viernes, 12 de marzo de 2010

ACUSE DE RECIBO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA: ¿NO ES SENCILLO RESPETAR EL DERECHO DE PETICIÓN DE LOS CIUDADANOS?

El Ministerio de la Presidencia, a través de la responsable de la División de Recursos y Derecho de Petición de su Secretaría General Técnica, ha realizado acuse de recibo al escrito formulado por esta Asociación, al amparo del derecho fundamental de petición, en el que se solicitaba del Gobierno de España la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la previsión contenida en el artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2010.

Dicho precepto establece el régimen retributivo aplicable a los supuestos de "promoción interna temporal", contraviniendo la regulación de las retribuciones básicas que se contiene en la legislación básica estatal, incurriendo con ello en una vulneración del "bloque de constitucionalidad". Tal contradicción ha sido señalada por la propia Intervención General del Gobierno de Aragón, en una comunicación reciente dirigida por ese Centro Directivo a las Secretarías Generales Técnicas de los diferentes Departamentos.

La comunicación de acuse de recibo efectuada por los órganos del Ministerio de la Presidencia viene a demostrar lo sencillo que resulta el respeto a un derecho fundamental de los ciudadanos, contrastando con la generalizada y reiterada vulneración en que ha incurrido y sigue incurriendo el Gobierno de Aragón con el derecho ejercido por esta Asociación ante los miembros del Ejecutivo autonómico y altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma. Debe destacarse el hecho de que orgánicamente, dentro de la estructura del Ministerio de la Presidencia, exista una División que en su denominación y funciones incluya la atención al derecho de petición. Parece que ello debiera ser una opción idónea para otras Administraciones, si bien sobra el órgano en aquellas Administraciones en que, como es el caso de nuestra Comunidad Autónoma, se ha decidido ignorar el derecho de petición de los ciudadanos. Ni siquiera la Dirección General de Participación Ciudadana del Departamento de Presidencia ha sido capaz de buscar soluciones eficaces para asegurar el respeto a dicho derecho fundamental.

Esta Asociación, sin embargo, no desiste ni va a desistir en el ejercicio de los derechos fundamentales ni en la denuncia de su vulneración por parte del Gobierno de Aragón.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro de la comunicación de acuse de recibo remitida desde el Ministerio de la Presidencia:

"D. JULIO GUIRAL PELEGRÍN
Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa

08 de marzo de 2010.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, se acusa recibo de su escrito de fecha 15 de febrero de 2010, por el que se solicita la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 12/2009, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2010 y se informa que se ha dado traslado de su escrito al Ministerio de Política Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la citada Ley reguladora del Derecho de Petición.

LA DIRECTORA DE LA DIVISIÓN, Magdalena Menchen del Cerro.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
DIVISIÓN DE RECURSOS Y DERECHO DE PETICIÓN
COMPLEJO DE LA MONCLOA
28071-MADRID."

22 comentarios:

Anónimo dijo...

Sencillo no, sencillísimo.

Anónimo dijo...

Voluntad de gobernar democráticamente.

Anónimo dijo...

¿Voluntad de qué?

Anónimo dijo...

Sólo hace falta voluntad.

Anónimo dijo...

Volundad de respetar las reglas del Estado de Derecho.

Anónimo dijo...

El Gobierno de Aragón tiene un problema muy serio con el derecho de petición.

Anónimo dijo...

Volundad de respetar la condición de los ciudadanos y sus derechos constitucionales.

Anónimo dijo...

Está por ver lo que ocurre con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra los acuerdos de la Mesa de las Cortes de Aragón que vulneraban el derecho de petición de esta Asociación.

Anónimo dijo...

Y también las Cortes de Aragón, no lo olvidemos.

Anónimo dijo...

¿Moncloa responde y el Pignatelli no? ¿Por qué motivo?

Anónimo dijo...

Moncloa tiene una cultura política de la que se carece en el Pignatelli.

Anónimo dijo...

¿Estamos seguros?

Anónimo dijo...

A la vista está. Que tomen nota los asesores de Iglesias.

Anónimo dijo...

Y los de Velasco, los de los informes orales.

Anónimo dijo...

¿Un reflejo del desinterés por la Administración?

Anónimo dijo...

¿Fue un simple olvido?

Anónimo dijo...

¿LO sabe alguien?

Anónimo dijo...

¿Por qué no se recogió el derecho a una buena administración en el Estatuto de Autonomía de Aragón?

Anónimo dijo...

O mejor, no pensemos.

Anónimo dijo...

