UNA ASAMBLEA PARA CRECER

Los miembros de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa celebrarán su Asamblea anual la semana próxima, para hacer balance de la labor realizada en el último año, establecer líneas de actuación futura y renovar parcialmente la Junta que haya de seguir ejerciendo la iniciativa en la labor de defensa y reivindicación de los valores constitucionales de la función pública.

Alguien puede creer que la crisis económica que padecemos en la actualidad ha podido alterar el sentido de la labor iniciada hace ya tres años, pues resulta socialmente difícil defender en estos momentos la función pública, al percibirse la actividad de los funcionarios cada vez de forma más crítica por una buena parte de los ciudadanos. Desde la Asociación creemos justamente lo contrario. La actual coyuntura es particularmente idónea para reflexionar sobre el necesario "giro ético" en la función pública, tratando de recobrar el verdadero sentido de su ejercicio -como es el servicio público- y eliminar todas aquellas prácticas viciadas que, a nuestro juicio, son resultado de una mala dirección política de la Administración y una equivocada estrategia de las organizaciones sindicales que operan en la función pública.

La función pública, al igual que la medicina, la enseñanza, la ingeniería o la agricultura, constituye un elemento necesario para la organización de una buena sociedad. Son las disfunciones de la Administración Pública lo que hay que analizar y corregir, eliminando todas las deficiencias y desviaciones producidas en años de abandono y abuso de poder. Los servicios públicos son un elemento imprescindible de una sociedad democrática avanzada, y esos servicios han de ser gestionados y prestados por servidores públicos, cuya función se legitima ante los ciudadanos por su objetividad, imparcialidad y compromiso expreso con los valores constitucionales y los derechos de los ciudadanos.

La función pública no puede ser el campo de disputa entre políticos y ciudadanos, ni presentarse como elemento que lastra a la sociedad. La función pública es un factor de cohesión de la sociedad, pues los servicios públicos por definición constituyen un patrimonio común de la ciudadanía y un elemento activo de igualdad y justicia.

Porque estamos plenamente convencidos de ello, entendemos que el momento actual reclama mayor claridad y rotundidad que nunca en la defensa de la función pública, debiendo redoblarse el esfuerzo realizado hasta ahora para identificar aquellos factores negativos que impiden su correcto ejercicio, de modo que la actividad de los servidores públicos no se desnaturalice o se desvirtúe y pueda ser un elemento de progreso social y de aseguramiento diario del Estado de Derecho y del Estado de Bienestar, que sirven a los ciudadanos de garantía colectiva frente al abuso de poder y a las diferentes necesidades que puedan comprometer su realización personal libre y autónoma.

Las asambleas convocadas para la semana próxima han de permitir extender el campo de acción de esta Asociación a todas las Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma y no sólo a la autonómica, obligándonos con ello a analizar la articulación de los diferentes niveles de gobierno territorial, para detectar sus carencias o ineficiencias, y evitar que el modelo de descentralización impulsado en España, como es el Estado de las Autonomías, y dentro de Aragón, como es la comarcalización, constituyan una rémora u obstáculo para la atención eficaz del interés general.