INICIATIVAS FALLIDAS.

Gran parte de las iniciativas puestas en marcha desde la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, que van desde el Anteproyecto de Ley de la Función Pública al programa de cartas de servicios o al boletín estadístico del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma, podemos calificarlas de iniciativas fallidas, por su falta de verdadera consistencia, o por la ausencia de un marco adecuado que las dote de sentido y les otorgue credibilidad.

Criticamos en su momento, en la anterior legislatura, la elaboración de un Anteproyecto de Ley de Empleo Público de Aragón, que fue precedido de un diagnóstico que carecía de los más elementales datos sobre la realidad de la función pública autonómica, como si un médico pudiese diagnosticar la salud de un paciente sin realizar ni un solo análisis clínico.

Esta vez, la Dirección General se supera al elaborar un Anteproyecto de Ley de Función Pública sin ningún estudio previo o informe que avale la idoneidad u oportunidad de las escasas opciones que se contienen en la Ley, la cual no aborda ningún objetivo real de profesionalización y despolitización de la Administración autonómica, y evidencia que tras ella no existe ningún modelo real de función pública que responda a las exigencias propias de un Estado de Derecho y de una sociedad que demanda eficacia y calidad en los servicios públicos.

Es criticable que el conocimiento de la realidad de la función pública haya de obtenerse por informes del Justicia de Aragón en lugar de por documentos del propio Departamento de Hacienda y Administración Pública. Ello es indicador de que los responsables públicos no cuentan con voluntad de transparencia ni de rendición de cuentas, algo que resulta exigible a cualquier gestor público, y solo a esa falta de voluntad cabe achacar la ínfima calidad del Boletín estadístico presentado días atrás por el titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública, cuyo contenido no se ajusta a ningún estándar mínimo de exigencia. Y similar juicio cabría realizar sobre la encuesta de clima laboral.

Seguimos sin que se haya regulado ni constituido la Comisión Interdepartamental de la Función Pública, tras casi un año desde su creación, lo que supone otro signo de la falta de voluntad y compromiso tanto del Departamento de Hacienda y Administración Pública como del resto de los Departamentos con un proyecto colectivo, si lo hubiere, que permita acometer la coordinación y mejora de la función pública desde una perspectiva global del conjunto de la organización administrativa.

La falta de diseño sólido y de logros reales en la ordenación de una función pública profesional hace temer por una nueva legislatura perdida en esta materia, lo que constituiría uno de las más llamativos fracasos del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi.