LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN NIEGA LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, PERO NADA DICE DE LA DOCUMENTACIÓN PÚBLICA DE LOS GABINETES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO.

El pasado día 12 de junio de 2015, esta Asociación se dirigió por escrito a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para expresarle nuestra alarma por las informaciones relativas a la destrucción de documentación administrativa que se estaba produciendo en diferentes Departamentos y Organismos públicos del Gobierno de Aragón, tras la celebración de las pasadas elecciones del 24 de mayo de 2015 y el previsible cambio de gobierno derivado de los resultados electorales.

Considerábamos un hecho totalmente anómalo y contrario a los más elementales principios del funcionamiento institucional la destrucción de documentos públicos con motivo de un posible cambio político, máxime teniendo en cuenta que todo documento público, por expresa determinación legal, forma parte del patrimonio documental aragonés y se halla integrado en el patrimonio cultural aragonés y español, previéndose su deber de conservación tanto en la legislación autonómica como en la estatal.

Por ello, tras referir las diferentes normas jurídicas que establecen el deber de conservación de todo documento público generado por los órganos de la Administración –entre los cuales se incluyen naturalmente los órganos de apoyo directo a los miembros del Gobierno de Aragón-, y en ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, solicitamos a la Presidenta del Gobierno de Aragón que impartiese de inmediato instrucciones precisas a todos los miembros del Gobierno de Aragón para que se preservara escrupulosamente toda la documentación administrativa generada durante la legislatura, y especialmente en sus gabinetes, por venir así exigido por el ordenamiento jurídico, adoptando en su caso las medidas disciplinarias oportunas en el caso de que se hubieran producido destrucciones documentales al margen de la normativa de protección de patrimonio documental y archivos.

A dicha petición ha dado respuesta la Secretaria General Técnica de la Presidencia, mediante escrito de 22 de junio de 2015, en el que se nos informa que el Gobierno de Aragón es estrictamente respetuoso con la legislación estatal y autonómica relativa a la protección y conservación del patrimonio documental aragonés, negando el que se hubiera producido destrucción de documentación administrativa que forme parte de expedientes administrativos en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Dicha respuesta, deliberadamente ambigua y evasiva, niega exclusivamente la destrucción de documentación que forme parte de expedientes tramitados por la Administración de la Comunidad Autónoma, con lo que parece aludir a la actividad ordinaria de los órganos administrativos de los Departamentos y organismos públicos, pero nuestro escrito se refería a la documentación generada por los Gabinetes de los miembros del Gobierno, que por su propia naturaleza no pueden ejercer funciones administrativas y, por consiguiente, su documentación no puede formar parte de ningún expediente administrativo.

Es evidente que la respuesta dada –claramente incongruente con nuestra preocupación y nuestra petición- trata de ocultar la realidad de la destrucción producida en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón –hecho que venía a ratificarse por la respuesta remitida a esta Asociación, mediante correo electrónico, por el Consejero de Presidencia y Justicia, en el que se reconocía dicha destrucción, aunque se afirmaba que la misma no había afectado a documentos de valor oficial o patrimonial-, pero se omite toda referencia a las garantías que imponen las leyes en cuanto a la preservación de toda la documentación pública.

Consecuentemente esta Asociación remitirá la respuesta recibida tanto a la Inspección General de Servicios como al Justicia de Aragón, para que se incorpore como documentación adicional a las denuncias realizadas sobre destrucción documental llevada a cabo en los órganos de apoyo inmediato a los miembros del Gobierno de Aragón, lo que vulnera el Estatuto Básico del Empleado Público, las leyes de patrimonio y de archivos, y pudiera ser constitutivo de un delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito remitido por la Secretaría General Técnica de la Presidencia:

“Zaragoza, a 22 de junio de 2015.

Estimado Sr. Guiral:

Por medio de la presente, se acusa recibo de su escrito de fecha de entrada en el Gobierno de Aragón el 17 de junio de 2015, por el que se refiere a informaciones relativas a la destrucción de documentación administrativa tras la celebración de elecciones a Cortes de Aragón, el pasado 24 de mayo de 2015.

En contestación al mismo, siguiendo indicaciones de S.E. la Presidenta del Gobierno, le informo que en su actuación, el Gobierno de Aragón es estrictamente respetuoso con la legislación estatal y autonómica relativa a la protección y conservación del patrimonio documental aragonés, no habiéndose producido ninguna destrucción de documentación administrativa que forme parte de expedientes tramitados en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Cristina Moreno Casado, Secretaria General Técnica de la Presidencia”.