Desde esta Asociación nos hemos
dirigido a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para
solicitarles el impulso de medidas de control sobre la situación del personal
de las empresas públicas aragonesas, y en particular sobre la reciente denuncia
realizada por un grupo de trabajadores de
la Sociedad
Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) sobre la existencia
en la plantilla de dicha empresa pública de más de cuatrocientos trabajadores presentes
como candidatos en las distintas listas electorales del Partido Aragonés (PAR).
El asunto es lo suficientemente grave –y
expresa una sospecha bastante generalizada en la sociedad aragonesa y dentro de
la función pública autonómica-, como para abordarlo con la seriedad que reclama
el momento actual, en el que la credibilidad de los responsables públicos se
halla notablemente cuestionada. No es de recibo que el Presidente del Partido Aragonés
(PAR), José Ángel Biel, quiera despachar el asunto calificando la acusación como “broma de mal
gusto”. Lo que es de pésimo gusto y nula higiene democrática es que el
Presidente de las Cortes de Aragón, como máximo responsable de la institución
encargada del control de la acción del Gobierno autonómico, no impulse medidas
efectivas de control para esclarecer lo que pueda haber de cierto en tal acusación.
A todos nos consta que el Partido
Aragonés ha utilizado en el pasado el sector público autonómico para poner
sueldo público a una parte de sus afiliados o candidatos en el mundo rural. La
cuestión es saber en qué grado tal práctica ha lesionado el interés general de
los aragoneses y si en la actual etapa de gobierno, con responsables del
Partido Popular en la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, la
situación se mantiene y tolera. Un pacto de gobierno no puede ser un pacto de
intereses en perjuicio de los ciudadanos. Eso es lo que debe descartarse por
las instituciones aragonesas, tanto por el Gobierno de Aragón como por las
Cortes de Aragón.
Esta Asociación pedirá en los próximos
días una comisión de investigación en las Cortes de Aragón y estudiará la
posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción,
una vez valorada la relevancia penal que puedan tener los hechos denunciados. Ante
la previsible pasividad de las instituciones autonómicas no cabe admitir la
impunidad de los responsables de prácticas corruptas, por lo que se hace
necesario apelar a los mecanismos con que cuenta el Estado de Derecho para preservar el
respeto a la ley y la defensa del interés público, tareas que tiene constitucionalmente
encomendadas el Ministerio Fiscal.
Se reproduce el contenido íntegro del
escrito dirigido al Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista:
“Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista
Cortes
de Aragón
Palacio
de la Aljafería
50071-ZARAGOZA
Zaragoza, 10 de diciembre de 2014.
Estimados
señores:
La
reciente comparecencia realizada por representantes de Candidatura
Independiente SARGA ante la Comisión
de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de ese Parlamento, en el transcurso
de la cual se denunció públicamente que existen más de cuatrocientos
trabajadores de la empresa pública Sociedad
Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) presentes como candidatos en las
distintas listas electorales del Partido Aragonés (PAR), debe activar, a
nuestro juicio, los mecanismos de control interno, parlamentario y judicial,
que permitan constatar la veracidad de la acusación y determinar la posible
instrumentalización partidista en que se haya podido incurrir desde
determinados niveles del Gobierno de Aragón en relación con el sector público
autonómico.
Esta
Asociación confía en que sean las propias instituciones responsables de dichos
controles –como son el Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón o el Ministerio
Fiscal- las que reaccionen y pongan en marcha los procedimientos oportunos. Las
diferentes normas contemplan instrumentos suficientes para determinar el grado
de veracidad de tal denuncia y depurar, en su caso, las responsabilidades que
concurran.
El
hecho de que tal afirmación se haya efectuado ante una Comisión de las propias
Cortes de Aragón, institución a la que corresponde ejercer el control sobre la
acción del Gobierno, conforme a lo señalado en el artículo 33.1 del Estatuto de
Autonomía de Aragón, debería llevar a los Grupos Parlamentarios a impulsar las
oportunas iniciativas de control que permitan esclarecer la situación en que se
halla el personal del sector público autonómico, y en particular constatar las
condiciones de selección del mismo a fin de establecer las posibles conexiones
existentes entre los procesos selectivos de personal y la confección de
candidaturas a los procesos electorales municipales y autonómicos.
Debe
abordarse igualmente la irregular presencia de trabajadores de las empresas
públicas en las unidades administrativas de los Departamentos de la Administración
autonómica, donde llevan a cabo de manera indebida funciones reservadas a
funcionarios públicos. La insuficiencia de las plantillas administrativas o las
limitaciones aplicadas a la selección de personal funcionario de nuevo ingreso
no pueden justificar, en modo alguno, que se acuda al personal de las empresas
públicas para el ejercicio de potestades administrativas que tienen atribuidas
los órganos propios de la
Administración.
