Ante la reciente respuesta dada desde la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón a la denuncia formulada en su día por esta Asociación frente a la irregular situación existente en los gabinetes del Gobierno de Aragón, interesa revisar y hacer público el contenido de dicha denuncia, para poder, a continuación, valorar la congruencia de lo actuado por la Fiscalía en el presente caso, y a la vista de ello determinar las posibles opciones que caben respecto a la decisión adoptada por el Fiscal Superior de Aragón.
A continuación se reproduce el texto íntegro del escrito de denuncia formulada en su día ante la Fiscalía General del Estado:
"JULIO GUIRAL PELEGRIN, mayor de edad y con D.N.I. nº 17.130.593, en su condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con nº de incripción 01-Z-1989-2007, y con domicilio, a efectos de notificaciones, en C/ León XIII, 21, 4º Centro, 50008-ZARAGOZA, comparece ante esa Fiscalía General del Estado y formula el presente escrito de denuncia, fundado en las consideraciones siguientes:
1.La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa es una entidad constituida para la defensa y promoción de los valores y principios que han de regir el ejercicio de la función pública, con el fin de contribuir al buen funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho y del Estado autonómico, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Aragón.
Se acompañan los Estatutos de la Asociación, como Documento Uno.
2.Desde el pasado mes de octubre de 2007, en que esta Asociación se dirigió al Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, se ha planteado de forma reiterada ante los diferentes responsables institucionales de la Comunidad Autónoma de Aragón la necesidad de corregir la irregular situación de numerosos puestos de trabajo del personal eventual adscrito a los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón.
Dichos puestos se hallan ocupados –que no desempeñados- por personas a las que, por razones ajenas al interés público al que debieran ajustar todas sus decisiones la Administración Pública y el conjunto de las autoridades públicas, se pretende asegurar unas retribuciones públicas, sin contraprestación laboral alguna, sin presencia física en las oficinas públicas y sin control alguno sobre su régimen de dedicación.
Tales circunstancias, pese a nuestras peticiones y pese a haber sido objeto de reportajes específicos en la prensa aragonesa (véase la información publicada el 13 de abril de 2009 en las páginas de “Heraldo de Aragón”, incluida en documentación adjunta aportada como Documento Dos), no se han querido corregir, rechazándose incluso por la Mesa de las Cortes de Aragón la admisión de la petición sobre creación de una Comisión de investigación formulada por esta Asociación, al amparo del artículo 29 de la Constitución Española, calificándose tal petición como “injerencia” en la actividad de los órganos parlamentarios y rechazándose su mera admisión a trámite, con manifiesta vulneración de lo establecido por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, y por el propio artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón, relativo a la presentación de peticiones por los ciudadanos, cuya admisión no corresponde a la Mesa de las Cortes sino a la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de la Cámara.
3.Entiende esta Asociación que los ciudadanos no pueden consentir el uso indebido de los recursos públicos y la utilización irregular de puestos públicos para fines que nada tienen que ver con los fines que justifican su existencia –ello supondría incumplir el deber cívico de combatir los fenómenos de corrupción pública, que niegan los principios esenciales de la salud democrática de una sociedad- y tampoco cabe aceptar que las instituciones de control –el Parlamento- o los responsables máximos de la Administración autonómica –el Consejero de Presidencia y el propio Presidente del Gobierno de Aragón- ni respondan a las peticiones de esta Asociación –vulnerando con ello el contenido esencial de derecho fundamental de petición ejercido- ni se consideren obligados a replicar, desmentir o puntualizar las informaciones publicadas sobre el uso fraudulento de los puestos de personal eventual de los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón.
4.Frustradas, por lo tanto, todas las vías institucionales utilizadas por esta Asociación ante los responsables institucionales de la Comunidad Autónoma de Aragón para corregir el uso indebido de los puestos de personal eventual (asesores de confianza) de los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, nos vemos en la necesidad de poner tales hechos –así como todas las actuaciones llevadas a cabo, sin resultado positivo alguno, por esta Asociación para instar su oportuna subsanación- en conocimiento de esa Fiscalía, al entender que la falta de respuesta a nuestras peticiones, en unos casos, o el rechazo expreso a su admisión a trámite, en otros, viene a evidenciar la voluntad manifiesta de no corregir tal situación, como lo acredita la persistencia de la misma.
5.La situación señalada constituye, a juicio de esta Asociación, una grave infracción por parte de los miembros del Gobierno de Aragón del ordenamiento jurídico y de sus obligaciones como cargos públicos, al desviarse fondos públicos a fines ajenos al interés general o interés público para el que se hallan consignados, formando parte tal forma de actuar de la “cultura de impunidad” que parece haber arraigado en diversos ámbitos de nuestras instituciones públicas, dando lugar a lamentables fenómenos de corrupción pública que socavan los valores constitucionales y los principios más elementales del funcionamiento del Estado de Derecho.
6.Por todo ello, remitimos a esa Fiscalía el presente escrito, acompañado de una relación de las actuaciones que esta Asociación ha llevado a cabo, sin resultado alguno, para tratar de corregir el citado abuso de poder, solicitando a esa Fiscalía que, de conformidad con todo lo expuesto y con la información aportada, acuerde llevar a cabo las diligencias de investigación que considere oportunas para la averiguación de las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos relatados.
Zaragoza, 31 de agosto de 2009.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
C/ Fortuny, 4
28071-MADRID"
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
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