EL EFECTO LLAMADA Y LA VOLUNTAD DE RESTRINGIR EL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA EDUCATIVA.

Quizá a pocos llamó la atención la noticia publicada hace unos días en la prensa aragonesa, sobre la posible oferta de empleo público de plazas docentes para 2015. En la Mesa Sectorial de Educación, la representante de UGT solicitaba coordinación con otras comunidades autónomas para evitar “efectos llamada”. Esta expresión, que nos parece sencillamente odiosa, parece haber cobrado ya carta de naturaleza en el ámbito educativo, lo que da una idea clara del desistimiento legal y ético que se ha producido.

El ámbito de la educación pública aragonesa, y nos referimos por igual a los responsables del Departamento y a las organizaciones sindicales presentes en dicho sector, emite de manera reiterada preocupantes señales que rozan el discurso de la exclusión y la xenofobia no confesada. No se puede pretender reclamar oferta de empleo público y plantear, al mismo tiempo, medidas para evitar el “efecto llamada”, lo que, guste o no, es una pretensión de restringir el derecho de acceso de aquellos a los que, por diferentes razones, se les considera extraños o intrusos, pese a que tienen exactamente el mismo derecho de acceder a las plazas convocadas que cualquier otro.

Ni la Administración aragonesa es exclusiva de los aragoneses ni la Administración española puede reservarse a los españoles. España y Europa son ámbitos en los que se garantiza la movilidad laboral y, para ello, se establece el principio de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo, de manera que el régimen de acceso a la función pública ha de posibilitar –tanto en la teoría como en la práctica- el principio de igualdad de los ciudadanos españoles y de los restantes Estados de la Unión Europea. No basta con que el hipotético derecho de participación quede reflejado en las ofertas de empleo público y en las convocatorias de los procesos selectivos. Es necesario que la realización de las pruebas no obstruya, de manera deliberada, dicho principio de igualdad, procurando impedir la participación de quienes no residen en la respectiva Comunidad Autónoma.

Evitar el efecto llamada de las oposiciones de educación parece haberse convertido en una condición indispensable de todo proceso selectivo promovido por la Administración de la Comunidad Autónoma, lo que muy probablemente se dará también en otras Comunidades Autónomas. Esa expresión, claramente rechazable, ha sido utilizada no solo por los representantes sindicales –quienes parecen desconocer el irrenunciable principio de igualdad de derechos entre los ciudadanos-, sino que ha llegado a ser utilizada por la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, Dolores Serrat, algo que nos parece especialmente reprobable en boca de un cargo público que ha de cumplir y hacer cumplir las leyes.

No basta con deplorar esta cultura de la exclusión y de la patrimonialización de lo público –auspiciada por los mismos que maximizan la promoción interna de los empleados públicos y minimizan el acceso de los ciudadanos a la función pública-, sino que es necesario reaccionar frente a su consolidación como práctica administrativa. No es posible que haya órganos y tribunales para asegurar la libre competencia y la unidad del mercado y, al mismo tiempo, se permita la adopción de medidas para alterar y restringir la igualdad en el acceso a la función pública, propiciando procesos de apropiación territorial de las estructuras administrativas, como los que, de forma tan manifiesta, se han producido en la administración educativa.

Esta Asociación va a analizar este fenómeno de irregular restricción del derecho de acceso a la función pública, al que se alude cuando se habla de evitar el “efecto llamada”, para solicitar la intervención de las instituciones obligadas a garantizar el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre las que figura el Defensor del Pueblo. ¿Qué es una convocatoria pública sino una llamada a todos los interesados en la participación de un proceso? ¿Qué es una convocatoria pública en la que se pretende evitar el efecto llamada sino una fraudulenta maniobra contra la participación de todos aquellos que tienen derecho a hacerlo? Es grave que una Administración no solo vulnere el derecho de acceso –al no aprobar las ofertas de empleo público como exige el Estatuto Básico del Empleado Público-, sino que, además, trate de realizar procesos selectivos en condiciones que restrinjan las posibilidades de participación de personas que cuentan con el derecho a concurrir a las plazas convocadas.