UN CASO PRODIGIOSO: EL INFORME EMITIDO POR UN ÓRGANO NO CONSTITUÍDO.

Una de las mayores sorpresas que ha deparado la documentación remitida por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dentro del trámite de prueba abierto en el control del proceso de ejecución de las sentencias que anularon las ofertas de empleo público de 2007 y 2011, es una afirmación contenida en los informes de la Secretaría General Técnica de Hacienda y Administración Pública, emitidos en el procedimiento de aprobación de los decretos de oferta complementaria de 2007 y 2011.

En dichos informes, de fecha 17 de febrero de 2014, se señala: “El proyecto de Decreto debería ser sometido a informe de la Comisión Interdepartamental de la Función Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 13 de la Ley de Ordenación de la Función Pública, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero. Trámite que fue evacuado el 7 de febrero de 2014”.

Resulta poco verosímil que la afirmación realizada en el citado informe que suscribe la Secretaria General Técnica de Hacienda y Administración Pública se ajuste a la realidad, no solo porque el citado informe no consta entre la documentación remitida, a pesar de indicarse por el Director General de la Función Pública que se ha remitido la “copia íntegra del expediente administrativo para la elaboración y aprobación” de los Decretos de oferta complementaria, sino porque dicho órgano carece de actividad y de regulación, al no haberse ni siquiera constituido a fecha de hoy.

Precisamente la falta de regulación de dicho órgano motivó que esta Asociación se dirigiese el pasado mes de marzo al Justicia de Aragón, al entender que la inactividad del Gobierno de Aragón en la aprobación de la regulación de dicho órgano, tras más de catorce meses de su configuración legal en la Ley de Ordenación de la Función Pública, suponía un supuesto de inaplicación del ordenamiento jurídico aragonés, privando a la función pública aragonesa del órgano que, en sustitución de la suprimida Comisión de Personal, debía garantizar una visión colegiada por parte del conjunto de los Departamentos en la orientación y gestión de las políticas de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Como ya se expuso en dicho escrito de queja, el artículo 13 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, tras la modificación introducida por la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, prevé la existencia de la Comisión Interdepartamental de Función Pública, como un órgano técnico de coordinación e información sobre la ordenación y gestión del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Dicho precepto establece la composición y funciones de la indicada Comisión Interdepartamental, si bien el propio precepto, en su apartado cuarto, señala que el Gobierno de Aragón dictará las normas de organización y funcionamiento de la Comisión, mandato legal que, tras catorce meses, desde la aprobación de la Ley seguía sin atenderse, situación de incumplimiento que persiste en la actualidad.

La injustificada demora en que viene incurriendo el Gobierno de Aragón en la aprobación de las normas de organización y funcionamiento de la Comisión Interdepartamental de Función Pública, prevista en el artículo 13 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, es, a nuestro juicio, una cualificada inaplicación del ordenamiento jurídico que tiene como consecuencia la inoperancia de dicho órgano para aportar a la ordenación y gestión de la función pública autonómica una visión global y colegiada del conjunto de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, y puede motivar –como ha sucedido en el caso de las ofertas de empleo complementarias aprobadas el pasado mes de febrero- la irregular tramitación y aprobación de las normas que se dicten sin la emisión de su preceptivo informe.

Por tal motivo, formulamos escrito de queja ante la Institución del Justicia de Aragón para que, en el ejercicio de su función de tutela del ordenamiento jurídico aragonés, y previas las actuaciones oportunas, recordara al Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón la necesidad de proceder, con la máxima celeridad posible, a la aprobación del desarrollo reglamentario que dispone el artículo 13.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública, con el fin de posibilitar el normal funcionamiento de la Comisión Interdepartamental de Función Pública.

No deja de sorprender, por lo tanto, el hecho de que sin aprobarse dicha regulación reglamentaria y sin haber iniciado su actividad como órgano colegiado de coordinación sobre la ordenación y gestión del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma, la citada Comisión Interdepartamental haya podido emitir un informe en el procedimiento de tramitación de los decretos elaborados para la aprobación de las ofertas de empleo complementarias de 2007 y 2011. Es evidente que nos estamos moviendo, en estos momentos, en terrenos no solo de incumplimientos legales sino incluso de posibles falseamientos de la realidad, lo cual es tremendamente preocupante.