PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN: NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA PÚBLICA.

El acto público que celebrará mañana esta Asociación, para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción y profundizar en el conocimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en el año 2003 y ratificada por España en el año 2006, tiene como principal objetivo insistir en la necesidad de impulsar una estrategia destinada a prevenir y combatir la corrupción, dentro de cada Estado, en cada ámbito de gestión pública, al margen de la necesaria cooperación internacional que requiere la actual dimensión que ha cobrado el fenómeno de la corrupción.

En un debate parlamentario celebrado no hace mucho en las Cortes de Aragón, el entonces Consejero de Presidencia, Javier Velasco, afirmó de forma rotunda que "en Aragón no existe corrupción". Dicha afirmación, difícilmente sustentable a la vista de la realidad de nuestra Comunidad Autónoma, desenfoca el tratamiento político que, a nuestro juicio, debiera darse a la cuestión. No se trata tanto de discutir si existe o no la corrupción -y el alcance del fenómeno, en su caso-, sino de conocer cuál es el programa de prevención y combate de la corrupción de que se ha dotado el Gobierno de Aragón, para que la corrupción que exista se pueda investigar y sancionar y además tratar de evitar, mediante medidas eficaces y conocidas por todos, la posible aparición de nuevos casos o sucesos de abuso o enriquecimiento ilícito de responsables públicos.

Sería ingenuo creer que un Consejero o un Gobierno cuentan con la capacidad de asegurar la integridad de todos los responsables públicos y funcionarios del conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, incluidos los que no quedan bajo su dirección política. La integridad de las personas responde tanto a la interiorización personal de los principios éticos, como a la existencia de un marco que refuerce el buen funcionamiento y la transparencia de las instituciones públicas y que fomente una cultura política y cívica de rechazo de la corrupción.

En este terreno es en el que creemos que el Gobierno de Aragón muestra una preocupante falta de iniciativa, ya que, ante sucesos como los ocurridos en el Ayuntamiento de La Muela o las irregularidades señaladas en la gestión de Asael o las más recientes deficiencias en la gestión del gasto público detectadas por el Tribunal de Cuentas, no hay más mensaje que el de una declarada voluntad de colaborar con la Administración de Justicia -como si fuera posible hacer otra cosa- o el de una retórica confianza en que todas las dudas queden despejadas con una más detallada información. Queda, en todo caso, patente la resistencia a reconocer la posibilidad de irregularidades o responsabilidades en la gestión pública y, lo que es más importante, la voluntad de sancionarlas. Por supuesto, jamás se anuncia el inicio de investigación interna alguna y, si se anuncia, jamás se conocen los resultados de la misma.

La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción enuncia, entre sus fines, el de promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos. Para ello, entre las medidas preventivas, se establece la obligación de los Estados -mención que concierne a todos los niveles de gobierno del Estado, incluidas las Comunidades Autónomas- de formular y aplicar políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

Son numerosas las medidas que contiene la Convención de Naciones Unidas en materia de prevención de la corrupción, en lo que afecta al sector público, pero queremos destacar entre ellas la relativa a la adopción de sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados y funcionarios públicos, incluyendo la adopción de códigos o normas de conducta -es decir, el aseguramiento de una función pública profesional y ética-, y, como particularmente novedosa y reseñable, la posibilidad de establecer sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones.

Celebraríamos que la afirmación realizada por el Consejero Velasco en las Cortes de Aragón fuese cierta y que en Aragón no existiese corrupción -en nuestra opinión, sin embargo, tal objetivo queda todavía muy lejano, entre otros motivos por la ausencia de mecanismos eficaces de prevención de la corrupción en nuestras Administraciones y, lo que resulta más grave, por el debilitamiento de los tradicionales órganos de control interno, como son la Inspección General de Servicios o la Intervención General-, pero si el Gobierno de Aragón realmente estuviese convencido de que tal afirmación es real y desease demostrarlo a quienes sospechamos justamente lo contrario, sería deseable que impulsase mecanismos eficaces y transparentes para denunciar e investigar posibles casos de corrupción.

Sería verdaderamente difícil que alguien denunciase una corrupción que, en opinión del Consejero Velasco, no existe. En estos momentos, por el contrario, podemos pensar simplemente que la falta de cauces adecuados de denuncia y control puede crear la apariencia -irreal- de que la corrupción no existe. Sería grave e irresponsable practicar la política del avestruz en tema tan serio.

Dótese a nuestras instituciones de esos cauces y mecanismos que propugna la Convención de Naciones Unidas y de ese modo podrá quedar patente no sólo que no hay nada que ocultar de la gestión llevada a cabo en estos años pasados, sino también la conveniencia de dotar a futuros Gobiernos de controles transparentes para evitar que la idílica realidad que se nos predica pueda deteriorarse en próximas legislaturas.