LA ASOCIACIÓN EXPONDRÁ SUS TESIS SOBRE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA ANTE LA COMISIÓN DE COMPARECENCIAS Y PETICIONES CIUDADANAS DE LAS CORTES DE ARAGÓN.

El próximo día 14 de junio, de acuerdo con la decisión adoptada por la Mesa de la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón, comparecerán ante la misma representantes de esta Asociación para exponer las posiciones mantenidas en defensa del derecho de acceso a la función pública autonómica, y demandar de los Grupos Parlamentarios iniciativas tendentes al aseguramiento efectivo de dicho derecho, entre ellas la petición al Gobierno de Aragón de que retire los recursos de casación promovidos contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que declararon contrarias a derecho las ofertas de empleo público de 2014 y 2015.

Como señalamos en nuestra petición de comparecencia, dirigida a las Cortes de Aragón el pasado 18 de febrero, “entendemos conveniente que las Cortes de Aragón puedan recibir de manera directa información sobre el actual funcionamiento del régimen de acceso a la función pública –tras cuatro sentencias judiciales anulatorias de ofertas de empleo público del Gobierno de Aragón- y la escasa voluntad del actual Ejecutivo autonómico para corregir las irregularidades señaladas, como lo demuestra al promover recurso de casación contra la última de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con el fin de impedir o demorar la restauración del derecho vulnerado”.

La defensa de la legalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos, que deben tener su reflejo en la aprobación anual de la oferta de empleo público por parte del Gobierno de Aragón, no es una mera discusión jurídica. Es ante todo una decisión política, tanto del Parlamento que aprueba las leyes que establecen el régimen de ejercicio del derecho, como del Gobierno, que debe asegurar la realización práctica del mismo, sin que los ciudadanos nos veamos obligados a acudir año tras año a los Tribunales por la inhibición o deficiente actuación de uno y otro en el desempeño de sus respectivas responsabilidades.

Las elevadas tasas de temporalidad en la Administración Pública autonómica son directa consecuencia del incumplimiento de la normativa de función pública en materia de selección de personal, incumplimiento que ha quedado claramente de manifiesto con las cinco sentencias estimatorias de los recursos promovidos por esta Asociación contra las irregulares ofertas de empleo público aprobadas por el Gobierno de Aragón.

Dicho incumplimiento ha de acarrear no solo una sanción jurídica sino un claro reproche social y una censura política, que corresponde a la institución que tiene encomendada la función de control de la acción de gobierno, y que no es otra que el Parlamento. Por ello, tras acudir a los Tribunales, entendemos necesario acudir al Parlamento, para reclamar control sobre la acción de gobierno en materia de acceso al empleo público, porque garantizar el exacto cumplimiento de la legalidad y de las sentencias dictadas por los Tribunales es avanzar en el respeto de los derechos de los ciudadanos y en el reforzamiento necesario de la profesionalidad de la Administración Pública.