Entendemos
que los hechos señalados requieren una investigación rigurosa, por parte de los
órganos correspondientes, pero la distinta naturaleza de las responsabilidades
que pueden concurrir en la contratación irregular del personal de las empresas
públicas, exigiría del Parlamento autonómico determinar la responsabilidad
política en la que hayan podido incurrir los miembros del Gobierno de Aragón al
propiciar o tolerar una irregular selección del personal, guiada por criterios
de carácter político o clientelar, o la indebida utilización del personal de
dichas empresas para atender funciones propias de funcionarios en el ámbito de la Administración
departamental.
Por
todo ello, y sin perjuicio de la petición que pueda formularse por parte de
esta Asociación al amparo del derecho fundamental de petición y de las
previsiones contenidas en el Reglamento de esa Cámara, les sugerimos que por
parte de ese Grupo se impulsen medidas efectivas de control parlamentario sobre
la situación del personal de las empresas públicas autonómicas, al objeto de
esclarecer las diferentes irregularidades que puedan existir tanto en materia
de selección como en el indebido ejercicio de funciones reservadas a
funcionarios, desarrolladas en las propias oficinas de la Administración
autonómica.
Agradeciendo
de antemano su atención, reciban un atento y respetuoso saludo.
Julio
Guiral Pelegrín. Presidente de la
Asociación para la
Defensa de la Función
Pública Aragonesa”
12 comentarios:
CHA denuncia que 1/3 de los trabajadores de la empresa pública SARGA son del PAR
radio huesca
CHA señala que el PAR está haciendo una utilización política de SARGA, a empresa pública del Gobierno de Aragón, que ha sido controlada por el PAR durante los últimos diez años. Los nacionalistas recuerdan que el dato ha sido dado a conocer por los propios trabajadores de dicha empresa en sede parlamentaria, lo que demostraría lo que CHA ha denunciado una y otra vez: que determinadas empresas públicas han funcionado como una agencia de colocación para pagar favores políticos.
Dicen en Chunta que de los 1.200 trabajadores de SARGA, 400 son o han sido candidatos en las listas del PAR.
En Chunta creen que esta es una forma encubierta de corrupción y pone de manifiesto la falta de ética política de determinados dirigentes del PAR. CHA pedirá que las Cortes procedan a investigar y aclarar la contratación de esos cuatrocientos candidatos del PAR.
También los nacionalistas quieren saber si la actual diputada del PAR en las filas del PP del Congreso, Carmen Fortea, fue contratada en Sodemasa, actualmente Sarga, obteniendo un puesto indefinido sin que fuera objeto ni de convocatoria pública ni proceso selectivo alguno. El Secretario General de CHA recuerda que cuando eso sucedió la consejería de Medio Ambiente dependía de Alfredo Boné, vicepresidente del PAR.
Recordar que en su día el grupo parlamentario de CHA ya solicitó una comisión de invetigación sobre Sirasa y Sodemasa sin que la propuesta contara con el respaldo del resto de las fuerzas políticas.
radio huesca
CHA pedirá que se investigue la contratación en Sarga de los cuatrocientos candidatos del PAR
Juan Martín, Secretario General de CHA, señala que “se trata de una empresa pública del Gobierno de Aragón, que ha sido controlada por el PAR durante los últimos diez años; si se demuestra lo denunciado ayer en sede parlamentaria por los propios trabajadores, se demostrará lo que CHA ha denunciado una y otra vez: que determinadas empresas públicas han funcionado como una agencia de colocación para pagar favores políticos”.
Las cifras hablan por sí mismas, señala Juan Martín, Secretario General de CHA, quien recuerda que Sarga, empresa pública del Gobierno de Aragón controlada por el PAR durante estos diez últimos años, cuenta, entre sus 1.200 trabajadores, con 400 personas que han sido candidatas en las listas del PAR. “Estos datos denunciados ayer por los propios trabajadores de Sarga sacan a la luz lo que todos sabíamos y habíamos denunciado una y otra vez: que el PAR estaba utilizando determinadas empresas públicas como oficinas de colocación para pagar favores políticos”.
Martín señala que esta es una forma encubierta de corrupción y pone de manifiesto la falta de ética política de determinados dirigentes del PAR. “Es lamentable hasta donde ha llegado la descomposición de determinados políticos y partidos políticos”. En ese sentido informa que “CHA pedirá que las Cortes procedan a investigar y aclarar la contratación de esos cuatrocientos candidatos del PAR”.
En ese sentido Martín recuerda que la información aparecida recientemente en un medio de comunicación apunta hacia ciertas irregularidades en la contratación en una de esas empresas públicas al afirmar que “la actual diputada del PAR en las filas del PP del Congreso, Carmen Fortea, fue contratada en Sodemasa, actualmente Sarga, obteniendo un puesto indefinido sin que fuera objeto ni de convocatoria pública ni proceso selectivo alguno”. El Secretario General de CHA recuerda que cuando eso sucedió la consejería de Medio Ambiente dependía de Alfredo Boné, vicepresidente del PAR.
