LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD CIVILIZADA: UN COMPROMISO INELUDIBLE.

Nadie que tenga entre sus objetivos la defensa de los valores democráticos y del Estado de Derecho –como los tiene esta Asociación- puede mostrarse indiferente a los crecientes desafíos a las libertades más básicas de los ciudadanos –el derecho a la vida y a la seguridad, a la libertad individual, a manifestar pacíficamente las ideas, a asociarse, y todos aquellos otros contenidos que dan sustancia real a la noción de ciudadanía- que la realidad internacional evidencia.

Una función pública democrática –al servicio de los ciudadanos y de los valores constitucionales de libertad, igualdad y justicia- requiere de un marco jurídico que propugne la vigencia efectiva de los derechos de los ciudadanos y el respeto al funcionamiento democrático de las instituciones. Dichos derechos deben ser salvaguardados por el Estado, como consecuencia de su configuración como Estado de Derecho, pero suponen asimismo un límite a la conducta de los particulares. Nadie está legitimado para lesionar los derechos fundamentales de los otros. Dichos derechos son un límite a la libertad individual, pues suponen la condición de libertad y dignidad de todos y cada uno de los miembros de una sociedad.

La crisis de los refugiados –con el olvido del derecho de asilo que garantiza nuestra propia Constitución, de manera coherente con lo que señalan las normas de derecho internacional- o el terrorismo fanático que ayer golpeaba a la capital de la Unión Europea, como demostración más extrema del desprecio hacia la vida ajena, sacrificando las vidas de ciudadanos en nombre de integrismos políticos o religiosos, nos obligan a movilizarnos en defensa de los derechos humanos, para tratar de poner freno a la indiferencia y a la barbarie.

Por ello, en la Asamblea anual que esta Asociación celebrará la semana próxima habremos de analizar el modo de contribuir de forma activa a la defensa de los derechos humanos en el mundo y, principalmente, con demandas dirigidas a las instituciones de la Unión Europea, pues la defensa de la libertad individual ha de constituir una seña de identidad del proyecto de integración europea del que formamos parte.

Con ello hemos de dejar testimonio de nuestro inequívoco compromiso, como ciudadanos y servidores públicos, con los valores democráticos y con la exigencia del respeto a los derechos humanos –a la libertad y dignidad de todas las personas-, incorporando a nuestra actividad el impulso de acciones contra la violación de derechos humanos y a favor del respeto del derecho internacional humanitario.