HACIA UNA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

El Gobierno de Aragón, en su sesión de ayer martes, tomó conocimiento del Anteproyecto de Ley de la Función Pública de Aragón.  Quiere ello decir que el Gobierno de Aragón no aprobó el Proyecto de Ley para su remisión a las Cortes de Aragón, sino que se limitó, como prevé el artículo 37 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, en su nueva redacción, a conocer el proyecto normativo elaborado por el Departamento competente –el de Hacienda y Administración Pública- y a decidir sobre los “ulteriores trámites”, como son las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los términos de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos.

A diferencia del Proyecto de Ley de Calidad de los Servicios Públicos, en el que no hubo trámite de participación alguno en su procedimiento de elaboración, todo parece indicar que las cosas van a discurrir de otro modo en el presente caso, pues parece inconcebible que una Ley con la trascendencia de la propuesta –cuyo ámbito incluye al personal de las entidades locales aragonesas y de la Universidad de Zaragoza-  no sea objeto de un amplio proceso de participación y consultas, con debates de carácter doctrinal y, sobre todo, social, para tratar de definir cuál es la Administración deseable para la sociedad del siglo XXI, a partir del modelo constitucional establecido.

Como ya se ha señalado por esta Asociación en numerosas ocasiones, y así se acordó en la pasada asamblea ordinaria de 25 de abril, en la que se establecieron las líneas prioritarias de actuación, la participación en el debate de los contenidos de la futura Ley, en los marcos que se establezcan para ello –incluida, si fuera precisa, la comparecencia ante la Comisión de Peticiones de las Cortes de Aragón- constituye una prioridad para nosotros, y ello a pesar de que no basta con tener una buena Ley si luego no se cuenta con el compromiso político de aplicarla y con la cultura de legalidad necesaria para no desvirtuarla con medidas contrarias a la misma. La situación actual, con manifiestos incumplimientos de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón es claro ejemplo de ello.

Esta Asociación desea mantener en días próximos un encuentro con el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Ignacio Murillo, para conocer en más detalle la orientación básica del proyecto normativo –más allá de su estricta redacción- y las previsiones en cuanto a su calendario de tramitación y aprobación. Desde luego, dicho texto pasa a ser una prioridad en los trabajos de debate interno de la Asociación, por lo que a lo largo de todo el proceso que se inicia ahora la Junta Directiva de la Asociación estará abierta a todas las observaciones que deseen hacernos tanto los miembros de la Asociación como los demás empleados públicos de cualquiera de las Administraciones Públicas aragonesas a las que afectará la futura Ley de Función Pública.