Esta Asociación va a dirigirse al Justicia de Aragón para pedirle que sugiera al Gobierno de Aragón la elaboración de un Boletín estadístico sobre situación y evolución del empleo público de la Administración de la Comunidad Autónoma, como elemento de transparencia y rendición de cuentas y como documento imprescindible para que las decisiones a adoptar en materia de personal no puedan ampararse en la pura discrecionalidad política, y permitan el control parlamentario sobre la política de personal y el conocimiento por los ciudadanos de la situación de los puestos de trabajo a los que tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad, como se establece en el artículo 23.2 de la Constitución Española.
Cualquier decisión que deba adoptarse en materia de empleo público debe partir del conocimiento de los datos objetivos sobre la realidad existente y de la fijación de criterios a aplicar, coherentemente con la previa determinación de los objetivos a alcanzar. El peor de los escenarios posibles –y no debe destacarse que sea la situación que vive la Administración de la Comunidad Autónoma- sería aquel en que se carece de información fiable y consolidada, no existen criterios de decisión establecidos ni se cuenta con objetivos a alcanzar.
Todo ello viene a cuento de los posibles debates sobre el volumen de efectivos de las Administraciones Públicas y las necesarias medidas de contención del gasto público, para reducir el peso del déficit público acumulado. Las decisiones que se tomen en la materia corresponden al ámbito de la responsabilidad política o de gobierno y su control y valoración al ámbito parlamentario y al conjunto de la opinión pública. Ninguna de ambas funciones se puede realizar de forma racional y eficaz sin una información básica fiable y accesible para todos los que, de un modo u otro, han de intervenir en la deliberación, adopción y control de las medidas de ahorro.
¿Es posible asegurar, sin datos reales, que sobran funcionarios públicos?¿Qué tipo de funcionarios y en qué ambitos de la Administración? ¿Cuál puede ser el impacto de las medidas que se adopten en los diferentes servicios públicos? ¿Se suprimen efectivos de forma genérica y aleatoria o se opta por suprimir programas de actuación que no resulten prioritarios? ¿Qué efectivos hay adscritos a dichos programas? ¿Cuál es su relación de servicios con la Administración?
No hacemos las anteriores preguntas porque pensemos que haya que darles necesaria respuesta, sino simplemente porque entendemos que la respuesta que se diera no estaría basada en información fiable y consolidada, de conocimiento público, sencillamente porque los responsables de Función Pública no han querido nunca impulsar la elaboración de un Boletín estadístico del personal al servicio de la Administración autonómica, algo perfectamente realizable con una adecuada explotación de los datos del Registro de Personal.
No sólo no han tenido nunca iniciativa para impulsar un documento con información estadística sobre la realidad del empleo público, sino que, cuando se les ha sugerido desde esta Asociación al amparo del derecho fundamental de petición, ni siquiera se ha contestado, lo que constituye una forma vergonzante de denegar lo solicitado. Peor todavía ha sido la reacción de la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón a la proposición no de ley formulada por el Grupo Parlamentario Popular sobre dicho boletín estadístico, rechazada por los grupos que apoyan al actual gobierno de coalición. ¿Cabe concebir un Parlamento que rechaza disponer de la imprescindible información sobre la Administración Pública para ejercer adecuadamente su labor de control e impulso de la acción de Gobierno? ¿Es imaginable que los miembros del Consejo de Administración de una empresa no quieran recibir información sobre la evolución y el estado de la plantilla de la empresa? ¿No hay que saber distinguir cuándo la complacencia con el gobierno constituye una dejación del deber institucional que les corresponde, como representantes de los ciudadanos?
Esta Asociación lamenta que un Gobierno se niegue a algo tan elemental como es posibilitar la elaboración de un Boletín estadístico sobre situación del empleo público en la Administración de la Comunidad Autónoma. Sin disponer de esa información, no cabe adoptar ninguna decisión estratégica con fundamento que afecte a la política de recursos humanos de la Administración autonómica. Dicha información es un elemento básico de transparencia en la gestión pública, que debiera hacerse público para conocimiento general de los ciudadanos, y constituye una herramienta necesaria para el control parlamentario de la política de personal llevada por el Gobierno de Aragón.
Por dicho motivo, y dada la falta de respuesta del Consejero de Presidencia a la petición formulada en su día sobre elaboración de un Boletín estadístico, esta Asociación va a solicitar la intervención del Justicia de Aragón para que sugiera al Gobierno de Aragón la elaboración de dicho Boletín como elemento de transparencia y de rendición de cuentas y como documento imprescindible para que las decisiones a adoptar en materia de personal no puedan ampararse en la pura discrecionalidad política, y permitan el control parlamentario de la política de personal y el conocimiento de los ciudadanos sobre la situación de los puestos de trabajo a los que tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad, como se establece en el artículo 23.2 de la Constitución Española.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
40 comentarios:
¿Sabéis algo de la Ley de Empleo Público?
Fantástico el artículo de Mikel Iturbe de hoy: la apuesta por la transparencia se demuestra andando. Y este Gobierno lucha denodadamente porque no haya transparencia. Les molesta la luz, como a los murciélagos y vampiros. ¿Por qué?
