URGE REACCIONAR CONTRA LA PEREZA, LA INERCIA Y LA DEGRADACIÓN.

La realidad de la Administración no puede entenderse sin reconocer el hecho de que muchos responsables y funcionarios públicos han renunciado al principio de exigencia que obliga a gestionar con eficacia y respeto a la legalidad. Hay proyectos que no salen, normas que decaen por falta de impulso, y a nadie parece importarle. No hay cultura ni compromiso con los resultados, en muchos casos el trabajo carece de calidad porque se sabe condenado al fracaso. De todo eso hay abundantes ejemplos en la actual legislatura.

Ni la calidad ni el cumplimiento de las normas –objetivo que parece inalcanzable en estos momentos-, ni la satisfacción del interés general ni el servicio eficaz a las necesidades de los ciudadanos parecen hoy verdaderos compromisos de la Administración de la Comunidad Autónoma. La carencia de objetivos en la gestión es manifiesta y el poco escrúpulo en la tramitación de los procedimientos es noticia constante en la prensa –basta con observar la gestión del Ingreso Aragonés de Inserción o la falta de reconocimiento de las prestaciones a las personas en situación de dependencia, pero se podrían señalar con total seguridad otros muchos ejemplos-, si bien todo ello parece insuficiente para generar un verdadero cambio de actitud por parte de los gestores públicos, instalados en su lógica de ineficiencia y de autojustificación.

Necesitamos una reacción generalizada frente a este estado de cosas, rechazar las rutinas y las inercias que nos han conducido al actual nivel de inoperancia en amplias parcelas de la Administración Pública. La calidad de la gestión queda permanentemente cuestionada en los informes emitidos por el Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas –que no muestran sino una mínima parte de las deficiencias de la gestión pública-, sin que ello merezca la menor autocrítica por parte de los responsables públicos. Resulta más sencillo descalificar al órgano de control, y seguir negando la evidencia del profundo deterioro de la gestión pública.

El cambio de legislatura constituye una magnífica oportunidad para superar la insostenible actitud que tantos mantenemos en el ámbito de las Administraciones Públicas, aceptando, como si fuera una fatalidad inevitable, el continuo incumplimiento de las normas o el despilfarro injustificable de recursos públicos. Sin legalidad, profesionalidad y ética pública, no cabe esperar que los ciudadanos reconozcan ninguna legitimidad social a quienes trabajamos en las Administraciones Públicas.

Confiamos en que la nueva realidad política resultante de las elecciones del próximo 24 de mayo de 2015 abra una oportunidad real para someter a crítica la situación de la gestión de los servicios públicos y posibilite afrontar, sin complejos de ningún tipo, todas las deficiencias que aquejan a las Administraciones públicas aragonesas, rechazando la inercia y la inacción a la que tantos parecen haberse abandonado en estos años, con total dejación de su deber de responsabilidad y su obligado compromiso con la legalidad y la eficacia.