La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha concedido a la Asociación un plazo de ocho días para formular escrito de demanda dentro del procedimiento contencioso-administrativo contra el Decreto 83/2011, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2011.
Al mismo tiempo, se da traslado del expediente administrativo correspondiente al Decreto de Oferta aprobado, en el que, a primera vista, cabe constatar, por un lado, la insuficiencia de la información incorporada, al no precisarse el número de plazas vacantes ocupadas por interinos –como exigiría el cumplimiento de los preceptos establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma, y declaró la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anuló la Oferta de 2007- ni figurar propuesta alguna de los Departamentos y Organismos autónomos sobre necesidades de personal en sus respectivas estructuras administrativas, en lo que afecta al ámbito de Administración General.
Es decir, nuevamente nos hallamos ante una Oferta de Empleo elaborada de forma arbitraria y unilateral por parte de la Dirección General de la Función Pública -dirigida en esta ocasión por Jesús Sarría-, sin motivar el número de plazas incluido ni justificar, con ello, el debido respeto al derecho fundamental de acceso de los ciudadanos a la función pública. Además, y en contra de lo que pueda pensarse en un primer momento, se vulnera también el principio de autoorganización administrativa, pues la apreciación de las necesidades de personal del conjunto de la Administración no es una competencia que se reserve de forma íntegra a la Dirección General de la Función Pública, sino que se requiere la intervención de los órganos competentes de los diferentes Departamentos, a los que corresponde estimar tales necesidades.
De hecho, el Decreto 208/1999, por el que se distribuyen las competencias en materia de personal entre los diferentes órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma, asigna a las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos la competencia para “elaborar las propuestas sobre plazas vacantes susceptibles de inclusión en la Oferta de Empleo Público”.
No es jurídicamente posible que, en tal estimación de necesidades, los órganos propios de los Departamentos se vean desplazados por la Dirección General de la Función Pública. Tal invasión de competencias, no obstante, parece consentida por los propios responsables departamentales, ya que luego otorgan su voto favorable al proyecto de Oferta en el seno de la Comisión de Personal. No cabe encontrar ejemplo más gráfico del desistimiento en que incurren los Departamentos en el ejercicio de sus responsabilidades en materia de selección de personal para atender sus necesidades de funcionamiento.
Cabe apuntar como hecho destacable que en el informe de la Inspección General de Servicios se haga una referencia expresa a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la inclusión de la totalidad de vacantes ocupadas por interinos, indicando que en el expediente no se recoge tal exigencia, mientras que el informe de la Asesoría Jurídica omite cualquier referencia a la cuestión.
La protección del derecho fundamental de acceso a la función pública, una vez más, se ve suplantada por la invocada potestad de autoorganización –eso sí, sin respeto alguno al papel que corresponde a los diferentes responsables de la organización-, todo ello con el aval de los servicios jurídicos de la Administración, a pesar de lo afirmado por la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que no merece la menor mención por parte de ninguno de los órganos intervinientes, salvo la Inspección General de Servicios.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
1 comentario:
Se dan paradojas tales, como que un funcionario acceda a una comisión de servicios en puesto no vacante. Me refiero a que su dueño esta en libre designación. Mientras los funcionarios interinos estan en plazas vacantes y se les reservan no sacándolas a concurso. El funcionario, vuelve el de libre designación ,y tiene que irse a su plaza, aunque esté al otro extremo de la ciudad. La solución es clara sacar todas las plazas vacantes para que los funcionarios puedan acceder y solo entonces ofertarlas a interinos.
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