Tal vez fue puro desconocimiento. No pensemos mal.

Anónimo dijo...

Parece que en tiempo de crisis los gobernantes comienzan a regalar los oídos de los electores anunciando severos recortes del número de altos cargos, que en los últimos años ha crecido desaforadamente. El Gobierno Central, ante la presión de la moción aprobada por el Congreso, está al borde de anunciar un plan de supresión de altos cargos en la Administración, e incluso el Ministro de Fomento ya ha anunciado la poda en las empresas públicas. Incluso los gobiernos autonómicos anuncian medidas para aplicar el bisturí, mientras los Ayuntamientos disimulan como si no fuera con ellos estas iniciativas. Lo mas curioso para Sevach es que no se conoce ningún alto cargo que haya dimitido por la sola razón de contribuir a aliviar las arcas públicas, por considerar autocríticamente que su labor es prescindible y su dimisión económicamente recomendable. Se ve que los altos cargos públicos no son como los lemures que cuando aprecian la superpoblación se lanzan por un precipicio al mar para limitar su número. Mas bien recuerdan a las manadas de ñus africanos que muestran los documentales en frenético galope en época de sequía y se aplastan para conseguir sobrevivir.

Lo cierto es que el anuncio del gobernante de suprimir altos cargos es recibido con complacencia por el pueblo. Sin embargo, esta medida (al igual que la publicidad de la telefonía móvil o la composición de las croquetas vendidas como caseras) ha de analizarse bajo la superficie para comprobar con tristeza que es un regalo envenenado pues el ahorro es ficticio. Veamos.

1. Suprimir altos cargos supone una fácil coartada contra los funcionarios, legitimando al político maquiavélico para recortar sus sueldos, plazas y condiciones.

2. Suprimir altos cargos permite mandar a la trinchera a los “enemigos políticos”, que frecuentemente son miembros del propio partido que por cuotas de reparto ocupan altos cargos (“cuidado, que vienen los míos”).

3. Suprimir algunos altos cargos permite que se mantengan los niveles, condiciones y prebendas retributivas de los que se quedan ( al fin y al cabo serán menos a repartir).

4. Suprimir altos cargos nunca perjudica seriamente a la bolsa y estómago de sus titulares.

A) Si los altos cargos cesados no eran funcionarios, siempre se contará con el “paracaídas de oro” de otra Administración del mismo color ideológico (autonómica, provincial, local o institucional). Todo el mundo sabe que la pérdida de las elecciones (estatales, autonómicas o locales) del partido gobernante ha provocado un éxodo hacia los cuarteles de invierno de otras Administraciones que abren sus puertas de “personal eventual” para acogerles amorosamente en sus brazos. Hoy por tí, mañana por mí.

B) Si los altos cargos cesados eran funcionarios, siempre podrán reincorporarse como funcionarios de a pie pero con sueldo de gobernantes (el complemento de ex -alto cargo goza de buena salud).

C) Si los altos cargos cesados eran funcionarios pero no les dio tiempo a consolidar el complemento de alto cargo (dos años continuados), siempre podrán ocupar una apetitosa plaza de funcionario de libre designación, aunque el cesado sea arqueólogo y la plaza de asesor jurídico, pues al fin y al cabo, los nombramientos para puestos de libre designación, son discrecionales.

D) Si los altos cargos cesados no eran funcionarios, siempre habrá una Fundación o sociedad de capital público que los acoja amorosamente en su seno, mediante contratos laborales de alta dirección, o contratos de servicio determinado u otra fórmula que siempre las hay, y además sin control.

Se ve que las leyes sobre los “altos cargos”, las aprueban quienes son o tienen expectativas o posibilidad de serlos. Nuestros políticos serán ángeles, demonios o jarrones chinos, pero no tontos. Y por eso, nuestro Derecho mima a los “altos cargos”. Lo que sí quiere dejar claro Sevach es que cuando la Administración Pública tropieza con el iceberg de la crisis económica hay que recordar que el Titatic sólo tenía botes salvavidas para los pasajeros de primera clase…

SEVACH.

Anónimo dijo...

EL GOBIERNO DE Aragón aprobará en su próxima reunión una oferta de empleo público para el 2010 de 1.445 plazas para la Administración autonómica, de las que 445 corresponden a Educación y 771 a Salud. Las 224 restantes corresponden al personal de la Administración General y a dependencia. CCOO valoró ayer negativamente el número de plazas convocadas y criticó la elevada temporalidad que se produce en el Pignatelli.

PERIODICO DE ARAGON.