La Cámara de Cuentas, pendiente
No obstante, le da una opción -nada frecuente hasta ahora- al PP. Le permite acudir a las oficinas de Plaza para consultar la documentación. Pero la que "autorice" el consejo de administración y con cita previa. Para el PP, estas respuestas (con las que se quitan de encima 31 solicitudes de información) constituyen "una desvergüenza y un toque de cinismo insoportable". "Es inadmisible que las empresas públicas no estén controladas por el Parlamento, cuando todos los informes jurídicos avalan nuestra labor de control", denuncian. Precisamente, está pendiente de constituirse la Cámara de Cuentas para fiscalizar directamente estas empresas que escapan al control parlamentario.
A las otras 44 solicitudes de información, de la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón y de Plaza referidas a 2004, 2005 y 2006, la DGA contesta con que "no se facilita la documentación solicitada por no corresponder a esta legislatura" y considera que el uso de esta información en futuras iniciativas, durante esta legislatura, "no estaría amparado por los usos y la práctica parlamentaria".
IU discrepó y dijo que toda la información requerida ha sido facilitada sobre Expo, Ciudad del Motor, Plaza..., lo que ha servido para que el diputado plantee sus iniciativas. La Asociación para la Defensa de la Función Pública denunció "la falta de controles de eficacia y eficiencia" en estas sociedades.
HERALDO DE ARAGON.
La información solicitada resulta tan abundante que la confección de la respuesta exige medios humanos y materiales extraordinarios, de los que carece la empresa Plataforma Logística de Zaragoza, Plaza S.A.". Esta es la última excusa (de ayer mismo) que ha dado el Gobierno de Aragón a la oposición para no suministrar información sobre las empresas públicas, pese a que en ellas -según el propio Ejecutivo- trabajan una media de 1.500 personas.
En concreto, se trata de una respuesta a una de las cientos de solicitudes de información planteadas por el PP. Hasta ahora, la DGA se había escudado en la ley de protección de datos (esta vez también la ha recordado) para evitar informar de determinados asuntos. CHA fue 'víctima' de este argumento hace apenas unas semanas cuando solicitó nombres y retribuciones de altos cargos de empresas públicas y solo se respondió a lo segundo.
La DGA también evita responder a peticiones de años anteriores a esta legislatura y a asuntos que tienen que ver con empresas en las que participa de forma minoritaria. "Son sociedades públicas pero como todas las administraciones tienen un porcentaje pequeño, nadie da explicaciones y no informa nada", denunció el diputado de CHA Chesús Yuste. A fecha de hoy, la DGA tiene pendientes 671 peticiones de información sobre este asunto de la oposición.
Esta vez, el argumentario se ha ampliado, según consta en la última respuesta a 75 de las 740 peticiones de información planteadas por el PP sobre empresas públicas, que se formularon ante "la denegación constante -según los populares- a informar". No obstante, hay que recordar que desde que se creó la Corporación Empresarial, el Gobierno ha ofrecido al PP participar en los consejos de administración. Estos lo han rechazado hasta que se "garantice" que van a obtener la información solicitada.
En este caso, las peticiones contestadas -eso sí, sin ningún dato- hacen referencia a la plataforma logística de la capital aragonesa y, en concreto, a asuntos tan ordinarios como expedientes sobre las modificaciones de obras aprobadas, los contratos de compraventa de suelo, las operaciones de crédito, facturas de gastos de representación, actas de los consejos de administración, contratos de obras y servicios adjudicados... Todos referidos a 2007, 2008 y 2009.
El Departamento de Obras Públicas, del que depende esta sociedad y de acuerdo a un informe de su director gerente, se escuda -además de en la escasez de medios- en que la revelación de la información supondría "una vulneración flagrante del deber de secreto" y un incumplimiento "flagrante de una obligación legal de custodia" del archivo social de la empresa si se reprodujeran determinados documentos. También insisten en que algunos de los datos afectan a terceras personas físicas o jurídicas y "su revelación podría constituir un incumplimiento del deber de confidencialidad". Y, como viene siendo habitual, esgrimen la Ley de Protección de Datos para evitar informar.
HERALDO DE ARAGON.
Aunque el Ejecutivo PSOE-PAR no quiera, tendrá que hacerlo. El Gobierno central ha anunciado su intención de exigir a todas las autonomías que sigan su ejemplo y se comprometan a reducir hasta 2013 un 4 % el dinero que dedican a sueldos. La propuesta, que forma parte del último documento de medidas anticrisis elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda, la expondrá el Ejecutivo a las Comunidades en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En el caso de Aragón, tanto el consejero de Economía, Alberto Larraz, como el propio presidente Marcelino Iglesias, consideran que ellos han hecho ya los deberes y que por tanto no tienen por qué sumarse a las nuevas medidas de ahorro. En concreto, fuentes de la DGA reiteraron ayer que el ajuste que debían hacer lo hicieron con los Presupuestos de este año.
En el capítulo de gastos de personal de esos presupuestos, la DGA impulsó un recorte de 0,34 puntos, muy lejos aún de los 4 puntos que exige Madrid hasta 2013. En el capítulo de gasto corriente sí ha acometido un recorte más profundo, de algo más de 6 puntos.
