UN SIGNO NEGATIVO.

Las noticias que circulan sobre el proyecto de oferta de empleo público para 2016, elaborada por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, son un claro indicio de la absoluta falta de voluntad del Gobierno de Aragón de abordar con seriedad la elevada precariedad que, desde hace años, desvirtúa el modelo de función pública y mantiene en prolongada crisis el régimen de selección de personal de las Administraciones Públicas.

Seguimos igual o peor. La manifiesta insuficiencia de las plazas ofrecidas al turno libre de acceso, para la incorporación de personal de nuevo ingreso a la función pública, en el ámbito de administración general, parece ratificar la voluntad del Gobierno de Aragón por restringir en todo lo posible el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública, como ya viene haciendo con la interposición de recursos de casación contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las ofertas de empleo público de 2014 y 2015, por vulnerar dicho derecho fundamental, al no incorporar la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos, como exigen el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Ello inevitablemente nos ha de llevar nuevamente a confrontar con la política de personal del Gobierno de Aragón, y nos obligará una vez más a plantear ante los Tribunales la necesidad de la tutela del derecho de los ciudadanos al acceso a la función pública. Algunos creerán que es lo que corresponde en un Estado de Derecho, donde los Tribunales ejercen la garantía del principio de legalidad. No obstante, después de cinco resoluciones judiciales anulando cinco ofertas aprobadas por el Gobierno de Aragón, la contumacia de éste en reincidir en los defectos señalados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón lo coloca en una actitud poco compatible con las exigencias del Estado de Derecho.

No es de recibo que un Gobierno, sea del color político que sea, imponga a los ciudadanos el ejercicio reiterado de acciones judiciales para garantizar el ejercicio de un derecho fundamental, que como tal debiera vincular a todos los poderes públicos, empezando por los órganos de gobierno de las Administraciones que han de aprobar anualmente las ofertas de empleo público. Frente a la contumacia del Gobierno de Aragón, deberemos insistir en la defensa de la legalidad.