DIÁLOGO, COOPERACIÓN Y LEGALIDAD.

En tiempos de incertidumbre –como los marcados por los resultados electorales del pasado domingo-, importa mucho reafirmar los principios que han de servir de guía en el comportamiento personal y colectivo. No podemos anticipar los efectos que las pasadas elecciones autonómicas puedan tener en el funcionamiento de las Administraciones Públicas, pero parece muy probable que los servidores públicos van a ver sometidas a prueba todas sus virtudes profesionales, entre las que se incluyen las de imparcialidad y compromiso con la legalidad. No corresponde a los funcionarios marcar objetivos de la acción pública –ni impedir u obstruir los fijados por el Gobierno legítimo-, pero tampoco es posible olvidar el necesario sometimiento a la legalidad que corresponde a toda decisión administrativa. El incumplimiento de la legalidad no es una alternativa posible en el Estado de Derecho.

Esta Asociación afronta el nuevo periodo reafirmando su plena confianza en valores como el diálogo, la cooperación y la legalidad. Valores que valen –si se admite la expresión- en todo lugar y circunstancia, pero que resultan indispensables en aquellos espacios, como son las Administraciones, en los que se hallan en juego el interés general y la realización de los derechos de los ciudadanos.

Hay que saber que el diálogo es un modo necesario –en toda circunstancia- para buscar soluciones compartidas, para avanzar en el respeto mutuo, para generar confianza y solidaridad en todos los ámbitos, ya sea social como institucional. El diálogo sirve para conocer las razones del otro y para poder sopesarlas, sin necesidad de compartirlas, pero acaso hablar –y hacerlo con respeto- sirva para descubrir los muchos matices que la realidad contiene, evitando los esquematismos falsos que los prejuicios y la incomunicación producen. Nadie es propietario de la verdad, pues la verdad es una permanente búsqueda en la que es imprescindible la aportación de los demás. El diálogo nos permite avanzar en esa búsqueda.

Hay que practicar y fomentar el diálogo y la colaboración tanto en los círculos sociales como en el seno de las instituciones. Las Administraciones Públicas, donde el principio de jerarquía ha desplazado en muchas ocasiones el necesario diálogo y la búsqueda de decisiones participativas e inteligentes, están carentes de capital social suficiente, ese conjunto de relaciones de confianza y cooperación recíproca que hace más eficiente el trabajo de todos, y que permite aprender del consejo y la experiencia de quienes han acumulado conocimiento tras años de actividad. El conocimiento ha de compartirse en las organizaciones, y ha de evitarse su utilización como patrimonio individual, al servicio de objetivos exclusivamente personales, como son la propia promoción profesional.

El diálogo y la cooperación han de tener como límite y como objetivo el respeto a la legalidad, según impone la realidad de nuestro Estado de Derecho. Las normas son la garantía de los derechos de todas las personas, particularmente de las que cuentan con menos poder o  menos recursos económicos, y los avances sociales habrán de traducirse, necesariamente, en el cambio de las normas, en la evolución del ordenamiento jurídico, nunca en su incumplimiento.

El progreso no puede asentarse, de ningún modo, en el desprecio hacia la legalidad. La ilegalidad es intrínsecamente antidemocrática, pues supone una infracción de la ley votada por la mayoría de los ciudadanos, lo que le otorga su legitimidad democrática, y representa un fraude a la solidaridad colectiva. No es admisible, por ello, que los servidores públicos puedan admitir excepciones a la aplicación de la ley, o colaboren en olvidos selectivos que interesan al poder político de turno o marcan un trato privilegiado de unos ciudadanos respecto a otros.

La legalidad, la cooperación y el diálogo son principios a tener en cuenta para afrontar nuevos escenarios ciudadanos e institucionales, en los que el pluralismo y las diferencias de planteamientos se incrementan, y esos valores debemos reivindicarlos y practicarlos en el seno de las Administraciones Públicas, tanto al inicio de una nueva legislatura, para ajustar los engranajes de Gobierno y Administración a la orientación de la gestión pública que legítimamente se establezca, como en el desarrollo de la actividad pública, pues legalidad, cooperación y diálogo son principios que favorecen la buena administración y que permiten avanzar hacia una sociedad decente, objetivo último que debiéramos compartir la inmensa mayoría de los ciudadanos, y al que todos hemos de aportar nuestro esfuerzo y nuestra capacidad de diálogo. También, y de forma inexcusable, los servidores públicos.