duplicado y triplicado gasto y empeorado la gestión y eficacia en lo público.Entidades sin control donde se colocan personas de cada partido según el sector de la empresa en el reparto del pastel público.Mucho control para el ciudadano y ninguno para el gran hermano de la administración.Dejen de robar
Ya hay una clasificación en la que Aragón supera a Madrid y Cataluña. La DGA es el segundo gobierno autonómico que más dinero deja fuera del sistema público. En total, el 13,53 % de todo el capital social de las 539 empresas creadas por los gobiernos autonómicos es aragonés. Esta cifra solo la supera Valencia, cuyas empresas públicas suponen el 31 % de los fondos totales que tiene el entramado empresarial de las 17 autonomías. Tras el Gobierno valenciano y el aragonés se sitúa la Generalitat de Cataluña, que en este caso pesa el 12,3 %.
En la otra punta de la lista se encuentran varias de las vecinas de Aragón. Por ejemplo, La Rioja parece haber hecho una clara apuesta por no externalizar su administración autonómica, una vez que solo representa en esta clasificación el 0,94 por ciento del total. Castilla-La Mancha y Castilla y León rondan ambas el 1,5 por ciento.
La apuesta de Aragón por manejar el dinero a través de este tipo de entes lleva a otra consecuencia. Aragón también está en la cabeza de una clasificación que no es para que el Ejecutivo PSOE-PAR esté muy orgulloso. Según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, Aragón es la cuarta Comunidad que más porcentaje de entidades tiene de "naturaleza privada". En total, aproximadamente el 65 % de los entes dependientes de la DGA son considerados de este tipo y solo el 35 de las entidades creadas por la DGA se consideran de "naturaleza pública". En este caso, la Comunidad que lidera la clasificación es la vecina Navarra.
La decisión de que una entidad se rija por el derecho privado y no por el público permite por ejemplo a la DGA dar menos información a las Cortes, además de tener menos controles también financieros y de gestión.
Si se tiene en cuenta solo el número y no el capital, Aragón ya vuelve a un lugar más lógico, aunque todavía muy por encima de lo que pesa en España tanto por población como por PIB. Según el número de empresas creadas, supone el 7,8 %, la mitad por ejemplo que Andalucía.
HERALDO DE ARAGON.
Esto parece ir en serio.
¿Y qué capacidad de reacción tiene el Gobierno?
Yo confío en el rigor del Tribunal de Cuentas.
Al menos en el gasto de personal, la DGA sí cumplirá las recomendaciones del Ministerio de Economía y Hacienda. Fuentes del Ejecutivo autonómico aseguraron ayer que están aplicando y van a aplicar medidas de suficiente calado como para garantizar que el capítulo de gastos de personal de los Presupuestos caerá un 4 % desde 2010 a 2013, tal como va a exigirles el Gobierno central. De momento, en las cuentas actuales se reduce un 0,34 por ciento. Hasta ayer, las fuentes oficiales de la DGA argumentaban que ya consideraban suficiente el ajuste de 2010. Incluso, el consejero de Economía, Alberto Larraz, había insistido por la mañana que cada Gobierno es "autónomo".
Sobre las otras medidas que ha solicitado el Gobierno central (reducción del número de empresas públicas, reducción del número de altos cargos y rebaja de determinados sueldos), siguen sin ser asumidas desde la DGA. En cualquier caso, estas fuentes oficiales garantizan que cumplirán el objetivo final, que es tener un déficit del 3 por ciento en 2013, de ahí que aseguren que no va a haber problemas con Madrid.
Según argumentan desde la DGA, el 4 por ciento de la reducción del gasto en sueldos se va a conseguir a través de aplicar varias medidas de choque. La primera es la "inaplicabilidad de los acuerdos relativos a la carrera profesional" en Sanidad y en el ámbito de la administración general. Además, como ya se acordó de cara a los Presupuestos de 2010, también se ha decidido no cubrir las vacantes que haya, salvo en las áreas de sanidad y educación, que podrán cubrir esas plazas tras una autorización de la Consejería de Economía. Respecto a los sueldos, los altos cargos no se lo bajan, pero sí lo congelan, circunstancia que se aplica desde 2009.
HERALDO DE ARAGON.
Sueldos en las sociedades
Por lo demás, el Gobierno asegura en un documento que analiza sus Presupuestos para 2010 que ha asumido el compromiso de "limitar" las nuevas contrataciones a través de empresas públicas. En este punto ya no habla de congelación ni de no cobertura de vacantes. Sí plantea la "necesidad de informe previo" de la Corporación de empresas públicas tanto para esas contrataciones como par "la modificación de sus condiciones salariales".
A este cambio de actitud de la DGA puede haber ayudado la determinación de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, quien insistió ayer que las Comunidades Autónomas tendrán que presentar un plan de ahorro al Gobierno central. "Además, resaltó que deberá ser "similar" al de la Administración del Estado, por lo que confirmó la obligación de reducir un 4 % los gastos de personal. "Van a tener que hacer sacrificios, pero van a contribuir a mejorar la situación de la economía", expresó.
La vicepresidenta rechazó en cualquier caso que se imponga "un techo de gasto" a las Comunidades, como ha solicitado el PP, que ha propuesto a los socialistas un pacto para llegar a un acuerdo de una fuerte limitación del gasto público autonómico. Desde el PSOE han rechazo la propuesta por considerar que no era necesaria.
HERALDO DE ARAGON.
Sobre las dudas de si la DGA puede rebajar un 4 por ciento su gasto de personal sin reducir sueldos, habrá que esperar a conocer qué dato maneja la Consejería de Economía sobre el personal que prevé que se jubilará hasta 2013. "El decrecimiento vegetativo de la Administración si no se contrata gente nueva es muy importante todos los años", aseveró ayer el consejero de Economía, Alberto Larraz. En el Gobierno central no tienen tan claro que sea suficiente, tal como remarcaron altos cargos la pasada semana. En el caso de Aragón, toca esperar a que el consejero Larraz facilite la previsión que tiene de jubilaciones en estos cuatro años y si es equivalente, junto a las otras medidas, a una reducción del 4 por ciento del total del gasto. Será tarea del Consejo de Política Fiscal y Financiera decidir si es suficiente o no. Otra baza además a tener en cuenta es la inflación, que según cómo se comporte puede ser clave para que se llegue al recorte de ese 4 por ciento.
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¿Y la cesión ilegal de trabajadores de estas empresas a la Administración autonómica; personal que ocupa puestos de trabajo y medios públicos en las dependencias oficiales, donde debería haber funcionarios?
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