El Gobierno de Aragón aprobó
en la pasada semana –el martes 9 de diciembre- el texto del Proyecto de Ley de
medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta
Resolución en el Servicio Aragonés de Salud. Su votación en las Cortes de Aragón,
por el procedimiento de lectura única, está prevista para la sesión plenaria
del próximo jueves 18 de diciembre. La opacidad y precipitación de esta
iniciativa legislativa debería ser objeto de un rotundo rechazo.
Se trata de una iniciativa
legislativa cuya única finalidad es asegurar la integración del personal
laboral del Consorcio con contrato indefinido como personal del Servicio
Aragonés de Salud, en el que quedarán incorporados a plazas con la condición de
“a extinguir”. A juicio de esta Asociación, tal fórmula constituye un fraude de
ley –que contraviene las condiciones de
acceso al empleo público señaladas en la Constitución y en el
Estatuto Básico del Empleado Público- que debe rechazarse, pues su aceptación
abriría el camino a una integración futura del personal de las empresas públicas
en la Administración
departamental, consumando una maniobra de burla de las reglas de acceso a la
función pública y de desprofesionalización que solo cabe rechazar con total
rotundidad.
Todo Proyecto de Ley, según
lo exigido para su aprobación en la
Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, debe contar con
las necesarias memoria justificativa de la necesidad de la norma y memoria
económica, así como con los preceptivos informes de la Secretaría General
Técnica del Departamento competente –en este caso el de Sanidad, Bienestar
Social y Familia- y de la
Dirección General de los Servicios Jurídicos. Dada la
incidencia que el proyecto normativo tiene en materia presupuestaria y de
función pública, resultan igualmente preceptivos los informes del Departamento
de Hacienda y Administración Pública sobre tales materias. Tal documentación
constituye los antecedentes necesarios con que el Gobierno de Aragón debe acompañar al Proyecto de Ley al enviarlo a las Cortes de
Aragón para su tramitación. Así lo establece el artículo 122.1 del Reglamento
de las Cortes de Aragón: “Los proyectos de ley remitidos por la Diputación General
de Aragón irán acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes
necesarios para poder pronunciarse sobre ellos”.
Pues bien, el Gobierno de
Aragón no solo ha omitido el envío de los antecedentes necesarios para que los
Grupos Parlamentarios puedan valorar la corrección jurídica y oportunidad
política de las condiciones establecidas para la integración del Consorcio en
el Servicio Aragonés de Salud, sino que, a través de los Grupos Parlamentarios que le respaldan en la Cámara,
pretende que el texto sea tramitado a través del procedimiento de lectura
única, procediéndose a su votación esta misma semana, sin tiempo suficiente
para realizar un estudio suficiente del texto, pues que se pretende que la
integración despliegue todos sus efectos a partir del 1 de enero de 2015.
Es evidente que la
tramitación de esta norma, en la que concurren opacidad y precipitación en
dosis alarmantes, constituye una deliberada estrategia de imponer una solución
arbitraria preestablecida tanto al Parlamento como a la sociedad –incluidas
todas las personas afectadas, de uno u otro modo, por la integración
pretendida-, sin permitir un análisis y debate adecuados.
Llama la atención, una vez
más, que el Gobierno de Aragón, ante una iniciativa legislativa que plantea
relevantes dudas de carácter jurídico –en todo lo que afecta a la pretendida
integración del personal del Consorcio en el Servicio Aragonés de Salud-,
prescinda de recabar la opinión del Consejo Consultivo, cuya objetividad e independencia
lo avalan como el supremo órgano consultivo del Gobierno autonómico. La Ley 1/2009, de 30 de marzo,
del Consejo Consultivo de Aragón, señala en su artículo 16, la posibilidad de
reclamar dictamen facultativo de dicho órgano en relación con cualquier
anteproyecto de ley. Es evidente que las implicaciones jurídicas que reviste la
integración del Consorcio y las condiciones que correspondería aplicar a su
personal, para asegurar su adecuación a la normativa de función pública,
aconsejaba la solicitud de dicho dictamen facultativo, para una mejor decisión
legislativa.
