El
pasado día 12 de junio de 2015, esta Asociación se dirigió por escrito a la Presidenta del Gobierno
de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para expresarle nuestra alarma por las
informaciones relativas a la destrucción de documentación administrativa que se
estaba produciendo en diferentes Departamentos y Organismos públicos del
Gobierno de Aragón, tras la celebración de las pasadas elecciones del 24 de
mayo de 2015 y el previsible cambio de gobierno derivado de los resultados
electorales.
Considerábamos
un hecho totalmente anómalo y contrario a los más elementales principios del
funcionamiento institucional la destrucción de documentos públicos con motivo
de un posible cambio político, máxime teniendo en cuenta que todo documento
público, por expresa determinación legal, forma parte del patrimonio documental
aragonés y se halla integrado en el patrimonio cultural aragonés y español,
previéndose su deber de conservación tanto en la legislación autonómica como en
la estatal.
Por
ello, tras referir las diferentes normas jurídicas que establecen el deber de
conservación de todo documento público generado por los órganos de la Administración –entre
los cuales se incluyen naturalmente los órganos de apoyo directo a los miembros
del Gobierno de Aragón-, y en ejercicio del derecho de petición reconocido en
el artículo 29 de la
Constitución Española, solicitamos a la Presidenta del Gobierno
de Aragón que impartiese de inmediato instrucciones precisas a todos los
miembros del Gobierno de Aragón para que se preservara escrupulosamente toda la
documentación administrativa generada durante la legislatura, y especialmente
en sus gabinetes, por venir así exigido por el ordenamiento jurídico, adoptando
en su caso las medidas disciplinarias oportunas en el caso de que se hubieran
producido destrucciones documentales al margen de la normativa de protección de
patrimonio documental y archivos.
A
dicha petición ha dado respuesta la Secretaria General
Técnica de la Presidencia,
mediante escrito de 22 de junio de 2015, en el que se nos informa que el
Gobierno de Aragón es estrictamente respetuoso con la legislación estatal y
autonómica relativa a la protección y conservación del patrimonio documental
aragonés, negando el que se hubiera producido destrucción de documentación
administrativa que forme parte de expedientes administrativos en la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Dicha
respuesta, deliberadamente ambigua y evasiva, niega exclusivamente la destrucción
de documentación que forme parte de expedientes tramitados por la Administración de la Comunidad Autónoma,
con lo que parece aludir a la actividad ordinaria de los órganos administrativos
de los Departamentos y organismos públicos, pero nuestro escrito se refería a
la documentación generada por los Gabinetes de los miembros del Gobierno, que
por su propia naturaleza no pueden ejercer funciones administrativas y, por
consiguiente, su documentación no puede formar parte de ningún expediente
administrativo.
Es
evidente que la respuesta dada –claramente incongruente con nuestra preocupación
y nuestra petición- trata de ocultar la realidad de la destrucción
producida en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón –hecho que
venía a ratificarse por la respuesta remitida a esta Asociación, mediante
correo electrónico, por el Consejero de Presidencia y Justicia, en el que se
reconocía dicha destrucción, aunque se afirmaba que la misma no había afectado
a documentos de valor oficial o patrimonial-, pero se omite toda referencia a
las garantías que imponen las leyes en cuanto a la preservación de toda la
documentación pública.
Consecuentemente
esta Asociación remitirá la respuesta recibida tanto a la Inspección General
de Servicios como al Justicia de Aragón, para que se incorpore como documentación
adicional a las denuncias realizadas sobre destrucción documental llevada a
cabo en los órganos de apoyo inmediato a los miembros del Gobierno de Aragón,
lo que vulnera el Estatuto Básico del Empleado Público, las leyes de patrimonio
y de archivos, y pudiera ser constitutivo de un delito de infidelidad en la
custodia de documentos públicos.
Se
reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito remitido por la Secretaría General
Técnica de la Presidencia:
“Zaragoza, a 22 de junio de 2015.
Estimado Sr. Guiral:
Por medio de la presente,
se acusa recibo de su escrito de fecha de entrada en el Gobierno de Aragón el
17 de junio de 2015, por el que se refiere a informaciones relativas a la
destrucción de documentación administrativa tras la celebración de elecciones a
Cortes de Aragón, el pasado 24 de mayo de 2015.
En contestación al mismo,
siguiendo indicaciones de S.E. la
Presidenta del Gobierno, le informo que en su actuación, el
Gobierno de Aragón es estrictamente respetuoso con la legislación estatal y
autonómica relativa a la protección y conservación del patrimonio documental
aragonés, no habiéndose producido ninguna destrucción de documentación
administrativa que forme parte de expedientes tramitados en la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Sin otro particular,
reciba un cordial saludo.
Cristina Moreno Casado,
Secretaria General Técnica de la
Presidencia”.
2 comentarios:
No son capaces de negar lo que es un secreto a voces.
Optan por las medias verdades.
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