REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: POR UN MODELO DIFERENTE DE FUNCIÓN PÚBLICA.

En la tarde del pasado martes, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, oportunamente convocada y cuyo orden del día se hizo público en este blog, de acuerdo con los criterios de transparencia aprobados en su día.

Tras la aprobación del orden del día propuesto y del acta de la reunión anterior celebrada el día 6 de mayo de 2014, el Presidente procedió a informar de la actividad asociativa desarrollada en estas dos semanas, deteniéndose especialmente en las alegaciones realizadas con motivo del periodo de prueba abierto por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dentro del proceso de control de ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo y del propio TSJA que anularon las ofertas de empleo público de 2007 y 2011 del Gobierno de Aragón, y en la intervención en los talleres de participación del anteproyecto de ley de transparencia pública y participación ciudadana. Además se revisaron los criterios para la formalización de la decisión adoptada en la reunión de la junta anterior respecto a la impugnación de la oferta de empleo público para 2014 de la Administración General del Estado, cuya impugnación se realizará por procedimiento ordinario ante el Tribunal Supremo, tratando que dicho Tribunal consolide la doctrina ya establecida en su sentencia de 2010, cuando declaró contraria al derecho fundamental de acceso a la función pública la oferta de empleo público de 2007 del Gobierno de Aragón, por no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, como exigía tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Se comentan las numerosas deficiencias constatadas en la tramitación del Decreto-ley 1/2014 y posteriores decretos de oferta de empleo público complementarias de 2007 y 2011, aprobados por el Gobierno de Aragón, para tratar de dar cumplimiento a los incidentes de ejecución forzosa dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en los que queda claramente de manifiesto la total arbitrariedad en que ha incurrido el Gobierno de Aragón, y en particular los Departamentos responsables de las plazas incluidas en los mismos, por lo que la Asociación, a través de sus escritos procesales, ha solicitado al Tribunal que declare incumplidos los fallos judiciales y adopte las medidas oportunas para asegurar su correcto cumplimiento. En ningún momento esta Asociación va a solicitar la anulación de los procesos convocados, para preservar su seguridad jurídica y evitar cualquier perjuicio a los opositores que concurran a los mismos. Por el contrario, en caso de que se constate por el Tribunal el incumplimiento de las sentencias condenatorias para el Gobierno de Aragón, se exigirán las responsabilidades legales en que hayan podido incurrir los responsables administrativos de su ejecución, empezando por los Consejeros correspondientes. La manipulación detectada de los procedimientos y el nulo rigor con el que se han determinado las plazas a incluir en cada una de las ofertas justifica que, en caso de incumplimiento, si se constatase la inaplicación de las sentencias favorables al derecho fundamental de acceso de los ciudadanos a la función pública, se exijan responsabilidades jurídicas a quienes han alterado y desvirtuado ambos fallos judiciales.

A la vista de todas las actuaciones llevadas a cabo en el último año por la Asociación frente a las restricciones al derecho de acceso indebidamente establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, tanto ante los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, como ante el Defensor del Pueblo y ante los restantes Defensores autonómicos y los propios Parlamentos de las Comunidades Autónomas, para reclamar el debido respeto al derecho fundamental del artículo 23.2 CE, se considera oportuno seguir con la máxima presión ante las instituciones para denunciar la situación existente y demandar un cambio que ajuste las actuaciones de los distintos poderes públicos a lo exigido constitucionalmente en materia de acceso a la función pública, cuyo incumplimiento no solo lesiona derechos de los ciudadanos sino que supone un evidente factor de degradación del funcionamiento de la función pública. Por ello, ha de constituir una prioridad en la acción de la Asociación la reivindicación, ante todas las instituciones y ante los Tribunales, del respeto al derecho de acceso a la función pública, sin dejar por ello de insistir en los restantes elementos necesarios para asegurar una función pública profesional y comprometida con la legalidad y con los ciudadanos.

