LA EVIDENCIA DE LA ARBITRARIEDAD (IV).

De la documentación aportada por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, en relación con los Decretos de Oferta complementaria de 2011, dentro del trámite de prueba llevado a cabo en el proceso de ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010 y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 10 de febrero de 2012, por las que se anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, se deduce la falta de adecuación de la actuación del Gobierno de Aragón a los fallos judiciales.

Particular mención requiere el contenido del Decreto 24/2014, por el que se aprueba la oferta complementaria de la oferta de empleo público de 2011 correspondiente al personal docente no universitario.

En la memoria justificativa del proyecto de Decreto que suscribe el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, se señala que la determinación de las plazas que se incluyen en el Anexo del proyecto de oferta responde al informe de la Dirección General de Gestión de Personal del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, informe que no figura en la documentación aportada, como tampoco obra en el expediente el borrador del Decreto proyectado ni los correspondientes anexos que se señalan. No obra por lo tanto documento alguno que justifique el número de plazas incluido en el Decreto.

Pero más allá del número de plazas, lo verdaderamente irregular de la oferta de empleo público complementaria de 2011 correspondiente a personal docente no universitario, es la naturaleza de las plazas que se incluyen en la misma, pues el carácter complementario que reviste la oferta que corresponde aprobar debiera conllevar que las plazas a incluir se ajustasen a los cuerpos concretos que se convocaron el año 2011, correspondientes al Cuerpo de Maestros.

Sin justificación alguna, en lugar de incluirse las plazas del Cuerpo de Maestros que se omitieron en aquella ocasión, se opta por introducir en la oferta complementaria de 2011 plazas de profesores de Enseñanza Secundaria, probablemente al considerar que al preverse la convocatoria de los nuevos procesos en 2014,  se trataba de un ejercicio par, siendo los años pares los reservados para enseñanza secundaria y los impares a plazas de enseñanza primaria, según práctica establecida en el ámbito docente.

En este sentido no puede dejar de aludirse al contenido del informe del Director General de Gestión de Personal Docente, de fecha 24 de abril de 2014, que se aporta. Este informe cifra el número de personal interino a 31 de diciembre de 2010 en 470 plazas del Cuerpo de Maestros y en 235 de Cuerpos de Enseñanza Secundaria. Señala dicho informe que la Oferta aprobada de 2011 incluyó 320 plazas del Cuerpo de Maestros. A partir de dichos datos, sin embargo, y en una evidente manipulación de los hechos, concluye que la oferta de empleo público de 2011 podía haber sido incrementada en 385 plazas, en las que se englobarían las 235 de Secundaria más las 150 de Primaria que no se incluyeron.

Pues bien, la conclusión a la que se llega en dicho informe no puede ser más incongruente, al justificar que en la oferta complementaria se incluya un total de 385 plazas de profesores de Enseñanza Secundaria. Esa incongruencia es doble: por una parte, porque las plazas que correspondía incluir en la oferta complementaria debieran corresponder a enseñanza primaria y no a secundaria, como indebidamente se transforman las plazas ya en el propio informe; y por otra, porque de admitirse la opción de referir la oferta complementaria a plazas de enseñanza secundaria, las mismas no podrían superar las 235 señaladas, al no poderse computar, en ningún caso, como plazas de secundaria las 150 de primaria que no fueron incluidas en la oferta inicial de 2011.

Con dicha alteración de la naturaleza de las plazas, se produce una evidente modificación del alcance del fallo judicial que anuló la oferta de empleo público de 2011, ya que la oferta complementaria no tenía como finalidad la convocatoria de plazas que no debían incluirse en 2011, sino precisamente la inclusión de todas aquellas plazas que debiéndose incluir en la citada oferta fueron indebidamente incluidas: tales plazas eran, precisamente, las del Cuerpo de Maestros que, pese a ser plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, no fueron incluidas y que según dicho informe eran 150, dato que, por cierto, no se ampara en ninguna certificación fehaciente del Registro de Personal. No solo la Dirección General de Gestión de Personal Docente, como bien se deduce de su informe, no respeta la naturaleza de los puestos correspondientes a 2011, sino que se permite acumular las plazas omitidas de primaria a las de secundaria, en un ejercicio máximo de arbitrariedad y de carencia de rigor.

Esa modificación respecto a la naturaleza de las plazas no puede hallar cobertura posible en el proceso de ejecución judicial, pues viene a consolidar la vulneración del derecho de acceso a la función pública de quienes aspiraban a las plazas del Cuerpo de Maestros.

Responsables de tal alteración irregular son no solo la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios y la Dirección General de Gestión de Personal Docente, como órganos directivos responsables de determinar las plazas de la oferta complementaria, sino también los responsables de las organizaciones sindicales que pudieran haber pactado tal alteración en el seno de la Mesa Sectorial de Educación y de la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, celebradas ambas el 17 de febrero de 2014, según señala la memoria justificativa del Decreto de oferta complementaria, si bien no se aportan las copias de las actas de las sesiones de ambos órganos de negociación, en contra de lo que se señala en la memoria.