Zaragoza, 10 de enero de 2008. La Mesa de las Cortes de Aragón ha acordado, en decisiones adoptadas los pasados meses de noviembre y diciembre, acusar recibo y archivar, sin dar trámite alguno a las mismas, cinco peticiones formuladas a la Cámara por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, en ejercicio del derecho de petición regulado en el artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón.
Dichas peticiones se referían a las siguientes cuestiones: a) control de la regularidad del nombramiento de D. José Angel Biel Rivera como Vicepresidente del Gobierno de Aragón; b) establecimiento de criterios de competencia profesional en los nombramientos de los cargos directivos de la Administración autonómica, en particular los Secretarios Generales Técnicos y los Directores Generales; c) publicidad de los nombramientos de personal eventual del Gobierno de Aragón y sometimiento de dicho personal a la normativa básica aplicable a todas las categorías de empleados públicos, en especial en lo referido al régimen de dedicación exigible; d) aprobación de un Código de Buen Gobierno y adopción de una estrategia de actuación en materia de ética pública para el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; y e) aprobación de una ley que regule los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno de Aragón y de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El artículo 62 del Reglamento de las Cortes dispone que la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos ha de examinar cada petición que reciban las Cortes de Aragón, pudiendo acordar su remisión, a través del Presidente de la Cámara, al órgano que corresponda de entre los mencionados en dicho precepto, o, si no procediese tal remisión, acordar el archivo de la petición. En todo caso, ha de acusarse recibo de la petición y comunicarse al peticionario el acuerdo adoptado.
La Mesa de las Cortes, órgano rector del Parlamento autonómico, en lugar de remitir los escritos de petición a la Comisión competente para su análisis, como exigen los artículos 29.1 y 62 del Reglamento, acordó, sin motivación alguna, acusar recibo de las mismas y proceder a su archivo, sin darles la tramitación exigida por el Reglamento, ya que la decisión de archivo de una petición en ningún caso corresponde a la Mesa de las Cortes, sino que es una facultad atribuida a la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, tras el examen del contenido de la misma.
El proceder de la Mesa de las Cortes constituye, a juicio de esta Asociación, una vulneración del derecho de petición, reconocido como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución, del cual el derecho de petición a las Cortes de Aragón constituye una especialidad en cuanto a su ejercicio. Como ha señalado el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, asiste a los ciudadanos el derecho a que los Parlamentos autonómicos den a sus peticiones el curso previsto en sus Reglamentos –en este caso, lo señalado en el artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón-, entendiéndose vulnerado tal derecho cuando la Comisión de Peticiones del Parlamento no llegue a conocer o examinar la petición formulada por el ciudadano, al no darle la tramitación debida otro órgano de la Cámara, sea el Presidente o la Mesa.
Ante lo sucedido, la Asociación va a solicitar a la Mesa de las Cortes que reconsidere su decisión y proceda, según exige el Reglamento de la Cámara, a la remisión de las peticiones a la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, para su oportuno análisis. Asimismo, se va a formular una queja por lo sucedido ante el Justicia de Aragón, por entender que con las decisiones adoptadas se vulneran los derechos de los aragoneses, al desconocerse el contenido esencial del derecho de petición, y se inaplica el ordenamiento jurídico aragonés, del cual forma parte el Reglamento de las Cortes de Aragón.
Dichas peticiones se referían a las siguientes cuestiones: a) control de la regularidad del nombramiento de D. José Angel Biel Rivera como Vicepresidente del Gobierno de Aragón; b) establecimiento de criterios de competencia profesional en los nombramientos de los cargos directivos de la Administración autonómica, en particular los Secretarios Generales Técnicos y los Directores Generales; c) publicidad de los nombramientos de personal eventual del Gobierno de Aragón y sometimiento de dicho personal a la normativa básica aplicable a todas las categorías de empleados públicos, en especial en lo referido al régimen de dedicación exigible; d) aprobación de un Código de Buen Gobierno y adopción de una estrategia de actuación en materia de ética pública para el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; y e) aprobación de una ley que regule los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno de Aragón y de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El artículo 62 del Reglamento de las Cortes dispone que la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos ha de examinar cada petición que reciban las Cortes de Aragón, pudiendo acordar su remisión, a través del Presidente de la Cámara, al órgano que corresponda de entre los mencionados en dicho precepto, o, si no procediese tal remisión, acordar el archivo de la petición. En todo caso, ha de acusarse recibo de la petición y comunicarse al peticionario el acuerdo adoptado.
