Una
de las mayores sorpresas que ha deparado la documentación remitida por la Dirección General
de la Función Pública
y Calidad de los Servicios al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dentro
del trámite de prueba abierto en el control del proceso de ejecución de las
sentencias que anularon las ofertas de empleo público de 2007 y 2011, es una
afirmación contenida en los informes de la Secretaría General
Técnica de Hacienda y Administración Pública, emitidos en el procedimiento de
aprobación de los decretos de oferta complementaria de 2007 y 2011.
En
dichos informes, de fecha 17 de febrero de 2014, se señala: “El proyecto de
Decreto debería ser sometido a informe de la Comisión
Interdepartamental de la Función Pública, de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 13 de la Ley de Ordenación de la Función Pública, cuyo Texto
Refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero. Trámite
que fue evacuado el 7 de febrero de 2014”.
Resulta
poco verosímil que la afirmación realizada en el citado informe que suscribe la Secretaria General
Técnica de Hacienda y Administración Pública se ajuste a la realidad, no solo
porque el citado informe no consta entre la documentación remitida, a pesar de
indicarse por el Director General de la Función Pública que se ha
remitido la “copia íntegra del expediente administrativo para la elaboración y
aprobación” de los Decretos de oferta complementaria, sino porque dicho órgano
carece de actividad y de regulación, al no haberse ni siquiera constituido a
fecha de hoy.
Precisamente
la falta de regulación de dicho órgano motivó que esta Asociación se dirigiese
el pasado mes de marzo al Justicia de Aragón, al entender que la inactividad
del Gobierno de Aragón en la aprobación de la regulación de dicho órgano, tras
más de catorce meses de su configuración legal en la Ley de Ordenación de la Función Pública, suponía un
supuesto de inaplicación del ordenamiento jurídico aragonés, privando a la
función pública aragonesa del órgano que, en sustitución de la suprimida Comisión
de Personal, debía garantizar una visión colegiada por parte del conjunto de los
Departamentos en la orientación y gestión de las políticas de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Como
ya se expuso en dicho escrito de queja, el artículo 13 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón, tras la modificación introducida por la Ley 10/2012, de 27 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma
de Aragón, prevé la existencia de la Comisión
Interdepartamental de Función Pública, como un órgano técnico
de coordinación e información sobre la ordenación y gestión del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Dicho
precepto establece la composición y funciones de la indicada Comisión
Interdepartamental, si bien el propio precepto, en su apartado cuarto, señala
que el Gobierno de Aragón dictará las normas de organización y funcionamiento
de la Comisión,
mandato legal que, tras catorce meses, desde la aprobación de la Ley seguía sin atenderse,
situación de incumplimiento que persiste en la actualidad.
La injustificada demora en que viene incurriendo el
Gobierno de Aragón en la aprobación de las normas de organización y funcionamiento
de la Comisión
Interdepartamental de Función Pública, prevista en el
artículo 13 de la Ley
de Ordenación de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma
de Aragón, es, a nuestro juicio, una cualificada inaplicación del ordenamiento
jurídico que tiene como consecuencia la inoperancia de dicho órgano para
aportar a la ordenación y gestión de la función pública autonómica una visión
global y colegiada del conjunto de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma,
y puede motivar –como ha sucedido en el caso de las ofertas de empleo
complementarias aprobadas el pasado mes de febrero- la irregular tramitación y
aprobación de las normas que se dicten sin la emisión de su preceptivo informe.
Por tal motivo, formulamos escrito de queja ante la Institución del
Justicia de Aragón para que, en el ejercicio de su función de tutela del
ordenamiento jurídico aragonés, y previas las actuaciones oportunas, recordara
al Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón la
necesidad de proceder, con la máxima celeridad posible, a la aprobación del
desarrollo reglamentario que dispone el artículo 13.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública, con el fin de
posibilitar el normal funcionamiento de la Comisión
Interdepartamental de Función Pública.
No deja de sorprender, por lo tanto, el hecho de
que sin aprobarse dicha regulación reglamentaria y sin haber iniciado su
actividad como órgano colegiado de coordinación sobre la ordenación y gestión del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma,
la citada Comisión Interdepartamental haya podido emitir un informe en el
procedimiento de tramitación de los decretos elaborados para la aprobación de
las ofertas de empleo complementarias de 2007 y 2011. Es evidente que nos
estamos moviendo, en estos momentos, en terrenos no solo de incumplimientos
legales sino incluso de posibles falseamientos de la realidad, lo cual es
tremendamente preocupante.
15 comentarios:
¿Estamos seguros de esto?
Esto parece de chiste.
pero ¡ojo! entonces estamos hablando de algo muy serio...¿las oposiciones convocadas no son legales? pues hay que parar el proceso hasta que se pueda demostrar su legalidad...
¿quién tiene interés en paralizar las oposiciones?
¿no les da suficiente amparo legal el decreto-ley que aprobó el Gobierno de Aragón?
No entiendo el porqué han tratado de vestir el procedimiento de aprobar una oferta que en realidad era una mera ejecución de sentencia.
No se debe, o no se debería poder, escudarse en un decreto-ley posterior a una sentencia judicial para evitar la correcta aplicación de la misma.
Eso no es democracia
Si todo esto es verdad, se debería suspender el proceso para volver a convocar las oposiciones respetando la sentencia (especialidades, plazas...) y, sobre todo, pedir responsabilidades políticas. El futuro de muchos depende de que las cosas se hagan bien.
Soy un opositor...
¿Sabéis como me siento desde hace tiempo? Como se debe sentir un cerdito cuando lo están llevando al matadero...
(Espero que los señores de Interior sepan entender que es una metáfora y que es en sentido figurado porque sino donde me llevan seguro es a Zuera)...
Esa es la sensación... ¿No es muy triste?.
Al menos veo que hay alguien que le está plantando cara, con la ley en la mano, a los que ejercen el poder de una manera abusiva y prepotente (como poco). Gracias
Buñuel ha entrado en la DGA.
Lo de las oposiciones de enseñanza de este año ha sido un proceso viciado de origen, lleno de mentiras y arbitrariedades. Que pena los políticos; aún luego se querrán poner la medallita diciendo que crean empleo público...
¿Hay alguna posibilidad real de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón obligue a la administración a corregir este desaguisado con la Oferta de Empleo Público? Lo digo porque falta menos de un mes para la celebración de oposiciones de secundaria y no parece haber movimiento al respecto.
La inseguridad jurídica de este año con las oposiciones no es apta para cardiacos.
¿Por qué paralizar? ¿para provocar el caos del proceso y enmarañar más la situación?
Yo creo que al contrario, que continúe el proceso sin aclarar primero la legalidad o no de la oferta de empleo y la legalidad o no del Decreto de Interinos es lo que puede provocar el caos luego.
Si la convocatoria no se ajusta a sentencia lo lógico es que se anule y se convoque de nuevo una nueva convocatoria cumpliendo la legalidad. Pero claro, eso significaría que se cumple la ley y que impera el sentido común. En fin...
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