Dos recientes resoluciones del Justicia de Aragón, resultantes de diferentes quejas planteadas por ciudadanos, ponen de manifiesto la preocupante actitud de los miembros del Gobierno de Aragón de no informar a dicha Institución sobre los hechos a que se refieren las quejas. Y ello a pesar de que los requerimientos se reiteran por tres veces. Con ello, el Gobierno de Aragón, acaso inconscientemente, incurre en comportamientos incompatibles con la democracia y con la legalidad.
Con tal actitud de resistencia pasiva al control no sólo se incurre en un incumplimiento del deber de lealtad institucional hacia el Justicia de Aragón, sino que quienes no responden a sus requerimientos de información -pese a su persistente reiteración- podrían, además, estar incurriendo en dos ilícitos penales, como son los previstos en los artículos 502 y 542 del Código Penal.
El artículo 502 de dicho Código tipifica como delito el obstaculizar la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas -entre los que se encuentra el Justicia de Aragón- , negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para la investigación. No cuesta mucho apreciar que el no dar respuesta a una petición de información realizada por el Justicia de Aragón -reiterada, posteriormente, por tres veces- tiene perfecto encaje en esta precepto penal, más allá de las circunstancias que puedan concurrir en cada caso concreto. Es comprensible que la institución del Justicia de Aragón no haga uso de dicho precepto penal para obtener la colaboración de los órganos de la Administración autonómica, y se conforme con recordar el deber que impone la Ley reguladora del Justicia de Aragón. Pero, al igual que ocurre con el Tribunal de Cuentas, determinadas actitudes del Gobierno de Aragón no pueden prolongarse indefinidamente sin que comporten consecuencias jurídicas para los responsables.
Por su parte, el artículo 542 prevé la pena de inhabilitación para ejercer cargo público en los supuestos en que una autoridad, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes. Valga este precepto para la reiterada y generalizada vulneración del derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación -omitir por una vez la respuesta exigida puede no ser relevante, pero cuando se acumulan decenas de vulneraciones es posible entender que se está entrando en el terreno penal que define este precepto- y también para el supuesto de incumplimiento del deber de respuesta a las peticiones de información del Justicia de Aragón.
Tanto el Defensor del Pueblo como los Comisionados Parlamentarios Autonómicos que velan, en el ámbito de cada Comunidad Autónoma, por la protección de los derechos de los ciudadanos, constituyen fórmulas de protección de los derechos fundamentales y cívicos de los ciudadanos. Por ello, la falta de colaboración de una autoridad pública -como es el Consejero de un Gobierno autonómico- con tales instituciones supone una vulneración al régimen de protección de los derechos de los ciudadanos y, en consecuencia, bien puede considerarse una vulneración del propio derecho, al obstaculizar o impedir el funcionamiento de las instituciones que el ordenamiento jurídico ha previsto para su garantía.
Esta Asociación se ha dirigido ya en dos ocasiones, al amparo del derecho fundamental de petición, al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para solicitarle que impartiese instrucciones a todos los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma para atender con diligencia las peticiones de información realizadas tanto por el Defensor del Pueblo como por el Justicia de Aragón. Tales peticiones no sólo no obtuvieron nunca respuesta, incurriendo con ello en la vulneración directa del derecho ejercido, sino que, como bien puede apreciarse por lo manifestado en las resoluciones del Justicia de Aragón, esta Institución sigue, en determinados casos, sin ver atendidas sus peticiones de información por parte de miembros del Gobierno de Aragón, con lo que se vendría a incurrir en la responsabilidad penal señalada.
Por tercera vez, esta Asociación, apelando nuevamente al derecho fundamental de petición, se dirigirá al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para solicitarle que dé las oportunas instrucciones a los altos cargos de la Administración autonómica para que se despachen con diligencia los requerimientos de información del Juticia de Aragón -así como del Defensor del Pueblo- y para que, igualmente, se dé respuesta en tiempo y forma a los ciudadanos que ejerzan el derecho fundamental de petición ante la Administración autonómica. Un Gobierno democrático tiene, entre sus características, la de de ser un poder limitado, sujeto a control. Burlar esos controles, impidiendo su normal funcionamiento, sólo puede calificarse, por lo tanto, de comportamiento antidemocrático.
En caso de no corregirse tales actitudes antidemocráticas, esta Asociación se considerará legitimada para acudir a las instancias oportunas para hacer respetar los principios del Estado del Derecho, es decir, el sometimiento de los poderes públicos al ordenamiento jurídico. Prolongar por más tiempo la falta de reacción ante tales prácticas equivaldría a su aceptación. Aunque el Gobierno calle, cuando la ley le exige responder, la sociedad civil no debe callar, o al menos así nos lo parece a esta Asociación.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
20 comentarios:
Buena reflexión.
SIN INFORMACIÓN Sin embargo, el Justicia lamenta no haber podido "completar el expediente que resulta habitual tras la recepción de quejas" por no haber recibido la información solicitada a Medio Ambiente, "habiéndose visto imposibilitada de cumplir el cometido que le asigna el Estatuto de Autonomía"
Sobre la obligatoriedad de tramitar las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad, Fernando García recuerda al Departamento de Medio Ambiente sus obligaciones, "de inexcusable cumplimiento".