Aunque en la DGA se muestran reticentes a recortar más de lo previsto en 2010 y a profundizar en ese camino en 2011, las directrices del Ministerio de Economía son claras y desde el Gobierno central apuestan por no hacer excepciones en la exigencia de rigor presupuestario. Según el último documento ministerial, la exigencia a las autonomías de que reduzcan el capítulo de sueldos está vinculado con otro mandato, la reducción del déficit al 3 por ciento del PIB, para lo cual han de colaborar todas las autonomías.
En el caso de Aragón, visto el tímido gesto de 2010, la reducción en gasto de personal tendría que pasar por recortar el número de altos cargos y por reducir considerablemente las convocatorias de empleo público.
HERALDO DE ARAGON.
Controversia entre autonomías
El Gobierno de Aragón no es el único que rechaza afrontar estos recortes. Se han sumado a esta estrategia autonomías como Valencia, Madrid y Asturias. En todos los casos, consideran que es el Gobierno central quien debe protagonizar el recorte y alegan que ya hicieron los deberes previamente.
Pero hay también otras autonomías que se han mostrado más receptivas, la mayoría socialistas. Por ejemplo, el presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, se ha comprometido a reducir el número de consejerías. Además, también ha hecho diversas declaraciones que apuntan a un compromiso de ahorro público en la línea de lo que demanda el Gobierno central.
Parecido ha ocurrido en Extremadura. Su presidente, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado solemnemente su compromiso de reducir el número de empresas públicas y de altos cargos. En este caso hasta en un 30 por ciento.
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, fue pionero, ya que suprimió hace unos meses tres consejerías y también numerosos altos cargos. Prevé reducir el listado de colocados 'a dedo' en un 25 %.
Según explican diferentes fuentes, detrás de estas posiciones enfrentadas están las autonomías que consideran que el Gobierno no debe tratar a todas por igual ya que no parten de situaciones semejantes (es la opinión de la DGA) y los gobiernos autonómicos que apuestan por medidas colectivas sin distinción. De momento, el Gobierno central ha decidido no discriminar y exigir a todos los mismos sacrificios.
HERALDO DE ARAGON.
Bajar sueldos de las empresas
Y si cada medida de ahorro que propone el Gobierno central conlleva la incertidumbre de qué hará la DGA, ayer la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, propuso otra que seguro que genera más controversia. La vicepresidenta anunció la decisión de reducir el salario a los directivos de las empresas públicas estatales. Este compromiso se une al de la propia reducción del número de empresas y de altos cargos.
Hasta ahora, la Corporación de empresas públicas aragonesas ya ha dejado claro que no tiene en su agenda ni la propuesta de reducir empresas públicas ni la de altos cargos. Queda la duda de si tampoco asumirá la propuesta de De la Vega de reducir sueldos.
HERALDO DE ARAGON.
Comentario:
Tienen muy fácil ahorrar, si cerraran unas cuantas empresas públicas, que si antes no existían era porque no hacían falta, se ahorrarían muchos sueldos, sobre todo de gente que no ha aprobado una oposición y que son "amiguetes", lo mismo digo de fundaciones que no tienen nada que hacer actualmente,tiene personal contratado que debe estar mano sobre mano. A todo esto hay que sumar los gastos de los edificios donde están situadas estas empresas y fundaciones. Pero claro echar a la calle a los "amiguetes" es muy duro, es mejor meterse con los funcionarios que han conseguido su puesto a base de estudiar y sin conocer a nadie. También sería interesante que se redujeran las plazas de jefaturas de sección y de servicio, hay demasiadas y supone mucho gasto.
Comentario:
Los politicos realmente son gente designada por el pueblo para que manejen el dinero a su antojo sin tener a nadie que les exija claridad en las cuentas, deberian dar el nùmero de personas, sus nombres, lo que ganan, todo. Deben de tener en cuenta que no es su dinero. BOCHORNOSO
Comentario:
Marcelino con tu silencio y el dejar hacer estas poniendo las cosas muy facil al P.P.. Biel siempre estará ahi y será el que siempre saque partido, nunca mejor empleado ese termino. Termina tu legislatura bien, con la cabeza alta,que Aragón te recuerde como el presidente que hizo algo bueno, parece que eso no te importa ya que el pueblo olvida pronto, tienes razón el pueblo olvida pronto y a ti tambien te olvidaremos como olvidamos a Pepe Marco que pasó a la historia de Aragón un pobre sillon. Saca fuerzas en estos ultimos momentos que te quedan y pon un poco de orden en la Casa que te dimos entre todos.
El Grupo del PP en las Cortes ha presentado una proposición no de ley para conseguir "la reestructuración, la regulación, la deducción y el control" del sector empresarial público aragonés, que para los populares se ha constituido en una "administración paralela" con "falta de transparencia" y un "alto coste" para las arcas públicas.
El portavoz del PP, Eloy Suárez, ha presentado esta iniciativa, de catorce puntos, que pretende que el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, deje de "mirar hacia otro lado" y se avenga a aplicar en la administración autonómica "medidas de austeridad", sobre todo relacionadas con el "entramado" de empresas, fundaciones, consorcios y entidades de derecho público, que se ha convertido en un "peligroso lastre" para Aragón.
