PETICIÓN A LAS CORTES DE ARAGÓN: CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE PLAZA.

Por las razones que se han expresado en este blog, sobre la necesidad de que las instituciones políticas esclarezcan cualquier duda sobre la correcta gestión de las políticas públicas, para garantizar a los ciudadanos que la defensa del interés general es el primer objetivo de toda actuación pública, esta Asociación dirigió ayer a la Mesa de las Cortes de Aragón, al amparo del derecho fundamental de petición, una solicitud de creación de una comisión de investigación con la finalidad de “controlar de forma detallada y  específica la actividad desarrollada por dicha empresa pública, de modo que se puedan valorar o constatar posibles irregularidades o negligencias que hayan podido permitir enriquecimientos ilícitos o cualquier otra actuación contraria al interés público, elevando sus conclusiones al Pleno de la Cámara”.

 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de las Cortes de Aragón, en su artículo 64.1, “el Pleno de las Cortes, a propuesta de la Diputación General, de la Mesa de la Cámara, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los Diputados, podrá acordar la creación de una Comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público”.

 

Entendemos que la relación de confianza existente entre el Parlamento aragonés y el Ejecutivo autonómico, obliga a las Cortes de Aragón  a activar los mecanismos de control idóneos para conocer la gestión llevada a cabo por el Ejecutivo, responsable de todo el sector público empresarial de la Comunidad Autónoma, al que pertenece la empresa pública "Plataforma Logística de Zaragoza. PLAZA S. A.". Y por ello, nuestra primera actuación ha sido solicitar a las Cortes de Aragón la creación de la citada comisión de investigación.

 

No obstante, y dado que la rendición de cuentas de la gestión producida en una empresa pública constituye una responsabilidad fundamental del Ejecutivo, vamos a dirigirnos igualmente a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para solicitarle que inste del Parlamento aragonés, conforme a lo previsto en el artículo 64.1 de su Reglamento, la creación de la citada comisión. No sería razonable que el Gobierno deba aportar sus explicaciones sobre el funcionamiento del sector empresarial por exigencia del Parlamento, en lugar de ser el primer interesado en esclarecer las posibles irregularidades detectadas y explicar a los ciudadanos –a través de sus representantes- cuál es el alcance de las irregularidades constatadas y las circunstancias que las han hecho posible, así como las medidas adoptadas para corregirlas y evitar cualquier daño al interés general.

 

Reproducimos a continuación el texto íntegro del escrito de petición dirigido a las Cortes de Aragón solicitando la creación de la comisión de investigación:

“Mesa de las Cortes de Aragón

Palacio de la Aljafería

50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 22 de agosto de 2013.

Estimados señores:

Las Cortes de Aragón, conforme a lo previsto en el Estatuto de Autonomía, como institución que representa a los ciudadanos aragoneses, tiene entre sus funciones la de impulso y control de la acción del Gobierno de Aragón, a través de los diferentes mecanismos previstos en el propio reglamento del Parlamento autonómico, entre los cuales figuran las comisiones de investigación, cuya regulación se contiene en los artículos 63 a 65 del citado Reglamento.

Entre las competencias estatutarias del Gobierno de Aragón se incluye la dirección de la Administración de la Comunidad Autónoma, función directiva que se extiende a los organismos y empresas públicas que dependen de la misma. En concreto, el artículo 12 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, atribuye a éste las facultades para “designar a los titulares de los órganos de administración y representantes del Gobierno en las empresas públicas de la Comunidad Autónoma” (apartado 33) y para “supervisar la gestión de los servicios públicos y de los entes y empresas públicas dependientes de la Comunidad Autónoma” (apartado 38). Asimismo, el Decreto de creación de las empresas de la Comunidad Autónoma, conforme al artículo 84.3 de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, dispone que el Decreto de creación ha de contemplar, entre su contenido necesario, “las funciones que se reserve el Gobierno de Aragón, entre las que estarán el conocimiento de la gestión social y de las distintas cuentas y el programa de actuación, inversiones y financiación”.