Al no recabarse tal dictamen, el Gobierno de
Aragón parece más interesado en imponer la solución de integración prevista
–aunque pueda resultar antijurídica- que ajustar las condiciones de integración
a las exigencias del ordenamiento jurídico de aplicación, en particular en todo
lo concerniente a la adquisición de la condición de empleado público y al
régimen jurídico que quepa aplicarles tras dicha incorporación.
Esta Asociación, ante la
manifiesta insuficiencia de la tramitación realizada y la carencia de un
correcto análisis de las implicaciones que la incorporación del personal tiene
en la futura actividad y gestión de los centros del Consorcio que pasan a
depender del Servicio Aragonés de Salud, va a solicitar al Gobierno de Aragón
la retirada del Proyecto de Ley de las Cortes, así como a la Mesa de las Cortes y a los
diferentes Grupos Parlamentarios la revocación del acuerdo de tramitación por
lectura única del citado Proyecto de Ley, al carecer el Parlamento de la
información necesaria para tomar una decisión adecuada e impedir el
procedimiento acordado llevar a cabo el necesario estudio y debate de la fórmula
de integración propuesta por el Gobierno.
En el caso de aprobación del
Proyecto de Ley en sus actuales términos, esta Asociación planteará la
oportunidad de su impugnación, por vicio de inconstitucionalidad, tanto a la
institución del Defensor del Pueblo como al Presidente del Gobierno de la Nación y a los Grupos
Parlamentarios de las Cortes Generales. No podemos permanecer callados ante lo
que supone una decisión arbitraria del Gobierno de incorporar a la función pública
a un amplio colectivo al margen de las reglas constitucionales de acceso a la
misma, con evidente quiebra del principio de igualdad entre todos los
ciudadanos. Es obligado reaccionar para evitar que esta decisión produzca
efectos y sirva de precedente para futuras integraciones del personal del
sector público autonómico –de entidades y empresas públicas- que ha accedido a
sus puestos de manera ajena a los principios de igualdad, mérito y capacidad
que se exigen para ingresar en la función pública.
8 comentarios:
Era una promesa electoral del PP y a punto de concluir la legislatura la ha cumplido, aunque con polémica. A partir del próximo 1 de enero, los 347 trabajadores del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR) se integrarán en el Servicio Aragonés de Salud. “Los pacientes solo notarán el cambio por el logotipo de la bata de los profesionales”, indicó el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, tras la aprobación de esta ley de lectura única en un consejo extraordinario celebrado ayer. De hecho, a efectos del ciudadano, se mantendrá la cartera de servicios.
“Sentido común y justicia”, indicó el consejero para justificar esta integración, que afecta a los cuatro centros de este consorcio que presta asistencia sanitaria especializada en Jaca, Fraga, Ejea y Tarazona. Dos premisas que no comparten sindicatos y otros miembros de la Administración pública, que considera que en muchos casos esta medida no atiende a criterios “transparentes” por dotar de un estatus laboral determinado a trabajadores que en su día accedieron a su empleo –en algunos casos– en unas condiciones distintas al resto de empleados públicos. De hecho, la integración no ha sido sencilla al haber hasta doce tipos de contratos diferentes.
El Ejecutivo autonómico insistió ayer en que se adapta a la ley e integra de forma “justa” a los empleados después de haber mantenido numerosas reuniones con agentes sociales y representantes de los trabajadores. Sin embargo, tanto algunos sindicatos como miembros de la propia Dirección General Función Pública del Gobierno de Aragón ponen reparos a esta ley de integración.
PLAZAS A EXTINGUIR De este modo, el personal laboral con contrato indefinido (186 personas en los cuatro centros de la comunidad) se incorporarán al Salud ocupando “plazas a extinguir” con carácter también indefinido y con vigencia hasta que estas personas las abandonen por jubilación o baja voluntaria. Este personal no adquirirá la condición de empleado público, que únicamente podrán conseguir si superan las correspondientes pruebas selectivas que en su caso convoque la administración pública. Por tanto, ninguna de estas plazas saldrá a oposición ni habrá concurso de traslados.
Además de este bloque, 84 interinos y 34 puestos correspondiente a comisiones de servicio, miembros del Salud que trabajaban en el CASAR y altos directivos se integrarán en el Servicio Aragonés de Salud con la misma vinculación que tienen hasta ahora y en los mismos centros. Y los 33 profesionales contratados por el Ayuntamiento de Jaca antes de 1994 pasarán a ser personal laboral fijo del Salud con la posibilidad de participar en futuras convocatorias de estatutarización si así lo desean. El motivo, haber sido contratados con anterioridad por una Administración pública.