La Mesa de las Cortes, órgano rector del Parlamento autonómico, en lugar de remitir los escritos de petición a la Comisión competente para su análisis, como exigen los artículos 29.1 y 62 del Reglamento, acordó, sin motivación alguna, acusar recibo de las mismas y proceder a su archivo, sin darles la tramitación exigida por el Reglamento, ya que la decisión de archivo de una petición en ningún caso corresponde a la Mesa de las Cortes, sino que es una facultad atribuida a la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, tras el examen del contenido de la misma.
El proceder de la Mesa de las Cortes constituye, a juicio de esta Asociación, una vulneración del derecho de petición, reconocido como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución, del cual el derecho de petición a las Cortes de Aragón constituye una especialidad en cuanto a su ejercicio. Como ha señalado el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, asiste a los ciudadanos el derecho a que los Parlamentos autonómicos den a sus peticiones el curso previsto en sus Reglamentos –en este caso, lo señalado en el artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón-, entendiéndose vulnerado tal derecho cuando la Comisión de Peticiones del Parlamento no llegue a conocer o examinar la petición formulada por el ciudadano, al no darle la tramitación debida otro órgano de la Cámara, sea el Presidente o la Mesa.
Ante lo sucedido, la Asociación va a solicitar a la Mesa de las Cortes que reconsidere su decisión y proceda, según exige el Reglamento de la Cámara, a la remisión de las peticiones a la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, para su oportuno análisis. Asimismo, se va a formular una queja por lo sucedido ante el Justicia de Aragón, por entender que con las decisiones adoptadas se vulneran los derechos de los aragoneses, al desconocerse el contenido esencial del derecho de petición, y se inaplica el ordenamiento jurídico aragonés, del cual forma parte el Reglamento de las Cortes de Aragón.
8 comentarios:
¿Cómo ha sido esto? ¿qué criterios o razones han aplicado los miembros de la Mesa de las Cortes?
Esta forma de proceder no habla muy bien del talante democrático de la Institución, con todos mis respetos. Sería bueno que se les recordase que también las Cortes están sujetas al ordenamiento jurídico, empezando por su propio Reglamento.
¿Alguien recuerda las reglas de la democracia? ¿se reduce todo a la mera competencia electoral?
Somos simplemente un punto ínfimo en un inmeso ciberespacio, pero es posible que alguien en alguna parte se percate de las señales que se emiten desde este blog.
¿Qué ocurrirá con la sexta petición, la relativa al apoyo al Justicia de Aragón? ¿Tampoco querrá saber nada la Mesa de las Cortes? Tiempo al tiempo.
¿Ni siquiera se agradece el ejercicio del derecho de petición o la confianza depositada en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de la Cámara? Ni siquiera ese mínimo gesto de cortesía.
Lo del nombramiento de Biel es muy sintomático. Contradice lo establecido en la ley, en la que se requiere ser Consejero para ser nombrado Vicepresidente del Gobierno de Aragón, pero nadie tiene interés en debatir la regularidad del nombramiento. Nadie cuestiona al poder en esta comunidad. ¿Así se construye ciudadanía y se robustece la democracia? Así se abona el campo al abuso de poder.
Es grave lo que sucede con el personal de los Gabinetes de los Consejeros y más grave que, denunciada la situación, todo siga igual y ni siquiera la Mesa de las Cortes quiera saber nada de la cuestión. ¿Quién vela por la salud de la democracia? Más grave aún el hecho de que algunos partidos presenten como número uno en sus listas a personas que están defraudando diariamente a los ciudadanos, al cobrar un sueldo público por un trabajo al que si ni siquiera acuden. Tampoco se puede decir nada de eso, pues está muy mal visto que la sociedad vigile al poder y que los ciudadanos denuncien la corrupción de la clase política. Parece que estamos condenados a soportarla. Todo al contrario de como debería ser.
Publicar un comentario