En tal sentido, el Decreto 125/2000, de 27 de junio, del Gobierno de Aragón, crea la empresa pública "Plataforma Logística de Zaragoza. PLAZA S. A.", con la participación mayoritaria del Gobierno de Aragón y minoritaria del Ayuntamiento de Zaragoza, dándose posteriormente entrada, mediante el Decreto 99/2001, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la venta de acciones de la Empresa Pública "Plataforma Logística de Zaragoza, Plaza, S. A.", por un importe nominal de 250.000.000 de pesetas (1.502.530,26 euros), a las entidades financieras aragonesas Ibercaja y Caja de Ahorros de la Inmaculada, manteniendo en todo caso su posición mayoritaria el Gobierno de Aragón, lo que permite conservar a la sociedad la consideración de empresa de la Comunidad Autónoma, tal y como se definen éstas por la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma (artículo 83), hecho que justifica que la función de control de la acción del Gobierno de Aragón que ejercen las Cortes de Aragón englobe la gestión de la empresa pública "Plataforma Logística de Zaragoza. PLAZA S. A.".

 

Consideramos que la relevancia de los hechos puestos de manifiesto por las recientes actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción, así como las detenciones practicadas de personas que han ejercicio o ejercen destacadas funciones de gestión o ejecución técnica dentro de la sociedad, exigen una decidida iniciativa de control político y democrático, a ejercer en el marco del Parlamento autonómico, sobre el desarrollo del proyecto de plataforma logística de Zaragoza y la gestión económica de la empresa pública responsable del mismo – muy en particular, sobre la actuación de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que con distintas responsabilidades societarias estaban llamados a dirigir y supervisar su funcionamiento-, para poder determinar las circunstancias y en su caso las responsabilidades políticas que, por acción u omisión, puedan concurrir para que una posible malversación de fondos públicos del volumen que se ha estimado por parte de la propia Fiscalía Anticorrupción haya tenido lugar. Ese control, a nuestro juicio, debiera efectuarse mediante la creación de una comisión de investigación.

 

Las investigaciones judiciales actualmente en marcha no suponen ningún obstáculo para la creación de dicha comisión de investigación, dado que el objeto de unas y otra son claramente distintos, ya que la comisión de investigación  no lleva a cabo un juicio de legalidad sino un juicio de oportunidad política, completamente necesario para que los ciudadanos aprecien que las instituciones políticas –y, especialmente, el Parlamento- tienen un empeño especial en esclarecer cualquier responsabilidad política ante graves episodios de corrupción pública como el que representan los hechos detectados en la empresa PLAZA, S.A. La tolerancia cero frente a la corrupción pública, auspiciada por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, ratificada por España en 2006, debe ejercerse en primer lugar por las instituciones depositarias de la confianza ciudadana, para así acreditar que son dignas depositarias de la misma y que su primer objetivo es la defensa del interés general.

 

La creación de las comisiones de investigación está reglamentariamente prevista para el análisis de cualquier asunto de interés público, lo que justifica que dicho mecanismo sea utilizado para que, a la vista de las recientes actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción, dada la presunta comisión de actuaciones delictivas con grave daño al interés público producidas en la gestión de la empresa pública "Plataforma Logística de Zaragoza. PLAZA S. A.", se proceda a controlar de forma detallada y  específica la actividad desarrollada por dicha empresa pública, de modo que la Comisión pueda valorar o constatar posibles irregularidades o negligencias que hayan podido permitir enriquecimientos ilícitos o cualquier otra actuación contraria al interés público, elevando sus conclusiones al Pleno de la Cámara.

 

La presente solicitud se formula al amparo del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, en relación con lo previsto en el artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón, en cuanto a la tramitación de las peticiones individuales o colectivas que reciban las Cortes de Aragón. La tramitación de la citada petición habrá de tomar en consideración lo establecido por el Tribunal Constitucional en su sentencia 108/2011, de 20 de junio de 2011 (BOE núm. 172, de 19 de julio de 2011), según la cual el ejercicio del derecho de petición puede englobar la solicitud de creación de comisiones parlamentarias de investigación, toda vez que, como señala el Tribunal Constitucional, tal petición no es sino “una propuesta de actuación -creación de comisiones parlamentarias- que pretende estimular la iniciativa de quienes son competentes para ello, los Diputados o los Grupos Parlamentarios destinatarios según la regulación del Reglamento de las Cortes de Aragón”.

 

Agradeciendo de antemano su atención, reciban un respetuoso y atento saludo.

 

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”