Según el Ejecutivo autonómico, los profesionales “van a salir ganando”, puesto que al integrarse en los servicios correspondientes a su especialidad en el hospital de referencia (Barbastro, Huesca y Hospital Clínico de Zaragoza), “ganarán en conocimiento de casos y participarán en las sesiones clínicas del resto de compañeros”, con lo que “adquirirán mayor destreza y experiencia”.
Respecto a la prestación de la asistencia, las modificaciones se han hecho “promovidas y a instancias de los jefes de servicio, contando antes que nada con la seguridad del paciente”. Aproximadamente 120.000 personas son usuarias de estos centros sanitarios.
Polémica por un informe desfavorable
Según fuentes solventes, existe un informe de la Dirección General de la Función Pública que desaconseja la aprobación de esta ley al poder tener elementos de inconstitucionalidad y no atender a los principios de concurrencia y transparencia a los que se deben acoger las medidas que afectan al empleo público. Por ello, podría ser recurrida y la Justicia podría revocarla, al tiempo que podría tener un efecto llamada con otros consorcios o empresas públicas. Conocedores de este informe, numerosos sindicatos y personal afectado solicitan que se difunda y se haga público.
epa
Comentario:
soy interina en el consorcio, el dia del anuncio de la integración, me sentí el bicho raro de mi servicio donde todas celebraban el gordo de la loteria y yo casi me tuve que esconder, que era una interina? Lo q se premiaba era entrar en el sistema sin puntos, sin experiencia y en la puerta de casa…
Comentario:
Cuando lo que no casa tiene que CASAR hay que inventarse UNA LEY ÚNICA (ad hoc)para que lo que es ilegal sea legal. Para que está el Estatuto Básico del Empleado Público, para que El Estatuto Marco, para que la Ley de Función Pública y la ley del salud de Aragón y para qué está la CONSTITUCIÓN, para que se convocan oposiciones, para que ahora un Parlamento Autonómico se saque de la chistera una nueva forma de acceder a la Administración Pública: Entrar a dedo y ser decretado a extinguir.
Cómo pueden no ser empleados públicos (incluso los que han aprobado una oposición en una Administración pública) y a la vez crear vacantes de empleados públicos para ser ocupadas por personas que no son empleados públicos y que van a ocupar dichas plazas de por vida.
Dígales a todos los que están preparando oposiciones que el sistema tiene gateras… que todavía está pendiente el Banco de Sangre, el Instituto de Ciencias de la Salud y todas las empresas públicas creadas en Aragón. …. Si esto es transparencia, por dios, que no venga la luz.
El sindicato Cemsatse ha convocado una concentración en contra de la integración del CASAR
FSP UGT Aragón denuncia que la Ley para la integración del CASAR crea inseguridad jurídica para todo el personal
Ante la integración del Consorcio Aragonés de Alta Resolución (CASAR), FSP UGT Aragón denuncia que la nueva Ley crea inseguridad jurídica para todo el personal y defiende que el traspaso debe ajustarse respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad de acceso al empleo público y respetando a todos los trabajadores que pasaron un proceso selectivo de oposición publicado en BOA. El sindicato plantea crear un plan de empleo para todo el personal eventual y que se garantice el mantenimiento de todas las plazas, tanto del personal sanitario como del no sanitario.
En la Comunidad Autónoma de Aragón ya se han llevado a cabo otros procesos de transferencias y de integración del personal cuando desaparece el organismo al que pertenecen y por lo tanto, FSP UGT Aragón considera que habrá que ajustarse al modo como se hicieron anteriores traspasos.
Con esta nueva Ley se crea inseguridad jurídica para todo el personal, fijos, laborales indefinidos y laborales interinos. Pasan a ser personal a extinguir cuando en las Administraciones Públicas se extingue la plaza o la categoría, no la persona y por lo tanto, al día siguiente pueden encontrarse en la calle. Con la presente Ley se vulneran derechos de los trabajadores del Consorcio y los del Salud y en consecuencia acarrearán procesos judiciales que perjudicaran en mayor medida a los trabajadores del Consorcio.
