DISCURSO DE INVESTIDURA DE LUISA FERNANDA RUDI: SIGNOS DE CAMBIO.

Con todas las precauciones necesarias, pero también con el obligado reconocimiento a lo que hay de claros mensajes de apuesta por una gestión más transparente en los asuntos públicos, hay que recibir el discurso pronunciado ante el Pleno de las Cortes de Aragón por la candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi.

No podemos dejar de destacar la señal positiva que supone el anuncio de un Código de Buenas Prácticas para los miembros del Gobierno de Aragón, algo similar al Código de Buen Gobierno que esta Asociación reclamó de forma reiterada y sin resultado alguno al anterior Gobierno de Marcelino Iglesias. La anunciada supresión de un importante número de altos cargos y, sobre todo, de asesores o personal de confianza política parece también poner coto a otro asunto que, en anteriores legislaturas, ha constituido un caso llamativo de abuso y utilización fraudulenta de puestos públicos, ocupados pero no desempeñados por personas que, ahora sí, por fin, tienen ya los días contados. Es una pena que este tema sólo se haya podido resolver por el cese que arrastra el cese de los Consejeros, permitiéndose que su utilización ilícita llegue hasta el último día de presencia de los Consejeros del Gobierno de Marcelino Iglesias. Ahora, lógicamente, confiamos en que el número de puestos de asesor que se mantenga esté justificado por el trabajo efectivo que desarrollen sus titulares. Los abusos no deben sólo reducirse, sino eliminarse.

Las anunciadas reestructuración administrativa y reordenación del sector público autonómico y la prevista creación de un Departamento que aúne Hacienda y Administración Pública pueden ser algunos de los signos más evidentes de que el nuevo Gobierno se plantea, seriamente, reafirmar los principios de racionalidad y eficiencia tanto en la organización administrativa como en el gasto público. La desdibujada Administración Pública –con una desmedida constelación de entes instrumentales que ha vaciado, de forma indebida, competencias de los Departamentos- y la desfigurada función pública –cuyos principios de ordenación legal se han visto vulnerados año tras año- requieren de un amplio programa de intervención que les devuelva no sólo su funcionalidad y eficiencia, sino sobre todo la cultura de servicio público, hoy claramente debilitada.

Es cierto que la concreción de las medidas es cometido propio del equipo del futuro Departamento –cuyo responsable ha de lograr propiciar el compromiso del mayor número posible de servidores públicos-, pero no se puede dejar de resaltar el hecho de que, por primera vez en muchos años, la Administración Pública autonómica figura, desde el primer día, en la agenda política de la Presidencia del Gobierno de Aragón.