LA IMPRESCINDIBLE BATALLA POR LA LEGALIDAD.

La batalla por la defensa de la legalidad, librada por los ciudadanos frente a las instituciones públicas, constituye una de las más hirientes paradojas de nuestra realidad. Cuando son las instituciones -es decir, el Gobierno de Aragón o las Cortes de Aragón- las que olvidan el deber de respeto al ordenamiento jurídico, y sustituyen las normas por las arbitrarias decisiones políticas, el Estado de Derecho sufre una grave erosión y se devalúa la dignidad de nuestra democracia.

Particularmente grave resulta el hecho de que las instituciones, en el ejercicio de sus potestades, traten de elevar a rango legal decisiones antijurídicas,incorporando previsiones inconstitucionales a las reglas por las que ha de regirse el ejercicio de la función pública. Es el caso del régimen retributivo establecido por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2010 para los supuestos de "promoción interna temporal". No se ha conformado el Gobierno de Aragón con regular reglamentariamente una figura de provisión que vulnera la legalidad de función pública, con manifiesta conculcación del principio de jerarquía normativa, sino que la operación la ha acompañado con una más manifiesta vulneración de la legalidad, al pretender satisfacer a los funcionarios "promovidos" mediante dicha fórmula las retribuciones básicas del grupo de titulación superior, en abierta vulneración de lo que establece el artículo 22 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Puede parecer que el asunto no tiene la relevancia suficiente para que esta Asociación dé la batalla contra tal decisión. No faltarán argumentos a los que defienden que los fines han de primar sobre los medios, y que el fin justo puede alcanzarse mediante atajos legales y por procedimientos poco rigurosos. Esta Asociación, sin embargo, no puede ignorar que el principio de legalidad es una nota definitoria de la Administración Pública, y que si dicho principio se abandona o desprecia, la Administración y todo el personal que en ella trabaja están abocados a una inevitable degradación y a una imparable pérdida de crédito social, algo que no vamos a tardar en ver si las circunstancias no se modifican.

Por ello, y porque no podemos aceptar que los responsables institucionales se comporten como el más nocivo grupo "antisistema", vulnerando las reglas más básicas del funcionamiento de la Administración y desactivando el sentido ético de los servidores públicos, buscando su complicidad o su silencio ante la ilegalidad que practican -no vamos a dejar de denunciar la situación existente en los gabinetes de los miembros del Gobierno, por más que la Fiscalía de Aragón no encuentre indicios de una irregularidad que prefiere no investigar ni esclarecer-, esta Asociación va a trasladar la regulación de las retribuciones de la "promoción interna temporal" incorporada a la Ley de Presupuestos al Tribunal de Cuentas y a los órganos del Estado que han de velar por el respeto del Estatuto Básico del Empleado Público y por la legalidad del gasto público.

La arbitrariedad no puede imponerse a las leyes, y mucho menos tratar de convertirse en ley. Eso es lo que, en este caso, se ha pretendido hacer por el Gobierno de Aragón y por las Cortes de Aragón. Quienes todavía apreciamos los valores de la democracia y no hemos olvidado nuestro compromiso con la Constitución no vamos a quedarnos parados frente a esta nueva agresión contra el Estado de Derecho. Puede que, una vez más, perdamos la batalla, pero bastará el no haber consentido un ejerccio arbitrario e ilegal del poder para, al menos, mantener vivo el respeto por todo lo que debiera representar el ejercicio de la función pública.