UGT se pregunta qué son para la Administración, si no se les consideran empleados públicos. En este caso el empleador es la Administración Pública y es esta condición lo que define al empleado público, con sus diversas modalidades y relaciones jurídicas.
Para FSP UGT Aragón el traspaso debe ajustarse respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad de acceso al empleo público; respetar a todos los trabajadores que pasaron un proceso selectivo de oposición publicado en BOA y garantizar el mantenimiento de todas las plazas y que no se amorticen ninguna, tanto de personal sanitario como de no sanitario. Asimismo plantea la creación de un plan de empleo para todo el personal eventual.
La FSP UGT Aragón velará para que se cumpla la legalidad vigente, tanto la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.
El Casar se creó en 2006 en virtud de un convenio con los ayuntamientos de Ejea, Tarazona, Fraga y Jaca y la Mutua de Accidentes de Zaragoza para la gestión de los centros sanitarios de las tres primeras localidades y el hospital de la última.
En diciembre de 2011, el actual ejecutivo autonómico anunció su intención de integrar los centros y personal del consorcio en el Salud, para lo que creó cuatro grupos que trabajaron en los aspectos asistenciales, jurídicos, laborales y económicos del proceso.
Desde entonces, la integración ha sido un problema complejo porque los trabajadores tienen hasta doce tipos de vinculación y acceso a su puesto diferentes.
EXIGIMOS UNA AUDITORÍA CIUDADANA SOBRE LA GESTIÓN DEL CASAR al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sr. Oliván , que pretende publicar antes de fin de año una LEY DE MEDIDAS PARA LA EFECTIVA INTEGRACIÓN DEL CONSORCIO ARAGONÉS DE ALTA RESOLUCIÓN EN EL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.
Esta decisión (según declaraciones suyas recogidas en medios de comunicación), es fruto de un informe encargado al propio Consorcio para valorar la integración. En este informe, al parecer, se han estudiado aspectos jurídicos, laborales y económicos, y en relación con el mismo, deduce el Consejero, que no hay ninguna prueba determinante para defender el modelo del Consorcio y que la integración va a permitir un ahorro inicial directo de 2,8 millones de euros, sin contar la reducción de costes que se producirá al gestionarse conjuntamente con el SALUD (compras etc.). En consecuencia con estas afirmaciones, el Consejero debe cuestionarse también, su clara apuesta por la colaboración público-privada para la sanidad (ejemplo del Hospital de Alcañiz), que no ha demostrado mejorar la gestión y que ha supuesto un sobrecoste para el gasto en sanidad.
Hemos valorado (sin haber sido posible conocer las cuentas del CASAR desde sus inicios ya que no tiene obligación legal de su presentación), una deuda acumulada de unos 20 millones de euros a lo que habría que sumar la deuda del consorcio de Jaca en el periodo de 2002 a 2006. Sobre esta deuda, pesa un informe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en el que se detectan irregularidades en el cómputo de la misma por valor de 1,8 millones de €, (en pagos a personal y en contratos de medicamentos). Todo ello, sin que hasta el momento, se haya iniciado ninguna investigación o auditoría que esclarezca las responsabilidades por la opaca gestión del Consorcio y los términos en que ésta se ha producido.
Por otra parte, se ha creado una situación caótica con los trabajadores que tienen una vinculación con el consorcio, con variedad de fórmulas de contratación sin haber valorado si en todos los casos se ha respetado los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y libre concurrencia.
Exigimos que de la misma forma que han de respetarse los derechos de los trabajadores a la hora de su integración, ésta, no sirva de excusa para amortizar plazas de cualquiera de las categorías profesionales implicadas en el Servicio Aragonés de Salud.
Nuestra posición es la defensa de una gestión de los servicios de salud totalmente pública, transparente y participativa y por este motivo, las organizaciones abajo firmantes exigimos que se realice una auditoría ciudadana de las cuentas y de la gestión realizada por los directivos y entidades que han formado parte del Consorcio Aragonés de Alta Resolución durante todos estos años, y que se señale a los responsables de la deuda y de la mala gestión, para que se les exija responsabilidad por los perjuicios ocasionados. La integración en el Servicio Aragonés de Salud que se pretende y con la que estamos de acuerdo, debe realizarse sin la asunción por parte de la sociedad aragonesa de cargas ilegítimas que no le corresponden.