Además, ha añadido Suárez, es una herramienta con la que el Gobierno de Aragón, "conscientemente", se ha burlado del "principio elemental y básico de transparencia" y ha eludido el control parlamentario.
La estructura empresarial pública del Gobierno de Aragón estaba integrada al finalizar 2010 por 77 empresas, de las que 23 tienen participación mayoritaria del Ejecutivo y en las 54 restantes participa de forma minoritaria. A éstas hay que añadir nueve fundaciones y dos consorcios.
Entre las sociedades mercantiles, las fundaciones, consorcios y las entidades de derecho público se gestionan 900 millones de euros, lo que supone un sexto del presupuesto de la Comunidad, dinero sobre el que el Gobierno de Aragón está obligado a dar explicaciones, ha incidido Eloy Suárez.
"La mayor parte del entramado empresarial es ineficaz, hay un derroche de recursos públicos y en algunos casos se duplican las tareas del gobierno y de las empresas", ha añadido el portavoz popular.
HERALDO DE ARAGON.
¿En qué piensan?
¿A qué esperan?
¿Por qué no aparecen asociaciones como esta en otras administraciones de España?
El Senado ha comenzado a dar los primeros pasos para que los diputados y senadores tengan menos vacaciones y se puedan habilitar los meses de enero y julio para reanudar la actividad parlamentaria. Las quejas sobre las largas vacaciones de los parlamentarios parecen que no han caído en saco roto,y el presidente de la Cámara Alta, Javier Rojo, ha decidido coger el toro por los cuernos y, ayer, en la Junta de Portavoces del Senado, presentó una propuesta formal.
Rojo ha intentado frenar las críticas para que no fueran a más, y anunció a los portavoces que ha encargado un informe a los letrados del Senado para ver cómo se pueden habilitar estos dos meses, ya que las vacaciones de los parlamentarios están fijadas en el artículo 73 de la Constitución. Una vez que tenga en su poder este informe, que podría ser la semana que viene, Rojo organizará un almuerzo con los portavoces para hacerles llegar su contenido.
En principio, ninguno de los portavoces pusieron ninguna objeción a la iniciativa de Rojo. Desde el Grupo Popular, la portavoz adjunta, Rosa Vindell, aseguró a ABC que a su formación política esta propuesta «nos parece extraordinariamente bien», pero matiza que los plenos deben ser completos, «con sesión de control al Gobierno. También el Grupo Catalán de CiU en el Senado se sumó al apoyo del PP. Su portavoz, Jordi Vilajoana, aseguró que la propuesta es bienvenida si sirve «para demostrar que trabajamos».
Esta medida, que también afectaría al Congreso, fue bien acogida por el PP en esta Cámara.
ABC.
El descubrimiento de cómo la corrupción y los paraísos fiscales minan el desarrollo de los países pobres "creó en mí una indignación imposible de aplacar", advierte, concentrada en cada palabra, la eurodiputada Eva Joly (Oslo, 1943). Como magistrada, sacudió la élite económica y política francesa con la instrucción del caso Elf-Aquitaine, que acabó con varios directivos de la petrolera en la cárcel. Junto con Daniel Cohn-Bendit en la formación Europe Écologie, dieron la campanada en las elecciones europeas al lograr casi tantos votos como el PS. Ahora planea desenmascarar y acabar con la perniciosa relación entre paraísos fiscales y subdesarrollo en África. También asesora a Islandia en la investigación sobre las causas del desplome de su sector bancario. No conviene minusvalorar su determinación en ninguna de las dos tareas. La que sigue es una version ampliada de la entrevista publicada en la edición en papel de La Vanguardia del 28-II-2010.
¿Qué quiere hacer desde el Parlamento Europeo?
Fue una inmensa alegría ser nombrada presidenta de la comisión de Desarrollo, es cosa del destino. En estos años voy a intentar poner la lucha contra los paraísos fiscales en la agenda política como un elemento clave de la política de desarrollo.
¿La lucha contra la corrupción seguirá siendo el hilo de su carrera?
Ha sido una constante desde que a los 52 años, por azares de la vida, descubrí que la corrupción no era un fenómeno marginal. A través de mis investigaciones vi que era un sistema y no un accidente, que las multinacionales tenían fondos secretos, que la corrupción formaba parte de sus prácticas comerciales… También descubrí la relación que esto tiene con África y comprendí que los africanos estaban financiando a una parte de la élite francesa. Y eso me indignó. En el caso Elf, vi el papel de los paraísos fiscales en tapar esos flujos. A partir de ahí decidí dedicar el resto de mi vida a combatir la corrupción, el blanqueo... Durante siete años trabajé para el Gobierno noruego en la lucha contra la corrupción, primero a nivel nacional y luego en la vertiente del desarrollo, para empujar a actuar a otros países. Pero decidí entrar en política porque vi que eso no bastaba, que es necesario cambiar el sistema.
