EL COMPROMISO CON LA LEGALIDAD ES LA MEJOR FORMA DE FESTEJAR EL ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN.

Como Asociación comprometida con los principios constitucionales de la función pública, nunca hemos ocultado nuestra identificación con los valores del Estado social y democrático de Derecho proclamados por la Constitución Española de 1978. Creemos oportuno reafirmarlo con motivo del aniversario de su ratificación en referéndum por el voto de los ciudadanos. Y nos parece necesario que los servidores públicos no dejemos pasar esta fecha sin hacer público nuestro compromiso con la legalidad, sabiendo que solo la legalidad es la que asegura la igualdad de derechos de los ciudadanos y la credibilidad y el prestigio de las instituciones públicas.

Son muchas las virtudes y muchos los aciertos que contiene nuestro texto constitucional, y conviene no olvidarlos, ahora que abundan quienes ponen en cuestión su validez y su idoneidad para asegurar nuestra vida en común con altas cotas de libertad y bienestar. Mientras unos urgen su reforma, a nosotros nos parece necesario urgir su respeto, sobre todo por quienes ejercen responsabilidades públicas. Por parte de la Generalitat de Catalunya, por supuesto, pero también por parte del Gobierno de Aragón. La proclamada lealtad a la Constitución debe plasmarse en el respeto a sus principios, empezando por el cumplimiento del ordenamiento jurídico y el obligado respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Una de los principales virtudes de nuestra Constitución es la de dotar a nuestra sociedad de un sistema político en el que el gobierno queda  sometido a la ley, limitado por la ley, excluyéndose la arbitrariedad de los poderes públicos. La verdadera democracia es indisociable del Estado de Derecho, del gobierno de la ley, del desarrollo de la acción política en el marco establecido por las leyes, pues es la ley la que expresa la voluntad general y, cuando se respeta y cumple por quien ejerce algún poder público, se respeta la voluntad de todos los ciudadanos y se refuerza la legitimidad democrática de las propias instituciones.

Como Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, nuestra actividad se dirige a la promoción de los valores y principios del servicio público, como son la legalidad, la profesionalidad y la ética pública. Los ciudadanos se merecen una función pública que asuma como tarea primordial respetar y hacer respetar la ley, aportando confianza y seguridad jurídica en el conjunto de las relaciones existentes entre los ciudadanos y las instituciones. Los funcionarios solo pueden ser merecedores de credibilidad social si su compromiso con la legalidad y con el Estado de Derecho está por encima de cualquier otra circunstancia.

La Constitución Española de 1978 establece los criterios a los que ha de ajustarse la función pública propia de un Estado de Derecho. Su respeto no solo incumbe a los servidores públicos, sino también a los órganos de gobierno de las diferentes Administraciones Públicas, cuyas decisiones han de asegurar y reforzar la profesionalidad e imparcialidad de sus integrantes, para satisfacer de manera eficaz el interés general y asegurar unos servicios públicos que sirvan para promover de manera efectiva el bienestar y la cohesión social y posibiliten a los ciudadanos el disfrute de sus derechos.

En el 36 aniversario de la Constitución Española deseamos sumar nuestro compromiso al de todos aquellos ciudadanos españoles deseosos de restablecer el pleno respeto a la legalidad en todos los ámbitos de la vida pública, para devolver a nuestra norma fundamental toda su capacidad para ordenar la libre convivencia social y devolver a todos y cada uno de los ciudadanos la plenitud de su dignidad personal.