Firmantes:
Asociación de Vecinos del Barrio de San José.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón. (ADSPA)
Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC)
Colectivo Unitario de Trabajadores. (CUT)
Confederación General del Trabajo de Aragón (CGT)
Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ)
Izquierda Unida Aragón. (I.U).
Marea Blanca.
Partido Comunista de España-Aragón. (PCE)
Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD)
Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad
[CCOO Informa]
martes 9 de diciembre de 2014
¡Basta ya de coladeros!
El Gobierno de Aragón aprueba la integración del CASAR en el SALUD mediante una Ley para impedir su recurso. CCOO solicita que se retire el Anteproyecto de ley y exige que se impida el acceso a la función pública a trabajadores que no han hecho una oposición, ni cumplen con los requisitos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Hoy martes, 9 de diciembre, el Gobierno de Aragón, mediante la aprobación de una ley, pretende acabar con el penúltimo caso de irresponsabilidad política en Aragón. Hoy el Gobierno de Rudi, mediante la aprobación de una ley, pretende taponar la sangría de millones de euros que supone mantener el Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución, el CASAR.
El CASAR, una privatización de la sanidad aragonesa iniciada por el Gobierno PSOE-PAR, allá por el año 2006, y que el Gobierno de Rudi ha decidido revertir, rendidos ante la evidencia de que el CASAR, como todas las privatizaciones, ha sido un gran negocio para algunos y una ruina para la ciudadanía aragonesa. Lástima que para darse cuenta de algo tan evidente hayan necesitado toda la legislatura.
Pero liquidar el CASAR no va a acabar con todos los problemas. La asunción por parte del SALUD de todos los servicios que se prestaban en Jaca, Fraga, Tarazona y Ejea de los Caballeros conlleva una serie de compromisos laborales que ahora la DGA tiene legalmente que asumir. El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores obliga a la Administración a “subrogarse en los derechos y obligaciones laborales” de los 347 trabajadores y trabajadoras del CASAR que automáticamente pasan a tener la consideración de personal laboral indefinido no fijo, ocupando sus plazas hasta que sean cubiertas por concurso de traslados u oposición, tal y como ya determinó el Tribunal Supremo en 1996. Hasta aquí todo claro.
Sin embargo, la ley que hoy aprueba el Gobierno de Aragón es ambigua y poco transparente. Para evitar asumir sus responsabilidades en lugar de integrar al personal del CASAR como indefinidos no fijos utiliza la denominación de personal indefinido “a extinguir” (sic), añadiendo que en ningún caso podrán adquirir la condición de empleado público.
Esta solución a la medida se presenta avalada por un informe de los servicios jurídicos de la Dirección General de la Función Pública. Informe que nunca se ha presentado, a pesar de que CCOO lo ha solicitado en reiteradas ocasiones en la Mesa General de Negociación como así consta en varias actas. Un informe que analiza pormenorizadamente como accedieron al CASAR los trabajadores y trabajadoras que actualmente prestan allí sus servicios.
Sorprendentemente, sin tener el acceso al informe (o a lo mejor sí), el resto de sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación (UGT, CSIF y CEMSATSE) se han apresurado a reclamar el derecho de algunos trabajadores a poder acceder a la condición de personal estatutario fijo. Todos los sindicatos, menos CCOO, se han atrevido a señalar las convocatorias que, según ellos, cumplían los requisitos constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Desde CCOO seguimos haciéndonos las mismas preguntas. ¿Dónde está el Informe de Función Pública? ¿Por qué no es público? ¿Qué intereses defiende el Gobierno de Aragón ocultando una información trascendental? ¿En base a qué datos se atreven a realizar conjeturas otros sindicatos? ¿Han tenido esos sindicatos acceso al contenido del Informe secreto?
CCOO defiende la legalidad. CCOO no permitirá que nadie acceda al empleo público utilizando gateras, ni retorciendo la ley en su beneficio. Los 421 puestos del CASAR deberán salir en los primeros concursos de traslados y en las primeras ofertas de empleo público. Eso o nos veremos en los Tribunales.
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