Y destaca el artículo 74 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que incide en que "en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza(...)". Y que su incumplimiento dará lugar "a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor o, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo".
Además, el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, recuerda que este tipo de denuncia no equivale a la que pueda interponer cualquier persona, sino que el procedimiento se inicia al haberse tenido conocimiento de una conducta susceptible de constituir una infracción por quien tiene atribuida la condición de autoridad pública.
EL PERIODICO DE ARAGON.
Comentario:
Este no es sino otro ejemplo más de las trabas que se ponen para que los colectivos de Agentes Forestales de las distintas administraciones no puedan realizar sus funciones con garantías. Solo tenemos que recordar las maniobras realizadas en el Ayuntamiento de Zaragoza contra sus propios Agentes que le resultaban sumamente incómodos al realizar denuncias ante los Tribunales contra poderosas personas de esta ciudad. ¿Para cuando el enjuiciamiento por prevaricación de los responsables de estas paralizaciones?
¿Quién da el paso?
¿Quién toma la iniciativa?
¿NO tienen los APNS una Asociación?
¿Qué piensa de todo esto?
¿A qué se dedica?
Comentario:
Éste es el respeto por la legalidad de quien debería ser el primero en observarla: Los gobernantes.
Comentario:
Esto se llama dejación de funciones, desidia oficial, impunidad e impotencia del ciudadano para controlar a sus gobernantes.
Me asusta el tono de esa asociación.
respecto a vuestras declaraciones en la ser sobre asael....Y yo me pregunto, despues de tanto insistir en sacar algo ilegal de dos asociaciones privadas, si tambien os dicen que no hay irregularidades, que hareis? Lo intentareis por otra via? Vais a investigar todas subvenciones de la DGA a asociaciones privadas? solo quereis tener informacion de esta asociación? es la vuestra solo una asociación que se va a dedicar en cuerpo y alma a investigar asociaciones privadas, o va a luchar por los derechos de la función pública? esta politizada vuestra asociación? es decir, tiene algún fin partidista? los miembros directivos de esta asociación han ido en alguna lista electoral?
Por otra parte os dire, que nada tienen que ver los concursos publicos para ocupar un puesto, contrataciones ect con una asociacion privada,puede estar bien o mal, pero pueden contratar y adjudicar a quien quieran, y en la mayoria de las subvenciones una parte va destinada a gasto corriente. Supongo que teneis conocimiento de esto, que es a lo que yo quiero llegar, lo que pasa es que dais la impresion de ser una asociacion politizada y mas sabiendo que miembros han ido en listas electorales.
¿Os atreveréis? Ya estáis tardando.
Y si encontráis comprensible que el Justicia no denuncie ante los Tribunales o la Fiscalía el incumplimiento reiterado de su Ley reguladora, yo no lo encuentro comprensible sino vergonzoso.
Pero por eso estamos como estamos. Porque nadie, ninguna institución, ni siquiera el Justicia, cumple con su deber.
Cada cual tiene su punto de vista sobre lo que deben ser las relaciones institucionales.
¿Es su deber denunciar ante el Fiscal al Consejero que no contesta?
Parece una conclusión un tanto precipitada.
El Justicia sospecha que no se tramitan denuncias de forestales
Recuerda al Gobierno aragonés la obligatoriedad de abrir expedientes.En el 2009, solo el 25% de las presentadas terminó en resolución.
EL PERIODICO DE ARAGON.
SIN INFORMACIÓN Sin embargo, el Justicia lamenta no haber podido "completar el expediente que resulta habitual tras la recepción de quejas" por no haber recibido la información solicitada a Medio Ambiente, "habiéndose visto imposibilitada de cumplir el cometido que le asigna el Estatuto de Autonomía"
Sobre la obligatoriedad de tramitar las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad, Fernando García recuerda al Departamento de Medio Ambiente sus obligaciones, "de inexcusable cumplimiento".
Y destaca el artículo 74 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que incide en que "en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza(...)". Y que su incumplimiento dará lugar "a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor o, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo".
Además, el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, recuerda que este tipo de denuncia no equivale a la que pueda interponer cualquier persona, sino que el procedimiento se inicia al haberse tenido conocimiento de una conducta susceptible de constituir una infracción por quien tiene atribuida la condición de autoridad pública.
EL PERIODICO DE ARAGON.
Esto se repite, ya estaba.
La obligación de denunciar los delitos públicos viene contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los artículos 259 a cargo de toda aquella persona que presenciare los hechos, y específicamente el 262 contempla la obligación de quienes “por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia” de ese mismo tipo de delitos, y para los supuestos residuales el 264 , que además puntualiza “sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella”.
En los casos previstos en el artículo 262 , el incumplimiento de la obligación podría traer aparejada la comisión del delito tipificado en el artículo 408 del Código Penal. (STS 586/2006, de 29.5.2006).
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