BEATRIZ NAVARRO
LA VANGUARDIA
Roberto Calderoli avrà dunque il suo da fare per convincere molti colleghi a votare l’emendamento che equipara le regole per le candidature a Camera e Senato a quelle previste per gli amministratori locali. Qualcuno, è vero, avrebbe voluto misure ancora più drastiche. Come l’ineleggibilità perpetua per i corrotti. «Era troppo», ha ammesso il ministro della Semplificazione. Si tratta comunque di paletti molto più rigidi rispetto a quelli (praticamente inesistenti) che finora devono superare gli onorevoli, visto che vietano l’elezione ai condannati in via definitiva per una serie di gravi reati, quali sono quelli contro la pubblica amministrazione. Ma che nemmeno ora, proprio mentre la politica italiana è alle prese con uno dei passaggi più difficili dalle inchieste di Mani pulite, hanno potuto evitare il solito brutto spettacolo. Basta dare un’occhiata alle liste per le elezioni regionali chiuse poche ore prima che il Consiglio dei ministri approvasse il disegno di legge. Dalla Campania, dove la capolista del Pdl Mara Carfagna, ministro delle Pari opportunità, si è battuta con impegno («applicheremo il codice etico in maniera diffusa»), arriva purtroppo una lezione assai istruttiva. Lì si è presentato, questa volta con il centrodestra, un consigliere regionale ex centrosinistra condannato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa già sospeso dall’incarico a maggio per decreto della presidenza del Consiglio. La sua candidatura è stata addirittura sconfessata dal possibile futuro governatore del suo schieramento, Stefano Caldoro, che ha pubblicamente dichiarato: «Non voglio i suoi voti».
Ma Roberto Conte ha avuto ugualmente il posto in lista. E il vicepresidente del Consiglio regionale Salvatore Ronghi, dell’Mpa, per protesta non si è candidato. Sempre in Campania sono stati poi riproposti in lista due esponenti del centrodestra e uno del centrosinistra «avvisati» con l’ipotesi che abbiano riscosso indebiti rimborsi chilometrici dal Consiglio regionale. Per non parlare della polemica innescata dalla presidente del Consiglio, Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella. Destinataria di un «divieto di dimora» nell’ambito di un’inchiesta per cui è indagata, si è comunque ripresentata capolista dell’Udeur a Napoli e Benevento. Farà la campagna elettorale da Roma, e siccome non gli va giù se l’è presa con il candidato governatore della sinistra Vincenzo De Luca: «Lui può fare la sua campagna elettorale come se nulla fosse, nonostante abbia due procedimenti giudiziari in corso e io invece sono costretta all’esilio dalla mia terra». Che spettacolo! D’accordo che in base alle regole attuali l’ineleggibilità alla Regione scatta solo in caso di condanna definitiva. Ma la domanda finale resta: tutti segnali coerenti con le promesse?
Sergio Rizzo
IL CORRIERE DELLA SERA.
ETICA PUBBLICA E NUOVE REGOLE
Una promessa da mantenere
Ieri ci hanno promesso che la corruzione verrà colpita senza esitazione e che i parlamentari condannati non potranno essere candidati. Una promessa è una promessa e anche se i nostri politici non sono famosi per mantenerle, stavolta vogliamo crederci. Nel comunicato stampa di palazzo Chigi c’è una frase chiara: le iniziative contenute nel disegno di legge contro la corruzione «rispondono alla domanda di trasparenza e controllo proveniente dai cittadini». Pare di capire che senza gli scandali a ripetizione di queste settimane che hanno indignato l’opinione pubblica e riesumato il fantasma di Tangentopoli non si sarebbe fatto nulla. La credibilità del sistema politico non è mai stata così bassa dalla fine della cosiddetta prima repubblica. E l’unica cosa che può forse evitarle di precipitare definitivamente sotto i piedi è una legge che mostri in modo inequivocabile la volontà di rialzare il livello morale. Per questo la promessa merita attenzione. Ma l’istinto di sopravvivenza dei politici riuscirà a fare il miracolo? Purtroppo la strada è ancora molto lunga. Come è lunga quella dei disegni di legge che al pari di questo devono superare nell’identico testo l’esame della Camera e del Senato. Dove i parlamentari nei guai con la giustizia non mancano, e questo non è un presupposto ideale per immaginare un percorso in discesa. Ma soprattutto dove è passato il concetto che si possano pacificamente aggirare tutte le regole di ineleggibilità e incompatibilità semplicemente interpretando le leggi. E questo è un problema forse ancora più difficile da risolvere.
ROMA - «Mi dimetto per allontanare da me e dalla Camera alta questa ignominia». Nicola Di Girolamo ha preso la parola nell'aula del Senato per spiegare il perché delle proprie dimissioni, presentate a seguito del coinvolgimento nell'inchiesta sul riciclaggio e poi approvate dall'assemblea attorno a mezzogiorno. I sì sono stati 259, i no 16, 12 gli astenuti. A favore hanno dichiarato di votare tutti i gruppi parlamentari, ma in 28 - il voto era a scrutinio segreto - hanno disubbidito alle indicazioni del gruppo di appartenenza. Il senatore, ormai ex, si è poi costituito in serata a una struttura delle forze dell'ordine a Roma per essere condotto in carcere.
IL CORRIERE DELLA SERA.
En Grande-Bretagne, comme dans beaucoup de pays démocratiques, certains politiciens se croient au-dessus des lois, voir Berlusconi. Pas étonnant que certains citoyens ne se donnent plus la peine d’exercer leurs droits politiques et méprisent profondément la classe politique. Les conservateurs auront-ils le courage d’exclure immédiatement lord Michael de leurs rangs? C’est probablement la seule issue possible pour conserver un minimum de crédibilité à une dizaine de semaines des élections.
