HAY QUE DEFENDER EL SISTEMA DEMOCRÁTICO FRENTE A QUIENES LO DEGRADAN.

La democracia española está amenazada por la corrupción pública que ha anidado en sus instituciones. Las organizaciones políticas, sindicales y empresariales, así como las entidades financieras, son las primeras interpeladas por las constantes revelaciones sobre abusos, enriquecimientos ilícitos en la contratación pública o en la apropiación de ayudas públicas, violentando con ello la legalidad y burlando la confianza de los ciudadanos. Tampoco los órganos de control de la actividad pública y del sistema financiero han estado a la altura de las circunstancias y han mostrado todas sus carencias para detectar y evitar los innumerables abusos perpetrados contra el interés público. El daño causado con ello es enorme, tal vez irreversible, y la desconfianza y la falta de credibilidad, hoy tan extendidas, son el mayor lastre que puede imaginarse para una democracia representativa, en la que los ciudadanos delegan en sus representantes la dirección y gestión de los asuntos públicos. Esa delegación solo es posible si los representantes son merecedores de confianza. Y, sin embargo, es difícil imaginar una alternativa válida a la democracia representativa, es decir, al sistema parlamentario.

Se ha insistido con frecuencia en que la democracia se apoya sobre el principio confianza-desconfianza, es decir, sobre la representación y los controles estrictos sobre la labor de los representantes, los elegidos, los que ejercen el poder por voluntad de los ciudadanos. Como se decía por un liberal inglés, hay que elegir para el gobierno a los ciudadanos más capaces y honrados, pero vigilarlos como si fueran los peores delincuentes. Y es que, tal vez, toda persona que ejerce poder es proclive, en mayor o menor grado, al abuso, al tráfico de favores, al nepotismo, al clientelismo y a todas las restantes perversiones de la actividad pública que podamos imaginar. Quien falsea o elimina los controles, como parece haber sucedido en tantos lugares, está abriendo la puerta al abuso y a la corrupción. Del mismo modo que quien deprime el sistema inmunológico de un organismo, lo coloca en grave riesgo de muerte, al dejarlo indefenso frente a los innumerables agentes nocivos que pueden atacarlo.

Debemos, por ello, actuar con la máxima energía en distintas direcciones: exigir el abandono de la vida pública de todas las personas que han incurrido en abusos, ilegalidades, corrupciones de todo tipo; exigir a las organizaciones políticas, sindicales, empresariales, profesionales y de toda naturaleza la adopción de iniciativas contundentes para poner fin a comportamientos ilegales de sus miembros que parecen haberse convertido en hábitos y modos de actuar consentidos por todos; demandar el fortalecimiento de todas las instituciones propias del Estado de Derecho, únicas capaces de reconducir la actual situación a lo que exige nuestra norma constitucional; y, finalmente, cortar el paso a quienes con programas populistas aprovechan los casos de corrupción para combatir nuestro sistema constitucional, como si éste fuese una gran farsa que debe destruirse, olvidando que la democracia y la norma constitucional son el horizonte ético irrenunciable de nuestra sociedad, en cuyos principios y valores debemos hallar la solución a la crisis política, institucional y ética que padecemos.

Nuestras reglas democráticas son válidas, más allá de las actualizaciones que quepan. No es posible ni admisible demonizar la historia reciente de este país, mucho menos la historia democrática que ha seguido a la aprobación de la Constitución Española de 1978. La corrupción afecta a quienes la han practicado, pero no cabe hablar, con un mínimo de honestidad intelectual, de una democracia corrupta ni de una Constitución corrupta. Justamente lo contrario, la corrupción es la violación de ese marco de valores éticos que es nuestra norma fundamental. Es justamente desde esos valores desde los que hoy se debe combatir, ya sin cuartel, la corrupción pública, esa que tantos ciudadanos han consentido y defendido –ofreciendo mayorías absolutas a los corruptos-, y propiciar una regeneración apoyándonos en la inmensa mayoría de gentes dignas que siguen creyendo en una sociedad libre, justa, cohesionada, en la que quienes defraudan la confianza de los ciudadanos deben contar tanto con el reproche general –empezando por el de las organizaciones a las que pertenecen- como con la inhabilitación para el desempeño de funciones públicas.

La lucha contra la corrupción –como contra cualquier amenaza contra la democracia- solo puede darse desde la reivindicación plena de los principios democráticos, lo que hoy, a nuestro juicio, pasa por la defensa inequívoca de nuestro ordenamiento constitucional, garantía de libertad y de convivencia.