Ayer tarde, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, tuvo lugar la primera reunión de la Junta Directiva de la Asociación del nuevo año, con la presencia de la práctica totalidad de sus miembros y de los socios que voluntariamente desearon asistir y participar en el debate de los puntos del orden del día.
Una vez aprobados el orden del día y el acta de la sesión anterior, se pasó a tratar, en primer lugar, por su importancia, la convocatoria de la asamblea anual de la Asociación, para renovar parcialmente la composición de la actual Junta Directiva, así como la convocatoria de una asamblea extraordinaria para proceder a una modificación parcial de los actuales Estatutos, con el fin de ampliar el ámbito de actuación de la Asociación, permitiendo la incorporación a la misma de empleados públicos del conjunto de las Administraciones Públicas presentes en la Comunidad Autónoma de Aragón. De este modo, la Asociación no centrará su actividad exclusivamente en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sino que pasará a ocuparse igualmente de la situación de la Administración Local de Aragón, de la Administración General del Estado en Aragón y de la Universidad de Zaragoza. Se debatió ampliamente sobre el grado de apertura a las otras Administraciones, acordando que la misma se refiera al personal funcionario y laboral de dichas Administraciones y de sus organismos públicos, excluyendo por lo tanto a las empresas del sector público. Igualmente se revisarán otros aspectos de los Estatutos, para precisar mejor sus principios y fines, formulando como primer principio el de “compromiso democrático”, y flexibilizar el actual régimen de socios, para impedir que la jubilación de éstos pueda suponer una causa de baja en la Asociación. En cualquier caso, como resultado de los debates mantenidos, se elaborará una propuesta de modificación que será sometida a los miembros de la Junta Directiva, para luego remitirse al conjunto de los asociados junto con la convocatoria de la Asamblea extraordinaria para su debate y, en su caso, aprobación.
Se acordó celebrar en el mismo día, y de forma consecutiva, las asambleas extraordinaria y ordinaria de la Asociación, fijando como fecha para su celebración el próximo día 23 de febrero.
A continuación se pasó a debatir los restantes puntos del orden del día, comenzando por el análisis de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2010 y la previsión contenida en su artículo 19.2 sobre percepción de retribuciones básicas de grupo superior por quienes ocupen puesto de trabajo de grupo distinto al de pertenencia, por promoción interna temporal, acordándose remitir dicha cuestión al Tribunal de Cuentas, para su análisis, solicitando de dicho órgano que eleve una moción a las Cortes Generales, instando la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley, al vulnerar dicho precepto la regulación básica de las retribuciones de los funcionarios contenida en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Posteriormente, se debatió la oportunidad de adoptar acciones jurídicas en defensa del derecho de petición ejercido ante los miembros del Gobierno de Aragón, dada la reiterada y generalizada vulneración del derecho, al no acusarse recibo de los escritos ni dar respuesta a los mismos, conforme exige la Ley Orgánica 4/2001, que regula el derecho de petición reconocido en el artículo 19 de la Constitución Española. Hubo acuerdo unánime en promover un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por el procedimiento preferente y sumario de protección de los derechos fundamentales. El desprecio manifestado por la totalidad de los miembros del Gobierno de Aragón hacia el ejercicio del derecho de petición ejercido por esta Asociación se entiende merecedor de una condena judicial.
Por último, se analizó la posible actuación respecto a la situación existente en el Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), y a la presencia en el mismo de una persona que ejerce funciones directivas sin reunir la condición de funcionario, como es Carlos Franco. Tras analizar la decisión adoptada por la Inspección de Trabajo de archivar la denuncia realizada desde la Asociación por cesión ilegal de trabajadores –dada la condición de personal de SODEMASA del citado Carlos Franco-, por entender que el caso es un supuesto que afecta al régimen de provisión de puestos en la función pública, se acordó remitir toda la documentación disponible al Ministerio Fiscal, al considerar que la situación, tanto anterior como actual, pudiera constituir un delito contra la Administración Pública, al encomendarse el ejercicio de las funciones de un puesto reservado a funcionario, como es el de dirección del Centro, a una persona que no reúne tal condición.
Finalmente, sin más asuntos que tratar, y agradeciendo todos los asistentes a la reunión la presencia de Manuel Fábregas Giné, miembro de la Junta Directiva que se jubiló en fechas recientes, se levantó la sesión por el Presidente.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
1 comentario:
El Gobierno británico no sólo ha puesto las cosas difíciles a los banqueros, a quienes ha impuesto una tasa del 50% sobre su bonus. Los funcionarios también parecen estar en el punto de mira de los laboristas. La última propuesta es reducirles el sueldo para que sufran en sus carnes el efecto de la crisis y permitan reducir el déficit público, que es el nuevo monstruo que se cierne sobre la economía británica.
La propuesta parece más propia de un gobierno conservador que de uno de izquierdas, pero los laboristas creen que los funcionarios son los únicos el país que no se han enterado de que el mundo ha vivido una aguda crisis en los últimos dos años. Hasta ahora, su sueldo está asegurado y sus incrementos salariales también. Según la Oficina Nacional de Estadísticas británica, el salario de los funcionarios en los tres últimos meses del año creció un 3,8% comparado con el año anterior, mientras que en las empresas bajó un 0,1%. Para ganar apoyo a su plan, hace un mes el primer ministro Gordon Brown anunció que 300 altos funcionarios en el país cobraban más de 200.000 libras (220.000 euros). Estos sueldos también van a ser objeto de revisión por el Gobierno.
En Reino Unido hay 29 millones de trabajadores, según datos oficiales. Un total de 5,8 millones trabajan para el Estado, incluyendo servicios de salud, de educación y administraciones varias, lo que supone cerca de un 20% del total.
Los sindicatos de funcionarios dicen que ellos no deben pagar los platos rotos por los banqueros que iniciaron la crisis. Pero la verdad es que en Reino Unido, alrededor de dos terceras partes de la empresas han congelado salarios o los han reducido para evitar despidos, algo que también ha pasado en España. En los presupuestos del Estado, presentados hace un mes, el Gobierno ya anunció que se bajará el sueldo 1% a los empleados públicos, pero el ministro de Finanzas ha dicho ahora que planea realizar nuevos recortes.
¿Os parece que servirá de algo esta medida? ¿Debería ser implantada en España o el Gobierno de Zapatero no se atreverá a enfrentarse a los más 3 millones de funcionarios que existen en España?
EXPANSION.
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