A quelques mois des élections législatives (leur date n'est pas encore fixée), le parti conservateur britannique vient de se découvrir un vice-président embarrassant. Michael Ashcroft, membre de la Chambre des Lords, a avoué, lundi 1er mars, qu'il ne payait pas l'intégralité de ses impôts en Grande-Bretagne.
Michael Ashcroft mène actuellement la campagne des conservateurs dans des circonscriptions clés. En cas de victoire de son camp aux élections, il a promis de devenir un contribuable britannique à part entière. Une promesse déjà formulée il y a plusieurs années, et qu'il n'a jamais tenue, comme le prouvent des échanges de courriers publiés dans la presse.
Le Guardian a rendu publique l'intégralité de ces courriers, entre Tony Blair (alors premier ministre), William Hague (alors chef de file des Tories) et le comité qui a attribué à Michael Ashcroft son titre de lord.
LE MONDE.
Lord Ashcroft, vice-président du Parti conservateur, a avoué ne pas payer d'impôts en Grande-Bretagne.
De notre correspondant à Londres
À moins de trois mois des prochaines élections législatives, lord Ashcroft, le vice-président du Parti conservateur, a reconnu qu'il ne payait pas d'impôts en Grande-Bretagne. Cette révélation met David Cameron dans une position inconfortable, alors que l'avance sur Gordon Brown a fondu comme neige au soleil. Le baron Michael Ashcroft, milliardaire, 37e fortune du royaume et membre de la Chambre des lords a précisé dans un communiqué qu'il avait le statut de non-résident fiscal, ce qui l'exempte de payer des impôts sur ses revenus venant de l'étranger. Ce privilège est normalement réservé aux non-Britanniques qui n'ont pas l'intention de passer toute leur vie en Grande-Bretagne.
Depuis quelques mois, David Cameron et son numéro deux, William Hague, restaient évasifs quand les médias les interrogeaient sur ce sujet. Lundi, le leader des tories a tenté de minimiser l'affaire, expliquant «que les questions que se posaient les gens ont maintenant une réponse» et qu'on pouvait maintenant «se concentrer sur la campagne électorale». Malgré ces dénégations, l'épisode porte un coup dur à l'image de Cameron, qui a rappelé à de nombreuses reprises son intention de nettoyer la politique après le scandale des notes de frais des députés.
LE FIGARO.
Comentario:
C'est consternant de voir que les plus riches sont les moins contrôlés et pendant que les autres citoyens sont harcelés au moindre incident bancaires ou autres - ou se trouve la logique - les riches dépensent et les pauvres doivent payés c'est ça la démocratie de nos jours il n'y à qu'à voir avec la crise l'état donne de l'argent aux plus puissants et les pour les autres citoyens des taxes impôts c'est décadent comme société - je ne crois plus en la politique ni en notre constitution tout cela semble corrompu et sans retour
Homme clé des élections
Pendant plus de deux ans, les conservateurs ont caracolé en tête des sondages, avec jusqu'à 20 points d'avance sur le Labour mais la situation est devenue critique depuis quelques jours. Une enquête publiée dimanche par le Sunday Times donnait même les travaillistes vainqueurs des législatives que le premier ministre doit organiser avant le 3 juin, et qui auront probablement lieu le 6 mai.
Lord Ashcroft est un homme clé dans le dispositif électoral des tories. Il a été chargé par Cameron de superviser la campagne dans les dizaines de circonscriptions que la droite doit absolument remporter si elle veut avoir la majorité à la Chambre des communes. Lord Ashcroft décide non seulement de la stratégie électorale dans ces régions où l'avance des travaillistes ou des libéraux démocrates avait été très marginale lors du dernier scrutin en 2005, et il met aussi en jeu sa fortune personnelle pour payer de nombreux frais de campagne. En dix ans, il a déjà donné plus de quatre millions de livres aux conservateurs, dont il est de loin le plus généreux donateur.
Le ministre de l'Intérieur Alan Johnson a accusé les tories d'être «financés par quelqu'un dont le comportement est antipatriotique.» Peter Mandelson, ministre du Commerce et numéro deux du gouvernement a demandé à la Chambre des lords, dont il fait partie, d'ouvrir une enquête sur le statut fiscal de lord Ashcroft et sur la manière dont il avait été anobli. Mais la commission d'entrée à la haute chambre s'est déclarée incompétente sur ce point, car elle n'existait pas encore quand Ashcroft a fait son entrée au Parlement en 2000.
En 1999, la première demande d'anoblissement faite pour le riche homme d'affaires avait été rejetée par une commission de vérification qui lui avait reproché de passer la majeure partie de son temps au Belize, un petit État d'Amérique centrale dont il est citoyen et où sont domiciliées ses principales entreprises, et de mener presque toutes ses activités financières en dehors du territoire britannique. En 2000, Michael Ashcroft avait finalement reçu le titre de baron, après avoir promis à William Hague, alors leader conservateur, de devenir «résident permanent au Royaume-Uni.»
