NO DESISTIR.

Estamos decididos a no dejarnos ganar por el desánimo. Hay tareas que no tienen un logro inmediato e, incluso, puede dar la sensación de que no hay resultado alguno a la vista, de que todo esfuerzo es estéril y que el sacrificio realizado –el desgaste personal que todo esto acarrea-  no compensa en modo alguno. Pero, ¿compensaría acaso más el desentendimiento o el darse por vencidos de antemano o el sumarse a quienes han decidido no confrontar con el poder arbitrario?

“No hay razones plausibles para abandonar la lucha ética”, dijo con gran acierto el profesor Emilio Lledó, hace unos años en una conferencia pronunciada en Zaragoza. La defensa de los principios y valores de la función pública, en su ineludible compromiso con la vigencia del Estado de Derecho, es, sin duda, una lucha de carácter ético, y por ello no es fácil abandonarla, pues con ese gesto nos abandonaríamos a nosotros mismos, pasando a engrosar ese grupo de funcionarios descreídos y escépticos, que no son capaces ya de llenar de sentido sus jornadas de trabajo ni de otorgar ningún valor a su condición de funcionario público, aunque sigan cómodamente disfrutando de la seguridad laboral de tal condición.

Llevamos a nuestras espaldas siete años de esfuerzo, viendo la enorme resistencia de los responsables políticos e institucionales a tomar en serio, con el respeto que merecen, las cuestiones que nos parecen inaplazables para devolver a la función pública su valor social y su legitimación, y, sobre todo, su valiosa función para la realización diaria de los derechos de los ciudadanos. Trabajar y formar parte de la función pública no es una cosa sencilla, pues nuestra actividad incide en el grado de respeto y aplicación de las leyes y, consecuentemente, en el nivel de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas, de las que somos un elemento inseparable, nos guste o no.

Legalidad, profesionalidad y ética pública –esa triada de valores o principios a la que apelamos de forma reiterada- han pasado a ser, de algún modo, el leitmotiv de esta Asociación, en la mayor parte de sus notas, de sus iniciativas y reivindicaciones, de sus documentos de propuestas. Estos tres principios están íntimamente conectados, pues la legalidad que invocamos no es una legalidad formal, sino material, impregnada de los valores constitucionales y puesta al servicio del desarrollo pleno de los ciudadanos, coherente con los principios de la ética pública propia de una sociedad democrática –libre y socialmente cohesionada-, que ha de dar respuesta a las exigencias que se derivan de la igual dignidad de todas las personas.

No debiera resultar tan difícil lograr que las instituciones y los ciudadanos de una democracia actuásemos de acuerdo a los principios constitucionales que presiden nuestra vida colectiva y marcan el ejercicio de nuestra ciudadanía. Pero el profundo divorcio entre el ser y el deber ser ha sido siempre el gran reto de la ética, privada y pública. No siempre es fácil llevar a la práctica las ideas que profesamos –actuar de modo coherente-, y las contradicciones lastran con frecuencia nuestra conducta. Pero tal conflicto no se resuelve rebajando los niveles de exigencia ética, claudicando al dictado de una realidad impuesta por otros, en contra de los valores públicos.

Precisamente porque no podemos dar garantía de nuestra coherencia personal, hemos de robustecer lo más posible la calidad de nuestras instituciones democráticas, con transparencia y mecanismos de control, que nos lleven a ajustarnos a los valores éticos que son consustanciales a su funcionamiento, de modo que el respeto a la legalidad sea un hábito espontáneo y no una opción de conducta más que debamos sopesar a la luz de nuestros intereses personales.

En ese esfuerzo permanente, que ha de renovarse cada día, evitando la rutina y el conformismo, pretende perseverar, con sus aciertos y errores, pero con voluntad clara y constante de compromiso, esta Asociación. No cabe desistir, pues no hay razones plausibles para tal opción.