EL DEBER DE RESISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Este fin de semana se han celebrado en nuestro país dos significativas manifestaciones ciudadanas contra la corrupción pública, en lugares tan dispares como el municipio zaragozano de La Muela y la ciudad de Palma de Mallorca, si bien existe un elemento destacado de coincidencia entre ambas convocatorias, como es el responder a iniciativas surgidas desde la sociedad civil, al margen de la estructura de los partidos políticos. Es fácil hallar cierta similitud entre dichas plataformas y el movimiento “Popolo Viola” (Pueblo Violeta) que reclama en Italia la defensa y restauración de los valores democráticos y constitucionales frente a la corrupción y el abuso de poder que suponen la forma de gobierno de Berlusconi. ¿La democracia y el respeto a la constitución ha pasado a ser una reivindicación de los ciudadanos en la calle? ¿Dónde están las instituciones que defienden el Estado de Derecho? ¿A qué se dedican los servidores públicos, cuyo deber principal es garantizar el respeto de la ley?

Los servidores públicos no podemos permanecer ajenos al malestar ciudadano frente a la corrupción y al mal gobierno, ya que nuestro trabajo consiste precisamente en asegurar el buen funcionamiento de las instituciones, para que sirvan con objetividad el interés general, de forma eficaz y con sometimiento pleno a la ley y al derecho. La importancia de tal función es la que justifica el estatuto de que gozan los servidores públicos, caracterizado por la inamovilidad en la condición de funcionario. Dicha inamovilidad, tal y como se destaca en el Estatuto Básico del Empleado Público, es una garantía de la imparcialidad con la que ha de actuar, en todo momento, el funcionario público.

Los servidores públicos debemos ser –o deberíamos serlo, si no lo somos- agentes activos contra la corrupción pública, ya sea política o administrativa, pues, hay que recordarlo, la corrupción que anida en las instituciones públicas no es monopolio de los políticos, sino que en ella intervienen también empleados públicos que han olvidado –o abandonado, por incómodos- los principios éticos que debieran guiar su conducta. ¿Pero cómo es posible actuar contra indicios de corrupción cuando la organización administrativa carece de toda estrategia en materia de integridad y ética pública? ¿A quién puede dirigirse un funcionario que detecta un comportamiento lesivo para el interés general por parte de un responsable político u otro funcionario? Es frecuente que, ante casos de corrupción, salvo que puedan suponer un riesgo directo de implicación personal, el funcionario público se inhiba, desentienda o, como mucho, tome medidas de precaución para preservar estrictamente su posición, para que el asunto no pueda “salpicarle”, para salvar su responsabilidad.

Pero salvarse uno no es salvar a la institución ni preservar el interés general. La corrupción prospera y gana terreno día a día, se consolida en buena medida porque los servidores públicos han dejado de combatirla, han desistido de todo compromiso con la ética pública, y han dejado de combatirla porque los responsables políticos no demandan de los empleados públicos defensa de la legalidad sino pragmatismo, colaboración con los objetivos políticos marcados, comprensión con la arbitrariedad con la que actúan, inhibición ante la ilegalidad que puedan presenciar. Las recompensas por tal actitud pueden ser muy variadas.

Frente a esa tentación de desistimiento cada día más generalizada, pues a nadie cabe exigirle “heroicidad” en su vida ordinaria, tal y como se señala por quienes exponen el valor y significado de las éticas profesionales, esta Asociación propone una actitud de resistencia, individual y colectiva, contra la arbitrariedad, el abuso de poder y la corrupción, una graduación de comportamientos y prácticas de mal gobierno que tienen en común el sacrificio del interés general y la vulneración de la legalidad.

Es más fácil resistir agrupados, unidos, demandando de la organización medidas adecuadas para preserver la integridad de sus miembros, para reaccionar frente a quienes vulneran sus valores y sus reglas. Es más fácil adoptar iniciativas para combatir la corrupción pública desde una Asociación que otorga voz a un colectivo, el de los servidores públicos, para alertar a las instituciones propias del Estado de Derecho, a los medios de comunicación, a la opinión pública, a los ciudadanos. ¿Pero quién alerta a quién? ¿Son los servidores públicos los que, llevados de su compromiso con la ley y con los ciudadanos, alertan de la corrupción? ¿O son los ciudadanos, los que indignados por los incesantes casos de corrupción, nos reclaman coherencia con nuestro compromiso con el Estado de Derecho, recordando que por ello y para ello la ley nos garantiza la inamovilidad en nuestra condición funcionarial?

Hay que reconocerlo, los ciudadanos han tenido que manifestarse en la calle para recordarnos a todos los servidores públicos nuestro deber de resistencia frente a la arbitrariedad, el abuso de poder y la corrupción. Esta Asociación hace tres años quiso anticiparse a dicha demanda, pero justo es admitir que su incidencia en la realidad ha sido modestísima.