ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN: APERTURA A TODAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE ARAGÓN.

En la tarde de ayer, se celebró una Asamblea extraordinaria de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, en la que se debatió y aprobó una propuesta de modificación de los Estatutos de la Asociación, mediante la cual se amplía el ámbito de actuación de la entidad a todas las Administraciones Públicas presentes en la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, desde su creación en febrero de 2007, ha limitado su campo de actuación a la Administración de la Comunidad Autónoma, de la cual procedían tanto sus promotores como el conjunto de los socios fundadores, tratando de responder con ello al preocupante proceso de deterioro vivido en la Administración autonómica.

El paso del tiempo, sin embargo, ha llevado a la Asociación a constatar que la defensa de los principios constitucionales de la función pública es un objetivo que ha de entenderse común al personal de todas las Administraciones Públicas, ya que todas ellas, en el marco de sus respectivas competencias, han de servir igualmente al interés general y actuar conforme a principios de legalidad, imparcialidad, eficacia y coordinación. Es por ello oportuno que existan ámbitos comunes, en los que servidores públicos de todas las Administraciones Públicas aragonesas puedan reflexionar y trabajar por la plena vigencia de los principios y valores de la función pública en todas y cada una de esas Administraciones.

Por dicho motivo, y de forma unánime por todos los presentes en la Asamblea extraordinaria celebrada, se acordó abrir la Asociación al personal que presta sus servicios en la Administración Local de Aragón, en la Administración de Justicia, en los servicios periféricos y organismos de la Administración General del Estado y en la Universidad de Zaragoza.

Con dicha decisión, la Asociación amplía su compromiso con la función pública, en todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma, y ofrece al personal de todas las Administraciones un instrumento para actuar de forma conjunta en la reivindicación de unas instituciones públicas puestas al servicio de la democracia, del Estado de Derecho y de los ciudadanos.

Al margen de tal decisión, se reforzaron los principios de la Asociación recogiendo, en primer lugar, el de “compromiso democrático”, dentro del cual se incluye el impulso de medidas que favorezcan el buen gobierno. Se amplió el ámbito de proyección exterior de colaboración con servidores públicos de otras Administraciones, incorporando junto al resto de España y los Estados de la Unión Europea, el conjunto de países de la Comunidad Iberoamericana. Se reforzó el principio de no aceptación de subvenciones o ayudas públicas procedentes de Administraciones o Instituciones Públicas y se acordó igualmente que la jubilación como empleado público no constituya causa de baja como miembro de la Asociación.