QUEDA MUCHO POR HACER EN EL FOMENTO DE LA ÉTICA PÚBLICA.

España no cuenta con los instrumentos normativos adecuados para prevenir de manera efectiva la corrupción pública y privada.  Así lo constata la organización Transparencia Internacional en el informe “Denunciantes en la Unión Europea”, hecho público ayer en Berlín, sede central de la organización, en el que se afirma: “España no tiene una legislación general para proteger a empleados en los sectores público y privado contra represalias por denunciar malas prácticas".

Cuando desde distintas instancias se propugna un programa de regeneración democrática para el conjunto de las Administraciones españolas, no cabe cifrarlo todo en reformas legales que afectan a la normativa electoral o a la modificación de las leyes procesales. Es necesario, como ha venido insistiendo de forma reiterada esta Asociación, implicar a los servidores públicos en la tarea de prevenir y combatir la corrupción, mediante la implantación en España de los mecanismos ya establecidos en los países anglosajones y contemplados en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, ratificada por España en 2006 y por la Unión Europea en 2008.

Ese mecanismo consiste, esencialmente, en la previsión contenida en el artículo 8.4 de la Convención contra la Corrupción. Conforme a ella, cada Estado Parte considerará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones.

Dicha previsión debe completarse con la protección dispensada a los denunciantes internos, prevista en el artículo 33 de la Convención: Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

Existe, por lo tanto, un compromiso español y europeo, en el ámbito internacional, para propugnar todo un programa de medidas dirigido a prevenir y combatir la corrupción, y es sorprendente el grado de desconocimiento general sobre el tipo de previsiones que contempla el Gobierno en su paquete de medidas de regeneración para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la citada Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Es más, en los numerosos debates sobre cómo combatir la corrupción en España, que tanto han proliferado en nuestro país, resulta llamativo e incomprensible que nadie aluda al contenido de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Hay una conspiración de silencio o se trata de mero desconocimiento?

El informe de Transparencia Internacional señala que en España "casi no hay códigos laborales o administrativos aprobados para proteger a los denunciantes" y considera que tampoco "hay una cultura palpable para que empleados y ciudadanos denuncien malas prácticas”. "No hay aparentemente ningún impulso entre los líderes políticos por proteger legalmente a los denunciantes", subraya el Informe.

El informe de Transparencia Internacional evidencia, en suma, una de las más llamativas carencias de nuestro sistema institucional, necesaria para permitir que cada agente público sea un elemento activo en la lucha contra la corrupción, especialmente en su prevención.

Esta Asociación, que propugna la necesidad de una estrategia que promueva la ética pública en el seno de las Administraciones, sin la cual difícilmente serán realizables los objetivos de buen gobierno y buena administración, ha insistido en la oportunidad de desarrollar, en nuestro ordenamiento jurídico, la figura de las alertas éticas, conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Volveremos a hacerlo en próximos días, con particular intensidad, aprovechando el reciente informe hecho público por Transparencia Internacional, que, a nuestro juicio, no debiera ser indiferente ni para nuestro Gobierno ni para los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales ni para el conjunto de la sociedad española.