Con todas las precauciones necesarias, pero también con el obligado reconocimiento a lo que hay de claros mensajes de apuesta por una gestión más transparente en los asuntos públicos, hay que recibir el discurso pronunciado ante el Pleno de las Cortes de Aragón por la candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi.
No podemos dejar de destacar la señal positiva que supone el anuncio de un Código de Buenas Prácticas para los miembros del Gobierno de Aragón, algo similar al Código de Buen Gobierno que esta Asociación reclamó de forma reiterada y sin resultado alguno al anterior Gobierno de Marcelino Iglesias. La anunciada supresión de un importante número de altos cargos y, sobre todo, de asesores o personal de confianza política parece también poner coto a otro asunto que, en anteriores legislaturas, ha constituido un caso llamativo de abuso y utilización fraudulenta de puestos públicos, ocupados pero no desempeñados por personas que, ahora sí, por fin, tienen ya los días contados. Es una pena que este tema sólo se haya podido resolver por el cese que arrastra el cese de los Consejeros, permitiéndose que su utilización ilícita llegue hasta el último día de presencia de los Consejeros del Gobierno de Marcelino Iglesias. Ahora, lógicamente, confiamos en que el número de puestos de asesor que se mantenga esté justificado por el trabajo efectivo que desarrollen sus titulares. Los abusos no deben sólo reducirse, sino eliminarse.
Las anunciadas reestructuración administrativa y reordenación del sector público autonómico y la prevista creación de un Departamento que aúne Hacienda y Administración Pública pueden ser algunos de los signos más evidentes de que el nuevo Gobierno se plantea, seriamente, reafirmar los principios de racionalidad y eficiencia tanto en la organización administrativa como en el gasto público. La desdibujada Administración Pública –con una desmedida constelación de entes instrumentales que ha vaciado, de forma indebida, competencias de los Departamentos- y la desfigurada función pública –cuyos principios de ordenación legal se han visto vulnerados año tras año- requieren de un amplio programa de intervención que les devuelva no sólo su funcionalidad y eficiencia, sino sobre todo la cultura de servicio público, hoy claramente debilitada.
Es cierto que la concreción de las medidas es cometido propio del equipo del futuro Departamento –cuyo responsable ha de lograr propiciar el compromiso del mayor número posible de servidores públicos-, pero no se puede dejar de resaltar el hecho de que, por primera vez en muchos años, la Administración Pública autonómica figura, desde el primer día, en la agenda política de la Presidencia del Gobierno de Aragón.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
3 comentarios:
Todo esto es cierto.
Ahora habrá que ver si se pretende profesionalizar la Administración Pública o sencillamente volveremos a estar en una situación de reparto del botín.
Dudo mucho que se tenga intención de profesionalizar la dirección pública. Seguramente los Directores Generales serán nombrados por su fidelidad y no por su perfil profesional.
En el siguiente escalón, ¿considerarán también que esa fidelidad ha de alcanzar a los puestos de libre designación?
Aunque comparto el comentario del blog plenamente, permitidme que manifieste mi escepticismo, producto de la desconfianza generada en todos los años que llevo en la Administración sin ver signos de esa anhelada profesionalización (más bien al contrario).
Un saludo.
Escepticismo, todo el del mundo, pero sin que ello nos lleve a consolidar lo que tantas veces criticamos.
Para la reflexión:
Decálogo de transparencia y buen gobierno.
1.- La Ética y los valores deben ser parte de la Filosofía que debe regir un buen gobierno, debe estar orientada hacia los principales valores del ser humano: libertad, solidaridad, cooperación, honestidad, participación, celeridad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, apego a la ley y al derecho, entre otros. Enfocados a garantizar la calidad de vida de los ciudadanos y a cumplir cabalmente con la satisfacción de sus necesidades.
2.- Ejercer un buen gobierno implica conducirse dentro de los principios y deberes de rendición de cuentas y de publicación de información de las actividades de las entidades públicas, el derecho ciudadano de informarse directamente y en forma veraz y actualizada de los asuntos del gobierno, contando con los mecanismos previstos para tal efecto, garantizando a su vez la transparencia de la gestión.
3.- La razón de ser de un buen gobierno es que sus servicios deben estar centrados en el ciudadano, por él, con él y para él, y de este modo apartar intereses de cualquier otra índole de los actos de los funcionarios públicos.
4.- Un gobierno transparente está apegado inexorablemente a la Legalidad, a los Reglamentos y a las Normas, y los acoge, cumple y respeta en todo momento.
5.- Un buen gobierno cumple cabalmente los Procesos Administrativos , Normas y Procedimientos, funciones, actividades, y estos están definidos y descritos con claridad para facilitar su ejecución por parte del funcionario, y para su conocimiento y seguimiento por parte del ciudadano.
6.- Un buen gobierno aplica y utiliza, aprovecha y desarrolla medios de vanguardia, tecnológicos, digitales y electrónicos a fin de facilitar el manejo y el acceso a la información, por parte del funcionario público y del ciudadano.
7.- La comunicación debe ser clara, actual y precisa, adecuada, respetuosa, en todos los niveles, sin distinción entre emisores y receptores, dada la edad, raza, credo y condición social, ya que todos los ciudadanos son sujetos de deberes y derechos, entre ellos el derecho a una comunicación libre, veraz, fidedigna, completa y amable.
8.- Un buen gobierno debe ser accesible, auditable, medible, verificable y estar dispuesto a recibir la crítica constructiva, opiniones y sugerencias, quejas y reclamos, así como las felicitaciones y reconocimiento público de los ciudadanos para quienes trabaja.
9.- La Transparencia debe garantizar el buen gobierno, y el buen gobierno debe garantizar la transparencia. Para ello se debe formar constantemente a funcionarios y ciudadanos en materia de transparencia y ciudadanía.
10.- La Transparencia hace que un buen gobierno sea perfectible, y busque de manera permanente acercarse al sueño y al deseo de los ciudadanos.
Lic. Joanna J. Wierman G.
OFICINA DE TRANSPARENCIA Municipio Los Salias, Venezuela
Publicar un comentario