¿POR QUÉ MODELO DE FUNCIÓN PÚBLICA TRABAJAMOS?

La función pública cuenta con un modelo constitucional básico –modelo profesional y objetivo, en el que deben imperar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el ingreso y en la movilidad o carrera posterior-, modelo que admite diferentes regulaciones o desarrollos, que, a su vez, son susceptibles de una aplicación respetuosa o de un deliberado incumplimiento o vulneración.

El momento actual es de gran trascendencia para el futuro de la función pública, de las Administraciones Públicas y del conjunto institucional del Estado, es decir, para el buen gobierno, la buena gestión de los servicios públicos y el correcto funcionamiento del sistema democrático.

El Estatuto Básico del Empleado Público ha definido el común denominador del régimen de personal de todas las Administraciones Públicas, remitiendo a las Leyes de Función Pública de cada Administración –Estado y Comunidades Autónomas- la facultad de regular y concretar los diferentes elementos de dicho régimen. El desarrollo del Estatuto Básico, por lo tanto, será determinante respecto al modelo de función pública que haya de regir en la Administración de la Comunidad Autónoma.

Por dicho motivo, esta Asociación deberá fijar como prioridad de su labor el seguimiento y análisis de la labor de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, al objeto de que el mismo venga a potenciar los valores de profesionalidad, legalidad, ética, calidad y eficiencia, a los que entendemos debe responder el ejercicio de la función pública en el marco de la Constitución Española. En estos años, los responsables de la función pública aragonesa han avanzado en la elaboración de los contenidos de ese desarrollo normativo, si bien no se ha tenido acceso a ninguno de los documentos elaborados.

La Asamblea a celebrar en la tarde de hoy ha de permitir a la Asociación reafirmar su compromiso con los principios y fines fundacionales, para promover un desarrollo fiel a los principios constitucionales y a los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Hemos de determinar cuál es la función pública que precisa un Estado social y democrático de Derecho, y establecer las reglas que permitan a los empleados públicos un desempeño coherente con dicho modelo de función pública.

El modelo de función pública ha de gravitar sobre dos conceptos fundamentales, como son el interés general y el servicio público, y sólo a partir de la garantía y realización de ambos fines cabrá articular un modelo coherente y satisfactorio de función pública. No basta con una adecuada regulación, si luego en su aplicación se desvirtúan todos sus principios, como ocurre en la actualidad.

¿De qué sirve todo el esfuerzo dedicado a regular la función pública si no existe voluntad alguna de cumplir y respetar las normas establecidas? Si la actual legislación se vulnera de forma sistemática, ¿qué garantiza que tal situación pueda remediarse con la mera aprobación de una nueva normativa? ¿Es que las actuales vulneraciones quieren elevarse a norma en la futura regulación?

Esta Asociación, a partir de la Asamblea de hoy, va a comprometerse de forma plena con el impulso de un modelo de función pública que legitime la labor del conjunto de los servidores públicos, en su regulación y en su aplicación, de modo que la función pública cumpla el papel de garante del Estado de Derecho a que constitucionalmente está llamada.