LE FIGARO.
Comentario:
Voilà bien encore du cynisme et de l'égocentrisme à l'état pur. Il est fier de pas payer d'impôts. Il doit posséder des propriétés à ne plus savoir que faire, de bien de consommation à gaspiller pour se pâmer devant sa maîtresse et sa femme pour affimer ses milliards. Décidemment l'être humain est tombé bien bas.
Comentario:
Il y a une diference entre accepter des dons et faire partie de la chambre des lords et avoir une role au sain du parti conservateur!!!! Il est donc facil de faire de dons multimillionaires au parti conservateur lorsque ces dont devrait etre paye en impots. Ce que ce lecteur semble "omettre".
Le salaire que Lord Ashcroft por lequel il s'aquite de ses impots envers l'etat britanique ne represente rien.
Qu'en est il de sa promesse de devenir un resident permanent au royaume unis faite a Mr Hages?
La BBC de gauche, ahahaha, voila quelqu'un qui croit que le new labour est de gauche, il n'y a qu'a voir ce que fait Mr Blair maintenant (salrier d'une entreprise Francias e de gauche Louis vuiton!!!).
Un comentaire de quelqu'un qui conait bien le Royaume Unis!
Five questions that Lord Ashcroft and the Conservative Party still need to answer
1 When, if ever, did Lord Ashcroft tell
a) William Hague
b) Iain Duncan Smit
c) Michael Howard
d) David Cameron
that he paid no UK taxes on any of his estimated £1.1 billion overseas fortune?
2 Why has Lord Ashcroft continued to sit in the House of Lords even after Mr Cameron said such non-taxpayers should be excluded from Parliament?
3 Why did Lord Ashcroft and Mr Hague produce a signed, witnessed, “clear and unequivocal . . . solemn and binding” assurance that he would become permanently resident in Britain just before he was given a peerage — only for the newly ennobled businessman to spend ten years avoiding full UK taxes?
4 Why did the Conservative Party accept more than £5 million from Lord Ashcroft after nominating him for a seat in the Lords while his overseas earnings stayed exempt from British tax?
5 Why has Lord Ashcroft now admitted he is a “non-dom” after insisting for years, to the embarrassment of Tory politicians, that his tax status is private?
THE TIMES.
Comentario:
Every month I pay tax on my earnings. It's not a lot by some peoples standards but it is a lot to me in relation to what I earn. I don't try to fiddle anything to pay less because I am British and pay this money for the right to be called this and contribute to my society. I dream for the day I could just have a one month tax break, it would help me no end. This man offends me greatly - the conservatives and Cameron are hypocrites.
Comentario:
The Ashcroft affair throws a large shadow over Cameron's judgement and his fitness for government. It also calls into question Hague's judgement.
Esto es Babel.
Classée 158e sur 180 pays par Transparency International, la Sierra Leone a réagi avec vigueur et renforcé les pouvoirs d’une commission dirigée par Abdul Tejan-Cole, un des plus brillants juristes africains. «Le Temps» l’a rencontré à Freetown
Début février, le président de la Banque mondiale, Robert Zoellick, félicitait la Sierra Leone: «Les pas réalisés par la Commission anti-corruption sont fondamentaux.» Forte de 125 personnes, celle-ci est dirigée depuis deux ans par Abdul Tejan-Cole, un juriste récompensé en 2001 par Human Rights Watch. Il s’est formé en droit commercial à l’Université de Londres, ainsi qu’à celles de Columbia et Yale, avant de se spécialiser dans les droits de l’homme.
L’expérience de la Sierra Leone intéresse de près ceux qui suivent la lutte anti-corruption en Afrique. En effet, après une floraison de commissions ad hoc dans les années 1990, le mouvement a subi plusieurs coups d’arrêt, en particulier au Kenya avec le départ forcé de John Githongo, au Nigeria avec celui de Nuhu Ribadu, et en Afrique du Sud.
Melissa Khemani, de l’Université de Georgetown, a étudié le fonctionnement de plusieurs de ces commissions et recommande une approche globale, précisément celle qu’a choisie la Sierra Leone. Le Temps a rencontré Abdul Tejan-Cole à Freetown et l’a interrogé sur ce modèle.
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Le Temps: La stratégie de lutte anti-corruption en Sierra Leone
a été révisée en 2008. Quel est
le principal changement?
Abdul Tejan-Cole: La nouvelle loi donne à la commission, pour la première fois, le pouvoir de poursuivre directement le délit de corruption. De quatre condamnations par an en moyenne, on est passé à 17 l’an dernier. Cela dit, la qualité des cas compte plus que la quantité. Parmi les personnes condamnées figurent un ministre de la Santé, un ancien ombudsman, deux juges, etc.
– Un pouvoir de dissuasion?
– La commission délivre un message de tolérance zéro: les petits poissons ne seront pas les seuls à être attrapés. Mais la répression ne suffit pas, car si on se contente d’enquêter et de faire condamner, le problème ressurgira ailleurs. Il faut une stratégie globale. La nôtre repose largement sur la prévention et l’éducation. La commission a suscité la création de 27 «clubs d’intégrité» dans des écoles secondaires, publie des lettres d’information, des posters, des autocollants; elle a signé un accord-cadre avec les médias. Il faut expliquer sans relâche que la corruption nuit à l’économie du pays. Il est essentiel aussi que notre action respecte les droits de l’homme, dont la présomption d’innocence.