En su día el grupo parlamentario de CHA ya solicitó una comisión de investigación sobre Sirasa y Sodemasa sin que la propuesta contara con el respaldo del resto de las fuerzas políticas.
Biel considera los enchufes de Sarga una "broma de mal gusto"
epa
Comentario:
Aragón necesita unos periodistas que investiguen y denuncien todas las tropelias que cometen y han cometido los partidos que han gobernado.Animo que hay materia
De la página web de huste:
Os dejamos el enlace al blog de la “Asociación en Defensa de la Función Pública de Aragón” en relación a la siguiente información “El Tribunal Superior de Justicia de Aragón declara no ejecutada por el Gobierno de Aragón la sentencia que anuló la Oferta de Empleo Público de 2011, y le requiere para que, en el plazo de tres meses, apruebe una nueva oferta complementaria en la que se incluyan todas las plazas vacantes de administración general y de personal docente no universitario existentes a fecha 31 de diciembre de 2010“
Enlace a la noticia completa
Desde el Sindicato HUSTE queremos denunciar la manipulación informativa que la administración educativa aragonesa está llevando a cabo en relación a la sentencia de 10 de febrero de 2012 del TSJA que le obligaba a ofertar todas las plazas vacantes de administración general y de personal docente no universitario existentes a fecha 31 de diciembre de 2010.
Los sindicatos educativos, no hemos recibido en ningún momento por parte de la administración información veraz acerca del cumplimiento de la mencionada sentencia. El departamento de Educación siempre ha trabajado de espaldas a los docentes y a sus representantes. Ha intentando adecuar el cumplimiento de la sentencia a sus preferencias de oferta de empleo público, sin tener en cuenta las necesidades reales, en función de criterios pedagógicos, ni las instrucciones del TSJA cuando decían que las plazas ofertadas debían de ser del cuerpo de maestros, y no de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de FP, tal y como ha hecho la administración.
Los docentes afectados por esta metedura de pata son muchos en Aragón, siempre sujetos a la desinformación y a la inseguridad jurídica que nos transmite la administración.
Los maestros y profesores interinos de Aragón se preguntan ¿Habrá oposiciones de maestros en Aragón en un plazo máximo de 3 meses, tal y como propone el TSJA? ¿Que sucederá con las oposiciones de Secundaria celebradas en 2014? ¿Y con las previstas para 2015? Todo un mar de dudas en el que sumimos por este despropósito.
Desde HUSTE exigimos responsabilidades políticas que se traduzcan en ceses y dimisiones. No se puede gestionar de peor forma los recursos públicos.
De la página web de CGT:
Tras ser acusados de alarmistas y de hacer populismo electoral por otras organizaciones sindicales, parece que no ibamos nada desencaminados en nuestra interepretación de la providencia del pasado 2 de diciembre y que denunciaba el incumplimiento de la oferta pública de 2007. Apenas tres días más tarde se hace pública esta otra providencia que denuncia el incumplimiento de la oferta pública de 2011. Como ambas ofertas iban de la mano en el mismo recurso inicial, era de esperar, como anunciamos, esta segunda providencia que sí afecta a la Educación no universitaria.
Como ya sabréis, en junio del 2013 el TSJA dictaba sentencia contra la DGA obligando a convocar las plazas no ofertadas en las convocatorias públicas de 2007 y 2011. Estas oposiciones no solo eran de educación.
El recurso lo planteo la Asociación en Defensa de la Función Pública contra un acuerdo firmado por la Administración y los sindicatos CCOO y UGT, acuerdo que según esta Asociación era irregular ya que no ofertaba todas las vacantes existentes.
El TSJA le dió la razón a la Asociación y obligó a la DGA a convocar esas plazas antes de febrero de 2014. Con la fecha a punto de cumplirse, la DGA avisó de su intención en cumplir la sentencia. En Educación decidieron convocar, en el plazo de hasta 3 años (2014-16), más de 300 plazas de secundaria. Pero la Asociación entiendió que no era correcta la ejecución de sentencia, por ser plazas de secundaria, cuando las oposiciones recurridas eran de maestros, y por convocar en un plazo de hasta 3 años. Y decidieron volver a recurrir.
En este paréntesis, CGT preguntó en mesas técnicas y sectoriales si se estaba cumpliendo bien la sentencia y si se estaba creando una situación de indefensión jurídica para los interinos, la respuesta contundente de la Consejería fue que NO, que sus servicios jurídicos les avalaban.
En abril, el TSJA pidió a la DGA la información sobre vacantes de interinos en 2007 para comprobar si se correspondían con lo ofertado.
