Con
fecha 23 de agosto de 2013, nos dirigimos al Consejo Económico y Social de Aragón,
para informar a dicho órgano que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a
través de sendos autos dictados con motivo de los incidentes de ejecución
forzosa promovidos por esta Asociación, había requerido al Gobierno de Aragón
para que, en el plazo de seis meses, adoptase todas las medidas necesarias para
proceder a la aprobación de nuevos Decretos de Oferta de Empleo Público de los
años 2007 y 2011, en los que se incluyeran, respectivamente, todas las plazas
vacantes a 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2010, que se hallen
cubiertas por funcionarios interinos, salvo que se prevea su efectiva amortización
o estén reservadas a funcionarios de carrera con destino definitivo.
Tras
trasladar a dicho órgano una serie de consideraciones sobre la trascendencia de
asegurar el correcto acceso de los ciudadanos a la función pública, concluíamos
apelando a su condición de órgano consultivo de la Comunidad Autónoma
que corresponde al Consejo Económico y Social de Aragón, lo que le faculta para
someter al Gobierno de Aragón cualquier informe o propuesta tendente a
garantizar el acceso de los ciudadanos al empleo público de plena conformidad
con lo establecido en el ordenamiento jurídico, conforme a las funciones que
asigna a ese Consejo el artículo 3 de la
Ley 9/1990, de 9 de noviembre, solicitando del mismo una iniciativa que pudiese contribuir a la garantía futura
del derecho de acceso a la función pública y a la calidad del empleo público,
de modo que la aprobación y el contenido de las Ofertas de Empleo Público se
ajusten a lo previsto en la Ley,
en los términos señalados por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 29 de
octubre de 2010.
Si
bien es de agradecer que la responsable máxima del citado Consejo haya dado
respuesta a nuestro escrito, tras su análisis en la Comisión Permanente
de dicho órgano, vemos nuevamente que los órganos consultivos del Gobierno de
Aragón vienen a rebajar su compromiso con la legalidad, pues el informar la
futura Ley de Función Pública de Aragón, si es que algún día se impulsa de
verdad, poco tiene que ver con exigir el cumplimiento de la legalidad y velar
por el correcto acceso al empleo público. No podemos creer que la legalidad se
satisface con aprobar normas, si luego su incumplimiento no merece el menor análisis
y pronunciamiento por parte de los órganos consultivos del Gobierno de Aragón
Es
evidente que la cuestión, que mereció un estudio específico en el año 2004 por
parte del Consejo Económico y Social de España, en una de las primeras llamadas
de atención sobre el preocupante índice de temporalidad en las Administraciones
Públicas, no parece preocupar al órgano homólogo de nuestra Comunidad Autónoma.
Reproducimos
a continuación el texto íntegro de la respuesta remitida por la Presidenta del Consejo
Económico y Social de Aragón:
“Estimado
Sr.:
En
contestación a su escrito de fecha 23 de agosto de 2013, la Comisión Permanente
del Consejo Económico y Social de Aragón en sesión celebrada el 25 de octubre
de 2013 –primera sesión celebrada tras el periodo estival- ha entendido que las
consideraciones por Ud. realizadas serán analizadas en el marco del
procedimiento que se siga en este Consejo para dictaminar el anteproyecto de
Ley de Función Pública de Aragón.
Sin
otro particular, y agradeciéndole su confianza en el Consejo Económico y Social
de Aragón, reciba un cordial saludo.
Zaragoza
a 25 de octubre de 2013.
LA
PRESIDENTA
DEL
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN, Natividad Blasco de las Heras”.
2 comentarios:
Demasiada tibieza.
Esto es dar largas o echar balones fuera.
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