A continuación se abordan diferentes actuaciones a impulsar para cuestionar el uso extendido y arbitrario que ha cobrado la libre designación  como forma de provisión de puestos de trabajo, con sus negativos efectos sobre la profesionalidad y la imparcialidad de la función pública, al situar a los responsables de los órganos administrativos por excelencia a merced de la voluntad política, tanto en su nombramiento como en su cese o remoción, lo que debilita enormemente la consideración de los méritos profesionales de los candidatos como la imparcialidad con la que han de desempeñar sus puestos de trabajo. Se constata, asimismo, que la libre designación es una de las piezas básicas que vienen a diseñar el modelo de función pública que se contiene en el Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón aprobado la semana pasada por el Gobierno de Aragón y remitido a las Cortes de Aragón para su tramitación, con el que además parece tratarse de hacer tabla rasa con las garantías de carrera administrativa desarrollada por los funcionarios conforme al modelo establecido en la normativa todavía vigente, establecido por la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública de 1984. La reacción frente a las disfunciones y abusos que conlleva el sistema de libre designación, maximizados en la actual legislatura por el uso arbitrario que se ha hecho de dicha figura en numerosos casos, debe enmarcarse dentro del conjunto de iniciativas a poner en marcha frente al Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón recientemente aprobado.

Finalmente, se aborda el último punto del orden del día, relativo a la posible estrategia a adoptar frente al Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón aprobado la semana pasada por el Gobierno de Aragón. No ha sido posible valorar los posibles cambios introducidos en la fase de información pública a la que fue sometido el texto, si bien las observaciones señaladas por esta Asociación no merecieron respuesta alguna por los responsables del Departamento de Hacienda y Administración Pública. La postura contraria de esta Asociación al modelo aprobado se cifraba fundamentalmente en el modelo de carrera establecido –exclusivamente horizontal- y en el sistema de provisión de puestos –con ampliación del ámbito de aplicación de la libre designación-, y en la grave indefinición de piezas relevantes del futuro modelo, como la función directiva. A ello hemos de añadir, y será el principal elemento destacado por la Asociación en sus inmediatas iniciativas, la irresponsable ausencia de memoria económica que establezca el coste económico derivado del modelo establecido. No es aceptable que un Departamento y un Consejero que han impulsado una Unidad de Control –contraria al ordenamiento jurídico- para analizar y autorizar los gastos presupuestarios de los Departamentos de la Administración autonómica se permitan, a su vez, impulsar un texto normativo que incide en el conjunto de las retribuciones de todo el personal de la Administración autonómica y que ello no vaya acompañado del menor estudio sobre costes y modo de financiación, lo cual no solo contraviene la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, sino que, en las actuales circunstancias, cuando el reconocimiento del ingreso aragonés de inserción se pretende supeditar a las disponibilidades presupuestarias, tal forma irresponsable e ilegal de actuación es un ejemplo máximo de mal gobierno y de desconsideración a los ciudadanos. 

La falta de memoria económica es una razón suficiente –al margen de las otras muchas que cabe expresar- para que el Gobierno retire su Proyecto de Ley o los Grupos Parlamentarios exijan su retirada. Está por ver, sin embargo, que unos y otros ejerzan sus funciones con la responsabilidad que el caso requiere. En todo caso, y en relación con este tema, se considera y aprueba la oportunidad de solicitar una comparencia de responsables de la Asociación ante la correspondiente Comisión de las Cortes de Aragón para poder expresar nuestra posición crítica frente al Proyecto de Ley, todo ello al margen de los posibles encuentros que quepa mantener con los diferentes Grupos Parlamentarios. 

Esta Asociación ha de ser capaz de explicar dentro y fuera de la Administración que es posible un modelo de función pública diferente y mejor que el diseñado por el Departamento de Hacienda y Administración Pública y, aparentemente, apoyado por los sindicatos de la función pública aragonesa.