La providencia del TSJA que hemos conocido hoy dice que el Decreto-Ley 1/2014 no cumple con las plazas de interinos a 31 de diciembre de 2010 que obligó este mismo Tribunal a la DGA a convocar el curso pasado y por ello le emplaza a que en tres meses, apruebe una nueva oferta de empleo público complementaria a la de 2011, en la que se recojan la totalidad de las plazas omitidas en el Decreto 23/2014, de 18 de febrero, aprobado para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la inicial oferta de empleo público de 2011 del Gobierno de Aragón.
Se da el caso además de que esta oferta de empleo público de 2011 contenía plazas de cuerpos de enseñanza primaria, y en la oferta complementaria que generó las plazas ofertadas en 2013 y 2014 solo se incluyeron plazas de los cuerpos de enseñanza secundaria. Esta actuación fraudulenta ha sido rechazada por el TSJA y la nueva oferta complementaria habrá de incluir las plazas vacantes correspondientes a enseñanza primaria.
Por todo ello, desde CGT exigímos la dimisión de Dolores Serrat, Consejera de Educación, y de todo su equipo, dadas las reiteradas muestras de inacapacidad mostradas para administrar adecuadamente la Enseñanza Pública aragonesa.
No se puede jugar con el trabajo y el futuro de tantas personas.
Ya tenemos en activo el Portal de la Transparencia. La verdad es que es muy sugestivo. En el medio millón de datos que se han colgado en él hay material para entretenerse unos meses. Ahí tienen ustedes todas las estadísticas de lo que ha hecho la Administración General del Estado. Si les apetece, pueden hurgar en las concesiones de obras para saber lo que siempre se ha ocultado: qué empresas son las más favorecidas con obra pública; qué organizaciones han recibido subvenciones y el distinto trato según sean del partido gobernante o de la oposición; cuánto cuesta el servicio exterior, o cuántos policías cuidan su seguridad. Se ha trabajado mucho en ese portal, hay que reconocerlo. Para ser el primer desnudo integral del cuerpo de la Administración Central, está bastante bien. Incluso muy bien.
Algún día nos acostumbraremos a su existencia y nos familiarizaremos con su contenido y dejará de ser novedad. Pero hoy suena todo a nuevo. El primer impacto del portal es que se presenta como una ventana para el cotilleo nacional por una morbosa razón: los sueldos de los grandes de la política. No es que se desconocieran, porque casi todos están publicados; pero aquí está la relación completa. Y el protagonista es don Mariano Rajoy Brey. Dan ganas de abrir una suscripción popular para echarle una mano. Multitud de cargos ganan más que él. Entre ellos, su jefe de gabinete, el señor Moragas, que bien merecido lo tiene, aunque solo sea por la compañía que hace al presidente, que no hay viaje donde no aparezca como si fuese su escudero.
Más morbo todavía: prácticamente todos los presidentes de empresas públicas ganan más que el jefe del Gobierno y los capos de ADIF, Renfe y la SEPI lo duplican. Como dos de esos presidentes dependen de Ana Pastor, hay que convenir dos cosas: o la ministra de Fomento es muy generosa, o para contratar a un gestor que sepa algo de números hay que buscarlo en el mercado y pagarlo a precio de mercado. Por comparación, los proletarios (es un decir) son los políticos puros, ministros incluidos, que tienen suficiente con hacer méritos en el partido y no tienen por qué demostrar ninguna capacidad de gestionar. Si nos dejásemos guiar por el nivel salarial, habría que dar la razón a Zapatero cuando pensó que miles de españoles podrían ser presidentes del Gobierno.
Lo que más me intriga después de todo es que no haya listas de visitantes a los ministerios. Parecen un secreto de Estado. Nos quedamos sin saber qué tipo de paisanaje frecuenta despachos oficiales. Nunca podremos conocer quién lleva unos kilos de percebes a un director general. Debe de ser que este transparente Gobierno entiende las visitas como asuntos particulares. Y a lo mejor lo son.
fernando ónega
Se ha publicado alguna vez la convocatoria de selección personal en el BOA?
Doctrina de actos jurídicos separables.
Y en el ISVA y en el.. y en el...
¿Qué intereses hay detrás de que las escasas ofertas de empleo público no se correspondan con la realidad?
¿Quién se beneficia de la alta tasa de temporalidad y de la falta de personal en determinadas áreas?
¿y los puestos de asesor o comisiones de servicio? a veces resulta muy difícil trabajar con ilusión
Que investiguen la selección del personal contratado, personal propio de la entidades de derecho público y los cambios de puestos de personal funcionario a personal propio de dichas Entidades, para facilitar la selección de quien se quiere. Y sino que se compruebe quienes resultan agraciados en los procesos de selección.
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