LE TEMPS.
– Une condition essentielle de succès est de bénéficier d’un fort soutien au sommet de l’Etat, du président en tout cas. Jusqu’ici, c’est le cas en Sierra Leone. Il est aussi arrivé que des responsables chargés de lutter contre la corruption prennent plus de place que l’institution elle-même. Cette personnalisation engendre un risque, c’est pourquoi nous accordons tant d’importance aux codes de conduite, aux procédures, à une approche intégrée.
– Quel est votre salaire?
– Je gagne 3000 dollars par mois, trois fois moins que ce que j’avais en Afrique du Sud. Mais le travail de la commission est reconnu par le public, et c’est une satisfaction.
LE TEMPS.
Pouvez-vous donner des exemples de cette approche?
– Les trois quarts des cas de corruption étant liés aux achats publics, nous avons décortiqué
les procédures des Ministères
de la santé et de l’éducation et
fait des recommandations. Un
de ces ministères utilisait 50 comptes bancaires différents, ce qui en soi est un facteur de risque. Nous n’arrivons pas en brandissant un bâton. Un bon moyen
est d’informer la population sur ses droits. Ainsi, face au problème récurrent des faux passeports, la commission a édicté et diffusé partout des règles claires: un passeport doit être établi dans
les quatre jours, au coût X. Si ce n’est pas le cas, l’administré peut appeler la hotline du service d’immigration – et si cela ne suffit pas, celle de la commission. Nous avons enregistré plus de 1000 plaintes en 2009, dont 60% par ce canal.
– Les fonctionnaires acceptent-ils
ce regard inquisiteur?
– La commission a mandat de collecter et examiner une déclaration de leurs biens pour tous les employés du service public. Nous en avons déjà reçu 17 000 et sommes satisfaits des progrès réalisés. Le but n’est pas de généraliser le soupçon, mais de créer une base de données à partir de laquelle nous cernerons mieux les profils à risques.
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– Réduit-on le niveau de corruption en payant plus les fonctionnaires?
– Je suis favorable à des salaires décents, permettant de faire vivre une famille, mais il y a des limites à cela. On observe aussi que le degré de corruption augmente dans les institutions où les salaires ont le plus progressé. Le problème de fond de notre service public est que le sommet de la pyramide est très restreint, le milieu quasi inexistant, et la base démesurément enflée. Vous avez par exemple dix chauffeurs pour conduire deux véhicules. En licencier une partie avec une indemnité de départ ne suffit pas. Nous mettons sur pied des programmes pour les aider à retrouver un emploi en créant leur propre société de taxi, ou de nettoyage.
– Dans plusieurs pays, la lutte anti-corruption a subi des revers. Quelles leçons en tirez-vous?
LE TEMPS.
LE NOUVEL OBSERVATEUR.
Tiene su origen en el semanario de 24 páginas L'Observateur politique, économique et littéraire, publicado desde el 13 de abril de 1950 con una tirada de 20.000 ejemplares. Fue fundado por antiguos resistentes, Gilles Martinet de la AFP, Roger Stéphane, Claude Bourdet y Hector de Galard de Combat y la colaboración de Jean-Paul Sartre. Pasó a llamarse l'Observateur aujourd'hui en 1953, y después France Observateur en 1954. En la Francia de la postguerra, impregnada del espíritu de la resistencia de izquierda, France Observateur se afirmó como un periódico controvertido al exponer la necesidad de otorgar la independencia a las colonias y denunciar los escándalos. El medio alcanza los 100.000 ejemplares.
A principios de 1964, France Observateur agonizaba debido a dificultades financieras. El industrial Claude Perdriel y el periodista y escritor Jean Daniel decidieron relanzar el semanario, que cambió su nombre por le Nouvel Observateur el 19 de noviembre de 1964.
El nuevo estatuto de la revista, adoptado en junio de 2004, en el cuadragésimo aniversario de su fundación, describe así sus principios:
(...) Le Nouvel Observateur es un semanario cultural y político cuya orientación se inscribe en el movimiento socialdemócrata. Una tradición constantemente preocupada por compaginar el respeto de las libertades con la búsqueda de la justicia social.[1]
Su línea editorial actual está presidida por dos de sus cofundadores, Jean Daniel y Claude Perdriel. También cuenta con dos redactores jefes, Laurent Joffrin y Serge Lafaurie, así como una directora general, Jacqueline Galvez. André Gorz y otros periodistas que habían abandonado L'Express contribuyeron a fundar la publicación.
Me parece una nota con sorprendente aliento.
Me abuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurro. Llevaba tiempo sin entrar pero ya veo que seguís igual.. ains falta de imaginación como la que habéis demostrado siempre...
Aún me aburre más la demagogia sindical.
PAR=UM+1
Queridos:
Os citan en el editorial del Heraldo. Sois un referente.
¿Me abuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurro?
¿Y quién quiere imaginación? La imaginación ya la ponen Marcelino, Biel, Velasco, Boné, Brun, Celaya...
Nosotros apostamos por la tenacidad.
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